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Petróleo, poder y transición forzada en Venezuela

La abrupta captura de Nicolás Maduro alteró de golpe el ya frágil equilibrio político venezolano. En cuestión de horas, el rostro del chavismo cambió y la continuidad del poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras jurar ante la Asamblea Nacional. Abogada formada en la Universidad Central de Venezuela y con especialización en Derecho Laboral en París, Rodríguez se convirtió en la figura clave de un régimen que busca demostrar control institucional en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.

Durante su juramento, la nueva mandataria marcó el tono de su administración con un discurso que apeló al agravio externo y al dolor social. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima”, afirmó, en una señal clara de que el relato oficial seguirá anclado en la denuncia de la intervención extranjera. La escena no fue menor: su hermano renovó simultáneamente su cargo al frente del Parlamento, reforzando la imagen de cohesión interna del chavismo.

Horas antes, Rodríguez ya había dado una señal de mando efectivo. La noche del domingo encabezó su primer Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, acompañada por Diosdado Cabello, considerado el número dos del oficialismo, y por el jefe de la Defensa Nacional, Vladimir Padrino López. El mensaje fue directo: el aparato político y militar sigue alineado y operativo.

Mientras tanto, al norte del continente, el propio Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró el exmandatario. El contraste entre la escena judicial en Estados Unidos y la reorganización del poder en Caracas alimenta la sensación de estar frente a un conflicto que se juega en varios tableros a la vez.

Para el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, el escenario está marcado por una “gran incertidumbre”. Sin embargo, su lectura es clara respecto a la continuidad del régimen. “Venezuela sigue con su gobierno constitucional. O sea, salió Maduro, que fue secuestrado, pero asumió su vicepresidenta. Por lo tanto, el régimen del Partido Socialista Unificado, que es el régimen que gobierna Venezuela, está intacto y está funcionando”, indicó a Diario Usach.

En ese marco, el rol de la oposición aparece severamente limitado. Estenssoro fue tajante al evaluar las posibilidades de figuras como María Corina Machado o Edmundo González. “Más allá de movilizarse, si el régimen de Maduro llega a un acuerdo con el régimen de Trump, donde los Estados Unidos se les garantice que van a tener lo que ellos quieren, no va a haber cambio político en Venezuela”, sostuvo. A su juicio, la oposición “no tiene ninguna capacidad de nada” y solo existe por el apoyo internacional y la visibilidad mediática.

La figura de Donald Trump aparece como un actor central en esta nueva etapa. Según el académico, el mandatario estadounidense busca una transición sin sobresaltos que garantice estabilidad y acceso a recursos. “Necesita una Venezuela que no le dé gastos, que no los obligue a movilizarse, una Venezuela donde ellos puedan obtener el petróleo venezolano sin más gastos para Estados Unidos”, afirmó, subrayando que, en ese esquema, el régimen actual es el único capaz de asegurar orden social y político.

La advertencia sobre un eventual gobierno opositor es aún más cruda. Estenssoro sostuvo que un escenario encabezado por Machado podría derivar en confrontaciones armadas e incluso en una guerra civil, lo que forzaría a Estados Unidos a una ocupación militar costosa y políticamente inviable. En ese contexto, la figura de Delcy Rodríguez adquiere un peso estratégico: “Ella va a tratar de defender los intereses venezolanos. Trump va a tratar de imponer sus criterios, pero hay un espacio de que puedan o no puedan llegar a un acuerdo. Eso no lo sabemos”.

El petróleo, como casi siempre en la historia venezolana, vuelve a ser el centro de gravedad. Tras el arresto de Maduro, Trump declaró que uno de los objetivos de la operación militar era poner el sector petrolero bajo control estadounidense. Para Estenssoro, este tipo de afirmaciones responden más a una lógica comunicacional que a un plan cerrado. “Estamos recién en el proceso de negociaciones y vamos a ver una cantidad de declaraciones rimbombantes, espectaculares, porque Donald Trump nunca pierde”, explicó, recordando que la guerra mediática es parte esencial de su estrategia interna.

En esa línea, el académico fue categórico al descartar que la democracia o los derechos humanos sean prioridades reales para Washington o Bruselas. “Ni la Unión Europea ni Estados Unidos están preocupados por la democracia”, señaló, agregando que el objetivo es asegurar el acceso al crudo venezolano. “De lo que estamos hablando es de recursos naturales, no de democracia”, concluyó. Así, Venezuela entra en una nueva fase donde el poder cambia de manos, pero las reglas del juego —marcadas por el petróleo y la geopolítica— parecen mantenerse intactas.

El invierno europeo vuelve a encender las alertas sanitarias

El cierre temporal de escuelas, el uso voluntario de mascarillas y el refuerzo de recomendaciones preventivas en Reino Unido activaron una memoria colectiva todavía fresca. Para muchos, las imágenes que llegan desde Europa remiten de inmediato a la experiencia del Covid-19. Sin embargo, el brote que hoy tensiona a los sistemas de salud no es nuevo: se trata de una variante de la gripe A, conocida como influenza H3N2, que ya está golpeando con fuerza a países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España.

Según informó la BBC, varios establecimientos educacionales en Reino Unido han debido suspender sus actividades de manera preventiva, mientras que datos publicados por The Guardian revelan que los ingresos hospitalarios por gripe en Inglaterra alcanzan un promedio diario de 1.717 personas, con 69 pacientes en cuidados intensivos. Son cifras récord para el periodo invernal y, aunque el riesgo individual de desarrollar cuadros graves no ha aumentado de forma significativa, la magnitud del brote está generando una presión considerable sobre la red hospitalaria.

La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un nuevo virus? Para el infectólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, Ignacio Silva, la respuesta es clara. En conversación con Diario Usach, explicó que “es muy importante destacar que no estamos ante un virus nuevo, este es el virus de la influenza que conocemos bien y que nos afecta todos los años”. Una aclaración clave en un contexto donde la comparación con la pandemia aparece casi de manera automática.

Silva detalló que las principales variantes que circulan a nivel global son la influenza H1N1 y la influenza H3N2, responsables de la mayoría de las campañas de invierno. “Ya lo vivimos en nuestro país en el invierno recién pasado que tuvimos un peak importante de influenza H1N1 y este segundo peak que vivimos en Chile en este último periodo, ahora en primavera, que fue justamente por influenza H3N2”, señaló. Para el especialista, lo que ocurre hoy en Europa responde a una lógica similar.

El fenómeno, explicó, tiene que ver con un adelantamiento en el inicio del aumento de los casos respiratorios. “Un adelantamiento en la fecha de inicio del ascenso de los casos de infección respiratoria. Muy similar a lo que vimos en Chile, donde se adelantó el inicio de la campaña de invierno y tuvimos un peak de casos más precoces que en años previos. Esto mismo se está viendo ahora en Europa”, afirmó el académico, subrayando que no se trata de un escenario excepcional, sino de una variación en los tiempos epidemiológicos.

Respecto a la variante específica que circula en el hemisferio norte, Silva explicó que la diferencia está en el subtipo. “La principal diferencia está en que el subtipo, la variante de H3N2 que está afectando a Europa, es una variante diferente a la que habitualmente nos afecta, que es esta famosa variante o subclado K, por lo que podría tener una respuesta un poco más agresiva que la H3N2 que circula habitualmente”. Esto podría traducirse en cuadros algo más graves o en una mayor capacidad de contagio, pero lejos de un escenario pandémico.

El infectólogo fue enfático en marcar esa distancia. “Podría causar cuadros de un poco mayor gravedad, podría ser más contagiosa y podría evadir de cierta manera al sistema inmune y la respuesta a las vacunas, pero esto no significa que estemos expuestos a una situación similar a la pandemia del Covid-19, porque el Sars-Cov-2, el virus que causó la pandemia, era un virus absolutamente nuevo para el cual no teníamos ni vacunas ni una respuesta inmune propia capaz de defendernos de esta enfermedad”. En la misma línea, recalcó que “bajo ninguna circunstancia estaríamos en una situación de vulnerabilidad como la que vivimos para la pandemia del Covid-19”.

De cara a Chile, el escenario no es ajeno. Silva advirtió que “por supuesto que podría afectar a Chile en nuestro próximo invierno”, considerando que el país suele replicar los patrones de circulación viral del hemisferio norte. Frente a ese panorama, el llamado vuelve a ser uno conocido, pero no menos urgente: reforzar las medidas de prevención y, sobre todo, la vacunación. “Contamos a nivel mundial con una amplia disponibilidad de vacunas contra la influenza que siguen siendo tremendamente útiles para prevenir particularmente los cuadros graves de influenza”, sostuvo, recordando que la experiencia acumulada sigue siendo una de las principales herramientas para enfrentar lo que viene.

Influencers bajo presión tras controversias y leyes más estrictas en China

Kim Kardashian volvió a incendiar internet. Esta vez no fue por un look viral ni por un nuevo emprendimiento, sino por poner en duda uno de los hitos más documentados del siglo XX: el aterrizaje en la Luna de 1969. “Van a decir que estoy loca de todas formas. Pero entren a TikTok. Véalo cada quien por sí mismo”, lanzó la empresaria en un episodio reciente de The Kardashians, donde compartió con la actriz Sarah Paulson una colección de artículos y videos que la habrían convencido de que el alunizaje fue un montaje. Su comentario se propagó como pólvora y activó, incluso, una respuesta de la Nasa. “Sí, hemos estado en la Luna antes… ¡seis veces!”, escribió en X Sean Duffy, administrador de la agencia espacial estadounidense, intentando poner freno a la ola conspirativa amplificada por la celebridad.

La escena fue una demostración clara de cómo opera el ecosistema digital contemporáneo: una figura influyente cuestiona un hecho histórico, las redes amplifican el ruido y millones de personas reciben información moldeada por algoritmos antes que por evidencia. No es nuevo, pero cada episodio sube la temperatura del debate sobre la desinformación global y el rol de los llamados “expertos digitales”, que levantan teorías, diagnósticos o consejos sin formación formal en los temas que comentan. Fue justamente para enfrentar este fenómeno que la Administración del Ciberespacio de China (CAC) anunció una de las medidas regulatorias más estrictas del último tiempo.

La nueva normativa obliga a influencers y streamers chinos a mostrar públicamente sus credenciales profesionales para hablar de temáticas sensibles como salud, educación, leyes o economía. Plataformas como Douyin, Bilibili y Weibo deberán verificar títulos, exigir fuentes verificables y aclarar si el contenido proviene de estudios, informes, inteligencia artificial o simples opiniones. No es una recomendación, sino un mandato estatal. La intención declarada: combatir la desinformación que circula a diario en redes y que, en casos extremos, pone en riesgo la seguridad pública.

El publicista y académico de la Usach, Juan Francisco Ugarte, observa esta medida con matices. “En general se advierte un movimiento drástico y polarizador, aunque tiene sus pro y contra, dependiendo el contexto”, comenta. Entre los beneficios, destaca que “una medida como esta busca profesionalizar la información aumentando los parámetros de credibilidad en medios digitales, ‘protegiendo’ de cierta manera a los usuarios de los ‘expertos falsos’ (como la situación que se vivió con Kim Kardashian) e incentivando a las plataformas digitales a asumir una cierta responsabilidad activa en la moderación de contenido”. Pero esa no es toda la historia.

Ugarte advierte que esta política también puede transformarse en un mecanismo de censura. “Se puede notar que una decisión como esta representa una forma de censura tecnocrática o ‘filtro ideológico’. En un país con estricto control mediático como lo es China, esto puede utilizarse para silenciar voces críticas o perspectivas que no se alinean con la narrativa oficial”, afirma. Además, señala que medidas tan rígidas podrían impedir que experiencias personales valiosas —como la de alguien que supera una enfermedad y comparte su proceso— tengan espacio en la conversación pública por no cumplir con credenciales formales.

A nivel global, el académico es enfático: regular todas las redes sociales bajo una única normativa es imposible. “No, no es posible regular las redes sociales a nivel mundial con una única ley o entidad, sobre todo si pensamos en la soberanía nacional y diferencias culturales: Cada país tiene su propia legislación, Constitución, estándares culturales y sistemas políticos”, explica. Lo que puede ser considerado discurso peligroso en un territorio, en otro es visto como una libertad fundamental. Y ahí está la tensión: cómo equilibrar el combate a la desinformación sin aplastar la libertad de expresión.

En democracias occidentales, según Ugarte, la línea suele estar clara: se actúa cuando la información falsa constituye incitación a la violencia, fraude, difamación o un riesgo real para la salud pública. En ese sentido, teorías como “el alunizaje es falso” no entran en ese rango, aunque sean erróneas, mientras que consejos financieros engañosos sí lo hacen. “El riesgo de la regulación es que el Estado utilice la lucha contra la desinformación como pretexto para limitar la crítica política o la información incómoda, cruzando la línea hacia la censura”, concluye. Y así, entre conspiraciones virales, influencers hiperexpuestos y gobiernos endureciendo el control digital, el futuro de la conversación pública global sigue siendo un territorio en disputa.

Expertos desmienten vínculo entre paracetamol y autismo en embarazadas

Las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump advirtiendo sobre los supuestos riesgos del paracetamol durante el embarazo y su vinculación con el autismo encendieron la polémica en redes y medios globales. Según Trump, las mujeres deberían limitar el uso de Tylenol a menos que fuese estrictamente necesario, asegurando que su consumo podría “estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”. Sin embargo, especialistas y organismos científicos han salido rápidamente a desmentir estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y peligrosas.

Leonel Rojo, toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, sostuvo que “los estudios epidemiológicos ni los basados en meta análisis permiten concluir la existencia de una relación entre el autismo y el paracetamol”. El especialista enfatizó que este medicamento “tiene buenas propiedades analgésicas, antipiréticas y es muy seguro”, y que las declaraciones de Trump deben tomarse “con bastante calma”. Rojo aclaró además que las investigaciones que han intentado vincular el analgésico con autismo consideraron dosis extremadamente altas, muy alejadas del consumo habitual en mujeres embarazadas.

En la misma línea, Pablo Salinas, neurólogo de la Clínica Universidad de Chile Quilín, destacó que “la evidencia científica ha desmentido categóricamente la asociación entre uso de paracetamol en el embarazo y la aparición de neurodivergencia en recién nacido”. Salinas advirtió sobre la irresponsabilidad de difundir afirmaciones de este tipo: “A mí manera de ver es una falta de respeto para las personas neurodivergentes y su familia, lo que habla claramente de la altura moral de las personas que dicen esas mentiras, sobre todo quienes son líderes de opinión”.

Organismos internacionales respaldan esta postura. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó que “no existe evidencia que vincule una exposición al paracetamol en el útero con el desarrollo de trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo”. Steffen Thirstrup, director médico de la EMA, recalcó que el paracetamol “sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas” y que sus conclusiones se basan en “una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles”. De manera similar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “prudencia antes de concluir que existe una relación causal” entre el paracetamol y el autismo.

La controversia se intensificó debido a que Trump mencionó que su equipo implementaría un sistema llamado “Gold Standard Science” para abordar el aumento de los casos de autismo en Estados Unidos, incluyendo la modificación de la etiqueta de seguridad del medicamento en ese país. Sin embargo, la comunidad científica coincide en que estas medidas carecen de sustento científico y podrían generar alarma innecesaria entre mujeres embarazadas que utilizan este fármaco de manera responsable.

Ante la confusión, los expertos coinciden en que el paracetamol sigue siendo un analgésico seguro y eficaz cuando se administra de acuerdo al peso y la condición fisiológica de la paciente. Rojo subraya que este medicamento representa una de las opciones más confiables para controlar fiebre y dolor durante la gestación, mientras que Salinas insiste en que “es absolutamente falso que haya una asociación entre paracetamol y autismo”. La recomendación general es mantener la calma, consultar siempre con un profesional de salud y no dejarse llevar por afirmaciones sin evidencia científica.

TikTok redefine el concepto de buscar en la era digital

Durante años, abrir Google fue el primer paso para resolver cualquier duda. Hoy, para millones de jóvenes, ese lugar lo ocupa TikTok. Según el informe 2025 de Metricool, la plataforma no solo acumula más de mil millones de usuarios activos mensuales, sino que también ha registrado un aumento del 71% en el tiempo de visualización y del 70% en el alcance de sus publicaciones, superando ampliamente a los reels de Instagram en visualizaciones promedio (24.098 frente a 13.084).

Pero la tendencia no se explica solo con números. TikTok está transformando la forma en que buscamos información. La Generación Z no quiere resultados jerarquizados por SEO, sino respuestas auténticas, visuales y cercanas, producidas por personas que se perciben como pares. Una receta viral grabada en la cocina de un usuario, un consejo de viaje contado desde una calle desconocida o una noticia desmenuzada con humor y emoción resultan más atractivos que un artículo impersonal.

En esta red se consulta de todo: desde dónde comer en una ciudad hasta tips de estudio, salud mental o moda. Como destaca Ariel Jeria, gerente general de Rompecabeza Digital, el algoritmo de TikTok no entrega una lista de enlaces, sino una experiencia personalizada y casi curada, que convierte a la plataforma en un buscador emocional y directo. Sin embargo, esta inmediatez tiene su contraparte: la veracidad de la información no siempre está garantizada. La viralidad puede priorizar el impacto sobre la precisión, abriendo espacio para la desinformación, el clickbait o los sesgos.

El gran desafío, entonces, no es solo producir contenido atractivo, sino formar audiencias jóvenes capaces de cuestionarlo y contrastarlo. Para medios, empresas y educadores, la lección es clara: entender el lenguaje del video corto y la voz auténtica ya no es opcional. TikTok no es únicamente un canal de entretenimiento; es una nueva puerta de entrada al conocimiento, donde buscar significa también identificarse, emocionarse y compartir.

El petróleo, Chile y la geopolítica de una guerra a medio encender

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este lunes, con los primeros contraataques iraníes luego de la Operación Martillo de Hierro, donde fuerzas estadounidenses bombardearon las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. En respuesta, Irán atacó bases norteamericanas en Qatar, intensificando un conflicto que muchos temen pueda transformarse en una confrontación de mayor escala en Medio Oriente.

Para el analista internacional Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, hablar de una tercera guerra mundial es prematuro, pero advierte que el involucramiento directo de Estados Unidos abre la puerta a un conflicto armado prolongado y con posibles nuevos actores regionales. A su juicio, la amenaza del parlamento iraní de bloquear el estrecho de Ormuz no solo tiene una dimensión bélica, sino también económica global. “Eso impacta directamente a países como Chile, no solo por el alza del petróleo, sino por los efectos en toda la cadena logística global”, advierte.

El eventual cierre del estrecho de Ormuz; paso obligado de entre el 25% y el 30% del crudo mundial, podría alterar de forma significativa los mercados internacionales. Sin embargo, según Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Universidad de Chile, aunque ya se prevé una subida en los precios del petróleo, la situación sigue estable, con el barril Brent rondando los 75 dólares. El experto señala que una interrupción real en Ormuz podría disparar el valor del crudo, pero anticipa que Estados Unidos desplegaría su flota naval para evitarlo.

En el caso de Chile, los efectos serían parciales. Aunque el país importa petróleo desde Estados Unidos, Brasil y Ecuador; y este último tiene vínculos con los precios del Medio Oriente, el impacto directo estaría contenido en torno al 30 o 40% del total importado. Aun así, Berríos advierte que cualquier alza internacional golpeará de forma transversal, independientemente del origen del crudo. El futuro inmediato, afirma, dependerá completamente de lo que ocurra en Ormuz: si el flujo se interrumpe o no, y qué tan rápido pueda contenerse el conflicto.

Activistas detenidos y deportados tras intento de romper bloqueo israelí en Gaza

Greta Thunberg fue deportada a París luego de que su barco, parte de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC), fuera interceptado y desviado por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, desafiando el bloqueo naval impuesto por Israel. De los 12 tripulantes, algunos también fueron deportados, mientras que otros, como el brasileño Thiago Ávila y la eurodiputada Rima Hassan, permanecen detenidos y aislados en cárceles israelíes.

María Teresa Infante, académica experta en Derecho Internacional y jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, señala que, sin emitir juicio sobre este caso en particular, es legal que un bloqueo marítimo declarado permita acciones de interferencia más allá del mar territorial cuando se sospeche que un buque extranjero apoya la beligerancia en un territorio. Este bloqueo busca impedir el acceso a medios militares y mantener el esfuerzo bélico, pero debe respetar límites establecidos, como los fijados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Manual de San Remo.

Infante explica que en conflictos armados se aplican normas del derecho internacional humanitario destinadas a regular las acciones posibles y proteger a la población civil, garantizando, por ejemplo, el acceso a suministros médicos. En casos anteriores, se han conformado comisiones de investigación para evaluar las medidas tomadas bajo el marco de un bloqueo. La experta añade que la legalidad de la intervención depende de hechos y derechos específicos relacionados con la belicosidad y subraya la importancia de las normas internacionales para analizar estos casos.

Respecto a las “aguas internacionales”, Infante las define como una zona de libertades regulada por el derecho del mar y el derecho internacional en general, aunque el ejercicio de esas libertades puede estar sujeto a restricciones en contextos de conflicto y bloqueos marítimos.

La Corte Suprema de Argentina confirma la condena a Cristina Fernández y marca un nuevo “nunca más”

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina entre 2007 y 2015, quedó oficialmente condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo unánime de la Corte Suprema que rechazó su recurso y ratificó la sentencia dictada en 2022 por corrupción en la llamada “causa Vialidad”. El caso, que investigó el presunto direccionamiento de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, consideró a Fernández culpable de administración fraudulenta, aunque la absolvió del delito de asociación ilícita.

El fallo no sólo tiene impacto político en Argentina. Según el analista internacional Pablo Lacoste, académico de la Usach, este veredicto representa un hito judicial comparable al histórico juicio contra los militares de la dictadura en 1985. “En ese entonces se dijo nunca más a las violaciones de derechos humanos. Hoy la justicia argentina dice nunca más a la corrupción”, afirmó. Para Lacoste, el proceso contra Fernández podría incluso escalar en tensión social si el peronismo moviliza sus bases, lo que pondría a prueba la fortaleza del poder judicial ante un eventual colapso político.

Fernández, de 72 años, ha calificado el proceso como un caso de lawfare —una persecución judicial con fines políticos— y tenía previsto postularse como diputada provincial por Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre, plan que ahora queda anulado por la inhabilitación. Aunque existe la posibilidad de detención, es poco probable que cumpla pena en una cárcel común debido a su edad. La vía más probable, según Lacoste, sería la prisión domiciliaria mientras se agotan los recursos legales.

Más allá de su impacto local, el fallo representa un llamado de atención para toda América Latina. “Esta condena puede ser un punto de inflexión. Así como hubo un antes y un después en derechos humanos, ahora estamos frente a un nunca más de la corrupción en la región”, sostuvo Lacoste, subrayando el alcance simbólico del caso.

Visa Waiver en riesgo por tensiones políticas y cooperación judicial

La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos reactivó las alarmas en torno al futuro del Visa Waiver Program (VWP) para Chile, un beneficio vigente desde 2013 que permite a los chilenos ingresar sin visa tradicional al país norteamericano por viajes cortos. Si bien no existe aún una señal oficial de suspensión, las tensiones políticas y migratorias del nuevo ciclo presidencial abren interrogantes sobre su continuidad.

La preocupación no es nueva, pero se ha agudizado tras recientes declaraciones de figuras clave como el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer, y el senador republicano Marco Rubio. Ambos han puesto sobre la mesa uno de los principales cuestionamientos: la supuesta falta de colaboración del Estado chileno en el intercambio de información penal, lo que podría facilitar la entrada de personas con antecedentes delictuales a territorio estadounidense. Este tipo de críticas, asociadas a medidas más duras en materia migratoria y a un discurso de seguridad reforzado, podrían escalar en los próximos meses.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, sin embargo, descartan un riesgo inminente. Aseguran que se mantiene un diálogo diplomático fluido con Estados Unidos y que cualquier eventual modificación al programa sería comunicada oportunamente por canales formales. Por ahora, insisten, no hay ninguna indicación concreta de que la permanencia en el VWP esté siendo revocada o condicionada a corto plazo.

Pero más allá del clima oficial, el sector privado empieza a moverse. Desde AIM Global, consultora especializada en procesos migratorios, hacen un llamado a la calma, pero también a la anticipación. Su gerenta general, Caterina Utili, señala que aunque no existe notificación formal de suspensión, conviene estar informado y explorar opciones alternativas, como las visas EB-5 o E-2, dirigidas a inversionistas o emprendedores. “Hoy, más que nunca, es importante no depender de un solo camino”, explica.

Este tipo de visas, si bien implican requisitos económicos elevados, ofrecen una vía segura y legal hacia la residencia en Estados Unidos. Utili añade que muchas personas esperan hasta el último momento para informarse, lo que podría convertirse en un riesgo si el VWP llegara a suspenderse de manera repentina. .

La permanencia de Chile en este beneficio migratorio dependerá de una combinación de factores técnicos; como la reciprocidad en materia de seguridad y justicia, y de decisiones políticas que, con Trump de nuevo en la Casa Blanca, podrían virar hacia un enfoque más restrictivo. Mientras tanto, la incertidumbre está instalada.

Residencia permanente a cambio de millones la nueva apuesta migratoria de Trump

Donald Trump quiere que vivir legalmente en Estados Unidos sea una experiencia premium. Así lo demuestra su último anuncio: el lanzamiento de la “Gold Card”, un nuevo programa de residencia permanente destinado a millonarios extranjeros que estén dispuestos a pagar 5 millones de dólares a cambio de establecerse en el país sin las restricciones habituales. Este plan busca reemplazar la actual visa EB-5, un sistema vigente desde 1990 que requería inversiones en zonas designadas y la creación de empleos como condición para la residencia.

Con esta movida, Trump pretende atraer capitales globales de forma directa y sin intermediarios. La Gold Card elimina la necesidad de invertir en proyectos específicos o de demostrar impacto económico en el país. Solo exige una transferencia bancaria al Estado. “Queremos que Estados Unidos sea el destino número uno para grandes fortunas internacionales”, afirmó Caterina Utili, gerente general de AIM Global, una consultora dedicada a asesorar sobre residencia por inversión. El objetivo, además de atraer capital, es contribuir a disminuir el déficit fiscal estadounidense, que ya supera los 35 billones de dólares.

Aunque la EB-5 había sido una vía popular para obtener la green card, su burocracia, falta de fiscalización y vínculos con proyectos opacos le han valido críticas durante años. Trump ha calificado al sistema como “lleno de fraudes y simulaciones”. La Gold Card, en contraste, propone un proceso más transparente: quien tenga los cinco millones y los transfiera, accede directamente a residencia permanente, con la posibilidad de solicitar la ciudadanía después.

Este tipo de programas no es exclusivo de Estados Unidos. En Europa, países como Portugal, España, Grecia y Malta han implementado versiones similares, conocidas como “Golden Visas”, donde las exigencias son notablemente menores: desde 250.000 euros en Grecia hasta unos 500.000 en España, aunque este último cerrará su programa en abril de 2025. La propuesta estadounidense, sin embargo, establece un umbral financiero mucho más alto, posicionándose como la opción más costosa a nivel global, pero también como una de las más simples y directas.

No todos aplauden la iniciativa. Expertos en política migratoria advierten que el programa podría aumentar la brecha de desigualdad en el acceso a la residencia legal en Estados Unidos, y todavía no está claro si el Congreso aprobará la medida. El debate está abierto. Por ahora, empresas como AIM Global ya se posicionan como asesoras clave en este nuevo panorama, guiando tanto a quienes deseen aprovechar los últimos meses de la EB-5 como a los interesados en el flamante pasaporte dorado estadounidense.