La mañana del 31 de marzo , el dólar retomó la tendencia a la baja y se instaló en mínimos desde principios de septiembre de 2021, transándose en una punta vendedora de $773,20, lo que representa una baja de $6,33 en relación con la jornada previa.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, “hemos visto cómo el tipo de cambio con el dólar ha ido rompiendo barreras psicológicas de modo creciente, y el peso ha ido apreciándose con cierta relevancia”.

A su juicio, esto se explica principalmente por las expectativas de un alza significativa en la Tasa de Política Monetaria ya que “al hacer más atractivos los papeles financieros expresados en pesos, ello tiende a generar el proceso de apreciación de la moneda nacional”.

Por otra parte, Pattillo señala que el dólar ha perdido valor frente a las principales monedas. “En los últimos cinco días, ha perdido un 0,27% respecto a las cinco monedas más relevantes y esa tendencia continua”, sostiene el experto en proyecciones macroeconómicas.

“Estamos hablando de una depreciación baja del dólar. Hoy, en el orden del 1% o un poco menos, pero, sin duda, hay una tendencia en este minuto, suave, pero hay una forma de tendencia, a la depreciación del dólar frente a las principales monedas del mundo, en el margen, y eso también influye en el caso chileno”, señala.

Finalmente, el economista advierte que “el dólar, a nivel internacional, no está ganando terreno, sino que está, en el margen, perdiendo algo. El índice del dólar en Nueva York, en este momento, alcanza 98,20 y con tendencia a la baja”.

Hoy el mundo sigue minuto a minuto el desarrollo del conflicto bélico en Ucrania, el avance de las tropas rusas en este país, la incertidumbre por su escalamiento y amenaza nuclear, las negociaciones iniciadas para alcanzar la paz y el impacto de la guerra sobre la población civil. Medios de comunicación dan cuenta del peligro que enfrentan los habitantes de este país ante ataques que no solo han impactado a blancos militares, situación que ha provocado el desplazamiento de personas a zonas más seguras dentro de Ucrania y el éxodo de más de un millón de personas a países vecinos, principalmente hacia Polonia, de acuerdo al último reporte entregado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Una prolongación del conflicto podría significar el desplazamiento de unos 4 millones de personas fuera de Ucrania o incluso 5 millones, en el peor de los escenarios”, señala Rita Lages, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en migraciones y asilo. En esta entrevista, la académica explica el sistema internacional de protección vigente tanto para estas personas como para aquellas que aún permanecen en territorio ucraniano y destaca que “la Comisión Europea ha publicado una propuesta para activar un mecanismo que existe en el derecho de la Unión Europea, que es la directiva de la protección temporal, una normativa creada el 2001 a propósito de la Guerra de los Balcanes, que ahora podría ser activada por primera vez”.

En este caso hay una invasión militar a territorio ucraniano que está provocando la salida de población civil del país, pero no necesariamente todas estas personas van a tener el estatuto de refugiado, porque muchas de ellas puede que no cumplan con todos los requisitos que exige la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiado. Por ejemplo, que no sean personas que están siendo objeto directo de una persecución. Sin embargo, aquí se da algo que no ocurrió en Siria: las fronteras no se han cerrado para impedir que las personas salgan. Muchas veces en otros conflictos ocurre eso, se trata de dificultar que las personas salgan, pero aquí las fronteras están abiertas y los países vecinos han tenido cierta coordinación para facilitar el ingreso.

Desde 2008, Ucrania mantiene con la Unión Europea (UE) acuerdos sobre facilitación de visados y readmisión, y desde 2018 sus ciudadanos están exentos de visa de entrada en el espacio europeo para estancias de corta duración, lo que no ocurre -por ejemplo- con la población siria o afgana. Eso ayuda a explicar en parte la menor dificultad que las personas ucranianas han tenido para salir del país. Por otra parte, este 2 de marzo la Comisión Europea propuso activar un mecanismo, la directiva de la protección temporal, una normativa aprobada el 2001 a propósito de la Guerra de los Balcanes que ahora podría ser activada por primera vez. Su aplicación significa que los Estados miembros van a conceder protección inmediata a las personas desplazadas de Ucrania por un año y puede llegar hasta tres años, período en el que incluso pueden acceder a derechos sociales, como derecho a la salud, educación, e incluso trabajar. Hoy 3 de marzo el Consejo de ministros de relaciones exteriores de la UE ha aprobado la propuesta de la Comisión.

Otro factor es que Ucrania ha tenido una gran emigración desde la desintegración de la Unión Soviética, sobre todo desde fines del 90 e inicios del 2000. Cuenta con una diáspora de más de 6 millones de personas y la mayoría está en Europa. Por esta razón, existen muchas comunidades ucranianas a lo largo de toda la región y fuera del continente europeo. Esto permite que muchos países faciliten el ingreso de personas ucranianas que son familiares de extranjeros residentes o de nacionales en alguno de esos países, mediante la reunificación familiar. Lo que probablemente ocurrirá es una reubicación de los desplazados ucranianos por todo el espacio europeo, y también en otros países más lejanos, como Canadá, que declaró su disposición a recibir personas.

Cuando hablamos de la dimensión migratoria o del desplazamiento humano de cualquier conflicto podemos verlo estrictamente desde el punto de vista jurídico. Desde esta perspectiva, cualquier persona puede ser reconocida como refugiada, independiente de la nacionalidad o del lugar de donde esta proviene. Sin embargo, todo conflicto tiene una dimensión geopolítica y, desde este punto de vista, el conflicto de Ucrania no es igual al de Afganistán o Siria. En este caso parece haber un mayor consenso internacional en cuanto a condenar a Rusia por la invasión y de que su actuación es contraria al derecho internacional. Es posible que ese mayor consenso internacional pueda traducirse también en una mayor predisposición de los Estados por entregar protección internacional a través del refugio o figuras afines a los ciudadanos de Ucrania. De esta manera, hacen ver a Rusia que también en esto los Estados de la comunidad internacional están unidos. Esa lectura también explica en parte la mayor disposición de acoger personas de Ucrania que en otros escenarios de guerra. En Siria, por ejemplo, no hubo un consenso claro entre los países respecto del conflicto y eso explica, al menos en parte, también las dificultades para brindar mayor protección a los desplazados sirios.

Sabemos que hay un gran desplazamiento interno dentro de Ucrania, sobre todo de personas de la parte más oriental que están tratando de ir a la zona occidental. Ellos no tienen necesariamente una intención de salir de Ucrania, sino que salir de la zona de los bombarderos, por ejemplo. Esas personas igualmente van a necesitar de ayuda mientras tratan de encontrar áreas seguras dentro del país. En este ámbito, es importante destacar que Ucrania y Rusia son parte del Consejo de Europa. A causa del conflicto, se suspendió la participación de Rusia del Comité de Ministros y de la Asamblea Parlamentaria, pero no del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es posible que a través del Consejo de Europa se vaya evaluando lo que está ocurriendo en esta zona en materia de protección de derechos. Por ejemplo, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha afirmado que la invasión rusa representa una violación clara al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ucrania, además, presentó una solicitud de procedimiento contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, invocando particularmente la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 y solicitó medidas provisionales para cesar los ataques armados. Al mismo tiempo, el fiscal de la Corte Penal Internacional iniciará una investigación respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania.

Eventualmente, hay delitos que pueden estar ocurriendo, como los crímenes contra la paz, de guerra o de lesa humanidad, que son competencia de la Corte Penal Internacional. Por esa vía se podría llegar a la responsabilidad individual de personas rusas. Esa vía y la de la Corte Internacional de Justicia ya están activadas. En la Corte Internacional de Justicia la responsabilidad es sobre el Estado, pero en el caso de la Corte Penal Internacional las responsabilidades son individuales, contra individuos en concreto. Puede haber coincidencia en los hechos, pero el responsable será distinto. Además, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todo el sistema del Consejo de Europa, que también puede monitorear y ver lo que está pasando en la región. Después, las propias Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos y otros órganos, también pueden ver lo ocurrido en Ucrania. Ahora todo está concentrado en poner término al conflicto lo más rápido posible por la vía diplomática para llegar a un acuerdo de paz.

La situación del Presidente Putin es jurídicamente más discutible, porque es jefe de Estado (y por ello en principio tiene inmunidad) de un país (Rusia) que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, esto no obsta a que esa discusión jurídica se puede dar ante la Corte Penal Internacional. En este caso, sabemos de ataques que están ocurriendo a zonas residenciales contra personas y bienes civiles que pueden constituir una vulneración al derecho internacional humanitario, que establece que los civiles en un conflicto tienen que estar protegidos y no pueden ser atacados. Lo que vemos es que algunos de los bombardeos no han sido a blancos militares, sino que a zonas residenciales que han generado muertes y heridos civiles. Ese tipo de hechos pueden ayudar a construir un caso ante la Corte Penal Internacional.

Cuando una persona está en un país tercero, lo que hace es solicitar ante el servicio de extranjería o migración su condición de refugiado. Esta solicitud debe dar lugar a una entrevista personal para que su caso sea analizado y se pueda llegar a una decisión. Mientras esa decisión no llegue, la persona solicita el asilo y puede quedarse en el país, ya bajo un estatuto de protección internacional. En algunos países incluso se les permite trabajar. Una vez que la persona es reconocida como refugiada, se le otorga una visa correspondiente, quedando en el país en esa condición, y tiene acceso a derechos fundamentales en condiciones de igualdad y no discriminación respecto a los nacionales y demás extranjeros residentes en Chile. La Convención de Ginebra no dice expresamente que para ser considerado refugiado, el conflicto o la razón para la persecución ya debe ocurrir al momento de salir de su país. Entonces, es posible que una persona haya salido de su país mucho antes de que haya ocurrido el evento que genera la persecución (por ejemplo, una guerra) y puede posteriormente solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. A estas personas, en la academia, las designamos refugiados in situ.

El Ministerio de Defensa ucraniano informó este martes que Rusia bombardeó la principal torre de televisión en Kiev. El Gobierno de Rusia, por su parte, aseguró hoy que continuará con su operación militar en Ucrania hasta “alcanzar su objetivo”.

Para el historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Cristóbal García-Huidobro, el objetivo del Presidente ruso Vladímir Putin es “poner un títere filorruso en Kiev que Gobierne”, lo que podría hacer prever algunos escenarios hipotéticos.

En primer lugar, García-Huidobro sostiene que “podría dividirse el territorio ucraniano. Es decir, tener una Ucrania occidental proeuropea”, lo que aseguraría que el país no fuera anexado completamente a Rusia, poniendo freno a una escalada de consecuencias a nivel mundial.

En segundo lugar, el historiador señala que “en el caso que Ucrania termine siendo gobernada por un títere de Moscú, probablemente, eso haría que se convierta en Bielorrusia”. “No es extraño que, en ese escenario, Ucrania se convierta en un régimen dictatorial”, agrega.

En conversación con TVN, el académico explicó que Ucrania es importante para Rusia por varios factores. Por una parte, “es un mercado de 41 millones de personas y una salida de los productos rusos a través del mar negro”. Finalmente, porque, para Rusia, Ucrania es “la patria ancestral”, concluye.

Autoridades del gobierno de Ecuador mantuvieron varias sesiones de trabajo con una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual visitó el país para preparar la 37° Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en Quito, del 28 de marzo al 1 de abril.

Ecuador vuelve a ser anfitrión de la Conferencia Regional de la FAO después de 73 años: la Conferencia Regional es el máximo órgano de gobierno de la FAO en la región y allí los países miembros establecen las prioridades de la Organización para los próximos dos años, revisan sus resultados y analizan los principales desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional.

El secretario adjunto de la Conferencia, Jorge Meza, conversó con el ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Pedro José Álava, quien en su rol de anfitrión presentó las gestiones nacionales preparatorias para recibir a sus homólogos de los 33 Estados miembros de la FAO y sus delegaciones en la ciudad de Quito.
Según Meza, la Conferencia Regional será una ocasión de adaptar el Marco Estratégico de la FAO a las condiciones y necesidades de la región, para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida, sin dejar a nadie atrás.

El ministro Álava enfatizó el compromiso del país de trabajar de manera conjunta para crear mecanismos de gobernanza que potencien las capacidades de la región y para impulsar sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles y convertir a la región en un referente para el mundo.

La misión participó de la reunión del Comité Interinstitucional conformado por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, en la cual se revisaron los roles del gobierno anfitrión vinculados a protocolo y medidas de seguridad que el país brindará a las delegaciones internacionales entre el 28 al 01 de abril de 2022, fecha en la que se desarrollará esta Conferencia.

Otras reuniones se llevaron a cabo con oficiales técnicos del gobierno sobre las acciones de comunicación y promoción y la revisión de los lineamientos nacionales e internacionales sobre la aplicación de protocolos de bioseguridad frente a la pandemia por COVID -19, que garanticen una participación segura de los invitados nacionales e internacionales.

La misión concluyó con una sesión informativa con el cuerpo diplomático de los países miembros de la FAO y observadores acreditados ante el Gobierno del Ecuador, quienes conocieron de manera general el calendario provisional de la Conferencia y el proceso para la acreditación y confirmación de los jefes de delegación y sus comitivas que asistirán a este encuentro internacional.

La Conferencia Regional de la FAO constituye el principal órgano de gobernanza de la Organización y reúne a los ministros y ministras de Agricultura y altos funcionarios de los 33 países miembros de la FAO en América Latina y el Caribe, y representantes de alto nivel de sociedad civil, la academia, sector privado y a otros miembros del sistema de las Naciones Unidas.

La primera Conferencia de la FAO se realizó en Ecuador en 1949 y desde entonces los países se reúnen cada dos años para orientar la cooperación técnica de la FAO con base a sus necesidades y prioridades, lo que permitirá dar una respuesta conjunta entorno a la transformación de los sistemas agroalimentarios.

En el 2022, la Conferencia nuevamente representará una oportunidad para que las delegaciones de cada país puedan analizar y brindar recomendaciones sobre la respuesta de la región frente al impacto de la pandemia por COVID-19, sus consecuencias socioeconómicas y las oportunidades de recuperación frente a los desafíos de hambre y pobreza.

Duras caídas sufrieron las bolsas mundiales en el arranque de esta semana producto del temor de una posible invasión rusa a Ucrania. Con las tensiones aumentando paso a paso, la economía mundial se resiente. Por ejemplo, en Chile la Bolsa de Santiago anotó un retroceso superior al 1%.

Estas cifras también las vemos en otras bolsas a nivel mundial, con el Euro Stoxx 50 con una caída de 3,21%; el FTSE 100 de Londres un 1,83%, entre otros índices que van a la baja. 

“Los vientos de guerra que soplan han generado una tensión muy importante sobre distintos tipos de indicadores económicos. Las bolsas reaccionaron negativamente frente a la posibilidad de que esta incursión de Rusia en territorio ucraniano se convierta en realidad. Lo mismo el precio del dólar, que se elevó, porque Ucrania es muy importante en cuanto a los insumos para desarrollar la producción de petróleo”, analizó Marcela Vera, economista y académica de la Usach.

Sobre los 25 dólares se elevó el precio del barril, cuestión, sostiene la especialista, se avizora que será más extrema. “Se generará un encarecimiento de los costos y un fuerte impacto en la distribución de todos los productos. Pero también un aumento en el costo directo para el aumento de las familias”.

Finalmente, apuntó que tanto el dólar como el yen han actuado como instrumento de refugio frente a la pérdida que se observa en estos instrumentos de renta variable.

Esta semana inició con una baja en el tipo de cambio de $5,13, posicionándose con $852,4, indicadores que apuntarían una baja sustancial desde el balotaje de la segunda vuelta presidencial.

La académica de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, Marcela Vera, reconoció que los mercados seguirán mostrándose muy susceptibles a una percepción de transformaciones en Chile, pero enfatizó que las alzas de las divisas obedecerían más a variables políticas que económicas.

La economista consideró, también, que el panorama económico estará fuertemente marcado por la trayectoria que siga la inflación, que marcará las decisiones que tome el Banco Central.

Para Vera, el desafío del próximo gobierno es generar políticas que garanticen el empleo, la seguridad y un nivel de renta “que permita a las personas poder sostenerse en un periodo también vulnerable en términos sanitarios”.

Finalmente, consideró que, pese a todo, existen procesos de “transformación económica” necesarios para el país, “ya sea en relación a bienes comunes estratégicos, a la propiedad, o a las que se requieran para generar una nueva reasignación tanto de la riqueza como del poder”, concluyó.

En América Latina y el Caribe la mayoría de los estudiantes consideran tener una actitud positiva ante personas de origen y cultura diferente a la propia, y que perseveran y se autorregulan para cumplir con sus obligaciones escolares. Por otro lado, el 55% expresó que siempre o casi siempre se ponen en el lugar del otro o valoran puntos de vista diferentes al propio. 

Así lo señalan los resultados de la pesquisa sobre habilidades socioemocionales en estudiantes de sexto grado, correspondiente al estudio ERCE 2019, dados a conocer este 16 de diciembre por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) junto a los representantes de los 16 países que formaron parte de esta investigación: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La pesquisa formó parte del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) que evaluó el desempeño estudiantil en las áreas de Lectura, Matemáticas y Ciencias, además de factores asociados a los logros de aprendizaje. Para investigar las habilidades socioemocionales, junto con la aplicación de las evaluaciones académicas, el estudio ERCE 2019 aplicó una serie cuestionarios a los estudiantes de sexto grado. Las preguntas indagaban acerca de su disposición a relacionarse con personas de grupos distintos al propio (apertura a la diversidad), su capacidad para regularse a sí mismos al realizar actividades académicas (autorregulación escolar) y sobre su habilidad para ponerse en el lugar del otro (empatía).

En términos de resultados, el estudio reveló que el 85% de las respuestas entregadas por las y los estudiantes a nivel regional evidencian una actitud positiva de apertura a la diversidad, es decir, el grado en el que los estudiantes perciben o anticipan que son capaces de aceptar, tolerar y de establecer vínculos con quienes son diferentes a ellos.

Las y los estudiantes mayoritariamente respondieron “me gustaría un poco” o “me gustaría mucho” a situaciones como “si a tu curso llegaran estudiantes que vienen de otro país, ¿cómo te sentirías?; “si a tu curso llegara un estudiante que tienen una discapacidad (por ejemplo, ciego, sordo o que necesite una silla de ruedas), ¿cómo te sentirías?”; o “si a tu curso llegara un estudiante que tienen un color de piel diferente del tuyo, ¿cómo te sentirías?”.

Para esta habilidad, las respuestas de los distintos países participantes fueron similares, con excepción de Cuba y Costa Rica que tuvieron un porcentaje mayor de respuestas positivas (Cuba 93% y Costa Rica 92%).

Otra de las habilidades evaluadas fue la autorregulación escolar, que buscó medir la capacidad de las y los estudiantes para regular sus emociones, pensamientos y comportamientos durante la experiencia de aprendizaje y perseverar hacia el logro deseado. En esta habilidad, el 74% de las respuestas fueron positivas. Mayoritariamente, los estudiantes respondieron “varias veces” o “casi siempre o siempre” a situaciones como “antes de ponerme a jugar, termino de estudiar”; “sigo las reglas de la clase, aunque el profesor no me esté mirando”; “pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hay que hacer”, y “aunque las cosas no me resulten, sigo intentándolo”.

Si bien la variación en las respuestas entre los países es pequeña, los estudiantes de Cuba informaron niveles más altos de autorregulación escolar (87% de respuestas positivas), mientras que los estudiantes de Brasil reportaron niveles menos elevados (57% de respuestas positivas). 

La empatía es la capacidad para reconocer la perspectiva de otro, tanto en un sentido cognitivo, como emocional.  Implica la habilidad para identificar las emociones que están experimentando otros, interpretar sus intenciones y propósitos y también incluye la capacidad para actuar o responder considerando el punto de vista y las emociones de los demás.

En esta área, el 55% del total de respuestas de las y los estudiantes de la región fueron positivas, es decir que “varias veces” o “casi siempre o siempre” declararon sentir tristeza cuando un compañero no tiene nadie con quien jugar, o que tratan de ayudar a un compañero en problemas, aunque no sea su amigo, así como en otras situaciones que requieren ponerse en el lugar del otro emocionalmente o comprender su punto de vista y actuar sintonizando con lo que le sucede.

En general, la mayoría de los estudiantes de la región reportaron actitudes positivas frente a las situaciones planteadas en los cuestionarios. Las y los alumnos cubanos son quienes, en promedio, informaron niveles de empatía más altos que la media regional (70% de respuestas positivas).

Claudia Uribe, directora de la OREALC/UNESCO Santiago, destacó que “las habilidades que midió el ERCE 2019 son parte de un conjunto de habilidades socioemocionales que hoy sabemos que son esenciales para el desarrollo personal y para el desempeño y convivencia en la escuela y en todos los demás ámbitos de la vida”.

Este viernes, culminó la vigesimoctava Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM), edición organizada por la Universidad de Santiago de Chile y coordinada por su Departamento de Relaciones Internacionales.

La jornada se extendió durante tres días consecutivos y permitió a 567 estudiantes de pre y postgrado de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay exponer de manera telemática en cinco sesiones y 98 mesas de exposiciones orales.

Los ejes del encuentro, que agrupó a las 38 de las 40 universidades de AUGM, fueron las ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias de la vida y la relación entre las distintas disciplinas del conocimiento. La cita contó con 158 evaluadores de estas casas de estudios superiores. 

Algunos de los temas que se trataron fueron salud, medioambiente y contaminación, género, inclusión, desarrollo regional y la generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia.

En este último tema, el estudiante de postgrado de la Universidad de la Plata (Argentina), Ernesto Suárez, presentó la investigación “Alfabetización digital para combatir la infodemia: hacia una ética de medios que contemple los sesgos cognitivos tras la posverdad y las teorías conspirativas”.

Suárez explica que una de las características de la pandemia ha sido la considerable circulación de noticias falsas. A su juicio, la ética de los medios de comunicación no ha logrado dar solución a este problema, por lo que postula la necesidad de avanzar en alfabetización digital para contrarrestar el efecto, por ejemplo, de teorías conspirativas anti-vacuna.

Por otra parte, “Configuración del conocimiento matemático para la enseñanza postpandemia desde la generación de proyectos innovadores con incidencia social” fue el nombre de la presentación de Denise Rudi, estudiante de la Universidad de Rosario (Argentina).

La investigadora destaca una instancia específica en la carrera de Profesorado en Matemática de su casa de Estudios, abocada a la formación de la sociedad, pero con una mirada de compromiso social por parte de la academia. 

En tanto, Beimar Nava, estudiante de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) propuso el tema “Diseño de espacios urbanos comerciales efímeros con enfoque postpandemia”.

El investigador señala que la crisis sanitaria ha afectado significativamente al comercio minorista, exponiéndolo a condiciones insalubres y poco eficientes de espacios urbanos comerciales, por falta de planificación. Por eso, propone replantear el diseño de dichos espacios.

La clase magistral de la jornada estuvo a cargo de la académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, Kathya Araujo, quien se refirió a los desafíos de la producción de conocimientos en ciencias sociales para América Latina.

Para la investigadora, en Latinoamérica se ha trabajado con teorías sociales que han sido producidas, mayoritariamente, por países como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, cuyas pretensiones de universalidad se explicarían por el interés geopolítico de estas naciones. 

“Para enfrentar la producción de conocimientos en América Latina, estamos ante el desafío de abandonar el tutelaje teórico por parte de los países centrales y eso significa ir un paso más allá… Tenemos que entender la especificidad de nuestras sociedades sin definirnos como islas ni renunciar al hecho de que estamos en un diálogo más allá de nuestras fronteras”, sostuvo.

Como anfitrión del encuentro, el Rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, valoró los aportes en materia de investigación expuestos durante la instancia. “Sus trabajos serán, sin duda, un aporte sustantivo al desarrollo de las sociedades desde la academia, dando respuesta a los desafíos que se nos presentan”, afirmó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de AUGM, Álvaro Maglia, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro fue “generar grupos de investigación internacionales, interinstitucionales, que den respuesta a los problemas estratégicos de nuestra región”.

Finalmente, la Presidenta de AUGM y Rectora Universidad Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart, solidarizó “con todas las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia o que sufrieron los impactos de esta que es la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos y también una grave crisis social, humanitaria y económica”.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamenta la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, y expresa su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.

De acuerdo con la información recabada por la Oficina, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete.  

En este contexto, la Oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas. 

El Representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos ocurridos en Cañete. Señaló que “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”. 

La Oficina recuerda al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debe ser cumplida por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Es de especial preocupación para la Oficina el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En este contexto, Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones.” El Representante añadió que en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario. 

Preocupa igualmente a la Oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza.

Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.

Al mismo tiempo, la Oficina condena el espiral de violencia en la zona y hace un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche.” 

La Oficina solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

En el marco de las actividades globales por “Octubre Trans”, mes designado internacionalmente para combatir la despatologización de estas identidades de género, y Chile hace noticia por las violentas protestas contra los inmigrantes en Iquique, investigadores de la Universidad de Chile publicaron los resultados del estudio FONDECYT “Migrantes/refugiadas trans en Chile: sexilio, transfobia y solidaridad política”.

La investigación indaga en la migración de las personas trans, un fenómeno poco tratado y para el cual los organismos de derecho internacional y activistas piden protección urgente. El trabajo -realizado por la doctora Caterine Galaz, coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, GT Migración Sur-Sur de Clacso y Rubén Menares, trabajador social e investigador de este Núcleo- presenta las trayectorias de personas migrantes trans en nuestro país, considerando los escenarios transfóbicos, sociales e institucionales a los que se enfrentan y develando sus estrategias de resistencia.

Para el estudio, Galaz y Menares entrevistaron a 10 migrantes y refugiadas trans en Chile provenientes de Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyas edades oscilan entre los 19 y 40 años, con un tiempo de residencia de entre uno y cinco años, y que viven en la Región Metropolitana, en las comunas de Quinta Normal, Santiago, Recoleta. Todas indicaron haber escapado de sus respectivos países de origen para proteger sus vidas de la violencia estructural e interpersonal que sufrían. Un tema no menor, pues aún existen 13 países que criminalizan con normativas legales a las personas trans, según el tercer Informe de Mapeo Legal Trans redactado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA).

“Estaba en sexto grado y ya había estado dos años sin estudiar. Me recluí en la casa en la que vivía con mi abuela, pues mi mamá ya estaba acá en Chile. Estuve esos dos años encerrada y deprimida por esa violencia que veía venir, incluso antes de que llegara […] Mi vida corría riesgo constantemente por ser una negritud marica y afeminada, porque igual eso era algo que se recalcaba, me hicieron mucho bullying al punto de llegar a las agresiones”, cuenta Esmeralda, una migrante trans colombiana.

El trabajo reveló que la mayoría de las personas trans migran a Chile porque en sus países de origen sufren violencia, censura al activismo LGTBI+ y tienen escasa implementación de políticas públicas, por ejemplo, de cambio de nombre formal, acceso a trabajo y salud, garantía de medicamentos relacionados con infecciones de transmisión sexual (ITS) y tratamientos hormonales, entre otras.

“Todavía hay tortura por orientación sexual, por expresión de género en varios países de la región. Uno lo ve y lo palma a diario en la atención directa con personas migrantes no heterosexuales, esto no ha terminado […] Hay países que se han quedado detenidos en el tiempo en la defensa de los derechos de la diversidad sexual… en Venezuela, pese a los avances formales, las violencias se mantienen”, dice Pablo, un trabajador social entrevistado para este estudio y miembro de una ONG pro-defensa de derechos LGBTI.

Por eso, en la investigación, Galaz y Menares hablan de un sexilio . “El hecho de que su identidad sexual fuera censurada, violentada o perseguida de distintas maneras y en diferentes espacios sociales, las empuja a salir para poder sobrevivir, en algunos casos, mejorar las condiciones de vida o desarrollar su transición identitaria de manera más plena. No obstante, estas experiencias se vinculan también a la falta de recursos económicos para poder sostener sus vidas y la inexistencia de iniciativas públicas de soporte a estos colectivos”, dice Caterine Galaz, autora principal del estudio.

El problema central, indican, es que en el campo de los estudios migratorios la movilidad de personas LGTBI+ no solo ha sido insuficientemente tratada, sino que -a nivel de las políticas públicas y medidas internacionales de los flujos migratorios- el sujeto a priori de dichos articulados es una persona heterosexual. “Por lo mismo, la presencia de personas migrantes trans tensiona la noción clásica de frontera, que no es solo física, pues deja en evidencia que existen sujetos no considerados para la protección en su entrada al país como sujeto migrante, sino también al nivel de las corporalidades sexuales permitidas en el nuevo contexto”, dice Galaz.

En este sentido, dice la académica de la Escuela de Trabajo Social de la U. de Chile, es importante poner atención al desamparo que sufren estas personas por parte del Estado, donde se destaca el desacoplamiento entre el proceso de regularización migratoria y las políticas de identidad de género; así como la naturalización de las violencias cis/hetero/normativas, que impiden la acogida por no estar contempladas tales identidades como causas de refugio. “Ni hablar de apoyo psicosocial y acompañamiento enfocados en personas migrantes y refugiadas LGTBI+, todo lo cual redunda en un escaso acceso a salud, educación, trabajo y apoyos directos, y afecta específicamente a las personas no regularizadas”, afirma.

Pese a lo anterior, la movilidad trasnacional de estas personas les abre la posibilidad de vivir con mayor libertad sus identidades de género y, a algunas, les da acceso a tratamientos médicos y también a una participación activista, así como a espacios de contención por parte de determinadas organizaciones trans.

“Les hace sentir que en Chile son mucho más libres o tienen muchas más posibilidades en esa dimensión de su vida, y eso no tiene tanto que ver con el país al que llegaron, sino con el hecho de haberse alejado de su contexto de origen… Por otro lado, entrar a estos colectivos trans les permite conocer otras corporalidades, otros contextos de lucha y otras posibilidades de acción que no fueron planificadas en su proyecto migratorio… Es un tipo de activismo contingente político, aunque su foco sea la sobrevivencia, pues a partir de este se buscan transformar las situaciones de injusticia que los afectan”, dice Menares.

Esta realidad es la que transmite el relato de Esmeralda, quien enfatiza que su vinculación con una fundación en Chile, que se dedica al trabajo con menores de edad trans, trajo consigo la posibilidad de que la respetaran en su identidad.

“Cuando entré a Chile me dio como un alivio… Porque en ese momento no estaba siendo libre… Mi entorno no me estaba viendo de la forma en que yo quería que me vieran… Eso cambió mucho (luego de tener el apoyo del colectivo), porque igual, cuando te violentan y no sabes reaccionar, te quedas con el sabor amargo, triste… En cambio, al reaccionar hace que esa otra persona nunca más te pase a llevar, te discrimine o no respete a las trans o travestis… Ser activista me ha permitido conocer y ser consciente de otras realidades duras (también aquí en Chile)… El repensarnos, cuestionarnos y poder acercarnos y unirnos con otras personas nos permite generar resistencia desde la no pertenencia, desde el no querer estar dentro de esta hegemonía blanca y colonial que se nos impone, y resistir desde nuestras corporalidades con orgullo, fuerza, valentía y, al fin y al cabo, juntes”, dice Esmeralda.