Un artículo con los principales resultados de la investigación realizada por la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, María Christina Fragkou, y la geógrafa Tamara Monsalve-Tapia, junto con los geógrafos Vicente Pereira-Roa y Maximiliano Bolados-Arratia, todos de la Universidad de Chile, fue publicado este mes de enero en la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales EURE.

El estudio, desarrollado en el marco de un Fondecyt Regular, es el primer análisis integral de la distribución de agua potable mediante camiones aljibe en Chile, teniendo como caso de estudio una de las zonas más afectadas por la megasequía: la provincia de Petorca. En este trabajo, los investigadores analizaron el volumen, costo, trayectoria y los dueños de estos flujos de agua transportados en la provincia entre 2012 y 2018.

“El propósito era ver cómo el Estado reacciona ante los impactos de la megasequía, y la consiguiente construcción de escasez de agua, entendiéndola como un fenómeno físico y social. Asimismo, quisimos analizar las soluciones propuestas y cómo estas transforman los territorios, así como su efectividad para paliar la escasez hídrica que viven las comunidades. Una de las cosas que nos interesó mucho fue analizar la tenencia de los derechos de agua y, particularmente para este estudio, nos enfocamos en cómo funciona la distribución de camiones aljibes, porque es un medio de distribución de agua potable muy importante para miles de familias. Hasta la fecha la academia no había estudiado este fenómeno con rigurosidad”, señaló María Christina Fragkou.

En esta investigación, se estudiaron 1.753 órdenes de compra de agua mediante camiones aljibe emitidas por la Gobernación Provincial de Petorca entre 2012 y 2018. Adicionalmente, se verificó el volumen y la localización de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas de los proveedores del recurso hídrico y se entrevistaron a actores clave. A partir de la información recopilada se pudo generar diagramas de distribución espacial de flujo de aguas y mapas donde se visualizan los metros cúbicos extraídos y repartidos dentro la provincia, según sector hidrogeológico.

Al respecto, es importante destacar que la compra y distribución de agua potable por camiones aljibe, como medida de emergencia, se tramita principalmente con fondos de emergencia del Ministerio del Interior, a través de la Gobernación Provincial, quien repartió el 95 por ciento de los metros cúbicos de agua entregados y significó el 98 por ciento del gasto público en camiones aljibe en la provincia. 

Durante el período de estudio, las operaciones de la Gobernación para la compra de agua potable y la contratación de su reparto en camiones aljibe en la provincia de Petorca movilizaron 1.494.492 m3 de agua, que implicaron un gasto total de más de $8.754 millones de pesos ($8.754.121.511) para abastecer a 41 localidades. El precio del agua, en tanto, fluctuó entre $2.500 y $17.000 por m3.

El agua repartida por camiones aljibe en Petorca fue proporcionada por 23 proveedores que extrajeron agua de cinco Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC), recurso que finalmente fue distribuido dentro de estos mismos sectores y en otros seis de la provincia.

“Destaca especialmente el SHAC Ligua Pueblo como aquel que proporciona la mayor cantidad de agua para su distribución por camiones aljibe mediante dos proveedores, y es -al mismo tiempo- el sector que mayor cantidad de agua ha recibido, 42 por ciento de la cual es proveniente del mismo sector. En este SHAC se encuentra circunscrita la localidad de Valle Hermoso, que ha sido abastecida durante el período de estudio por un total de 458.053 m3 y que destaca por encontrarse a pocos kilómetros de sus proveedores de agua por camiones aljibe”, señala el estudio.

Para María Christina Fragkou, “esta situación evidencia la dimensión social de la escasez hídrica en la zona, puesto que indica que más que una falta física de agua en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua existe una inequidad distributiva que afecta a los comités y cooperativas de APR. Nuestros resultados demuestran la creación de un mercado que se basa en los excedentes de agua que pueden tener ciertos actores, incluso en zonas de extrema sequía”.

El estudio analizó la situación de los cinco proveedores principales y fue posible identificar que al menos tres de ellos tienen derechos inscritos para uso agrícola. Además, durante el período estudiado, compraron Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Esta situación se vuelve relevante al compararla con las cantidades de agua entregada por estos proveedores en cada año estudiado.

Los resultados indican que la venta de agua potable mediante camiones aljibe es una actividad rentable y dominada por pocos actores, y con una fuerte participación de empresas y particulares del sector agrícola, que es otra manifestación de la escasez hídrica de causas sociales en la provincia de Petorca.

Finalmente, para las y los investigadores la solución de la distribución de agua potable a través de camiones aljibes se basa en un mecanismo burocrático que implica un alto y constante esfuerzo administrativo, económico y operacional que no corresponde a una medida de emergencia que entrega un recurso vital. Al mismo tiempo, no logra satisfacer la demanda total de las localidades y cubrir el déficit hídrico de los usos afectados, ya que el consumo promedio repartido por persona ha llegado a ser 50 litros por persona al día, apenas el 30 por ciento del consumo promedio nacional de 170 litros por persona diario.

Por otro lado, “la instalación de este sistema de abastecimiento desplaza la urgencia de desarrollar soluciones para destrabar la crisis a largo plazo, mientras instala un mercado muy rentable para los principales aguatenientes de la zona. El hecho de que este mercado esté dominado por unos pocos actores locales, principalmente del rubro agrícola, que venden millones de metros cúbicos de agua anualmente para su consumo en comunidades de APR vecinas, apoya el argumento de que en Petorca no existe una escasez física y absoluta, sino una desigual distribución del agua”, puntualizó María Christina Fragkou.

Mediante una declaración pública, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, Modatima Wallmapu, enumeraron las diversas irregularidades que existen en torno al proyecto geotérmico que pretende realizar la empresa Adobera SpA en el volcán Tolhuaca, en las comunas de Curacautín y Quilaco. 

En el texto se establece que “el 6 abril de 2021, Adobera SpA preguntó al Servició de Evaluación Ambiental (SEA) si el ‘Programa de Perforación Exploratoria Área Adobera’ requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta solicitud aseveraron que desarrollarían uno o más proyectos de generación de energía eléctrica en base al recurso geotérmico del Volcán Tolhuaca”. 

Según denuncian ambas organizaciones, el SEA determinó que el proyecto no debía ingresar al SEIA, principalmente porque no se trataba de una iniciativa de generación eléctrica de más de 3MW, tal como estipula la ley.

“Sin embargo, la empresa ha declarado que pretende construir un proyecto de 9MW, cuestión que no lo informó en la consulta de pertinencia enviada. Además, la concesión de explotación geotérmica sobre el área indica que la empresa ya calculó que existe un potencial de al menos 50MW”, afirman. 

Asimismo, denuncian que este proyecto considera la construcción de 6 pozos exploratorios de una profundidad entre 1.500 a 2.000 metros con un total de 20 meses de ejecución, lo que se traduce en potenciales perjuicios y de riesgos posibles para las personas y para el medio ambiente, de acuerdo a estudios internacionales que así lo señalan. 

“En este tipo de infraestructuras existe el riesgo potencial de contaminación por minerales, sales y metales pesados afectando directamente los cuerpos de agua, fauna y vegetación. Además, con una potencial afectación a cursos de agua como lo es el Río Blanco, tributario del río Cautín, el cual nace en las faldas del Volcán Tolhuaca”, se desprende. 

Finalmente, la denuncia establece que a cinco años de que se originara este proyecto, no se ha entregado información completa a las comunidades. 

“Instamos a la empresa a desarrollar un diálogo transparente, siendo claros sobre sus intereses y proyecciones, sin manipular a los actores locales. Las necesidades de acceso a servicios básicos de energía de la población requieren ser garantizadas, y para ello las comunidades deben ser informadas del desarrollo de este tipo de iniciativas considerando una visión holística que incluya dimensiones culturales, sociales y medioambientales, así como los impactos acumulados del conjunto de inversiones que existen y se proyectan sobre el territorio”, plantean las organizaciones. 

Asimismo, agregan que todas las instituciones deben actuar “conforme al derecho internacional, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, los principios de autonomía y libre determinación, así como la participación vinculante que respete sus derechos colectivos. Como organizaciones defensoras de los Pueblos y la Naturaleza comprendemos que los actores del territorio son los primeros en conocer cuáles son las prioridades para la mantención y resguardo de la vida”. 

El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Rapa Nui cerró su territorio al ingreso de los turistas, medida que se había levantado el pasado 1 de febrero. Sin embargo, con la llegada de la variante Ómicron y el alza de contagios en Chile, se suspendió esta apertura.

A pesar que en la isla se realizó una encuesta ciudadana donde el 70% de los consultados apoyó terminar con la restricción de acceso a los turistas, desde el gobierno hicieron caso omiso. Micro y pequeños emprendimientos que dependen de la llegada de visitantes al territorio insular se han visto perjudicados. 

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, se refirió a esta situación en Radio Usach, añadiendo que tampoco han recibido ayuda para combatir la pandemia. “El hospital no tiene solución para las complejidades. Llevamos más de un año pidiendo al gobierno para implementan una UTI o UCI acá en la isla. No contamos con ninguna cama UTI. Agreguemos que por lo menos mil personas no han querido vacunarse, cerca del 15% de los habitantes”, dijo.

“Quien nunca ha querido acondicionar la isla para esta pandemia ha sido el gobierno. Se enojaron porque hablé contra el ministro Mañalich. Jamás he recibido un llamado del gobierno, de ningún ministro”, agregó.

Respecto a la llegada de un nuevo mandatario, el edil se muestra esperanzado. “Ya he tenido contacto por zoom tres veces con la ministra Siches, hay mucha esperanza que se comiencen a solucionar los temas. Camas UCI, toma de test PCR para todos los que lleguen, aislamiento, cuarentenas efectivas. Pero esta temporada alta ya la perdimos, habrá que esperar hasta octubre o noviembre para comenzar a ver resultados”. 

Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), explicaron el drama que están viviendo las empresas turísticas que operan en la zona. “Ya no existe ayuda que sirva. No hay ninguna actividad económica que resista de pie estando prácticamente sin funcionar” sostuvo Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta de ejecutiva de la entidad.

Bajo esa arista, instó al gobierno fijar una fecha de apertura para el ingreso de turistas a Isla de Pascua antes de que termine su mandato, para así “entregar certezas al sector en ese destino”.

“Mantener la isla cerrada a los turistas es profundizar la desesperanza en la zona, ya que una gran parte de los habitantes de ese destino dependen del turismo para vivir”, cerró.

La megasequía que afecta a Chile, y principalmente a la zona central del país, se ha calificado como sin precedentes. Durante enero, la Dirección Meteorológica de Chile solo percibió 2 milímetros de agua en Santiago. En enero del 2021, registró 40 mm.

Este fenómeno se extiende a una serie de lagunas, ríos y lagos que se secaron, como los casos de Caburgua y Aculeo, entre otros. Y si bien en la zona sur ha llovido durante este verano, los expertos llaman a la cautela.

“Las relativamente buenas precipitaciones que se han registrado en el último mes en la zona centro sur son buenas noticias, pero dice muy poco respecto a cómo se presentará el invierno. Falta mucho tiempo para hacer proyecciones”, sostuvo Raúl Cordero, climatólogo y académico de la U. de Santiago.

Consultado por la duración del fenómeno de la Niña en el territorio, fue claro: “De acuerdo a la agencia norteamericana de la atmósfera y el océano, existe un 50 % de probabilidades de que el fenómeno de la niña remita durante el otoño. Si en efecto, la niña termina antes de nuestro invierno, mejoraría las posibilidades de tener precipitaciones en rangos en torno a lo normal. Esto porque la niña se asocia a bajas precipitaciones en la zona centro durante el invierno”.

También se refirió a la posibilidad de otro invierno hiperárido. “Otro invierno hiperárido tendría consecuencias devastadoras para la agricultura de la zona central y para los habitantes de zonas rurales. Pondría además presión extra a la provisión de agua de las grandes ciudades de la zona central. Sin embargo, es muy pronto para saber cómo se presentará el invierno 2022”.

“De todas formas, hay que tener claro que para la zona central de nuestro país el cambio climático significa cada vez más bajas precipitaciones. Esto significa que, aunque el 2022 no sea particularmente seco, Desafortunadamente no tendremos que esperar demasiado para ver otro año tan seco como el 2019 o el 2021”, cerró.