La rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes abrió una nueva controversia en Chile. Mientras el debate público se ha concentrado en los informes penitenciarios, la identificación de los beneficiados y las responsabilidades políticas de la medida, existe otra dimensión que vuelve a instalarse en el centro de la discusión: el impacto psicológico que la eventual o efectiva liberación de sus agresores puede provocar en las víctimas y sus familias.
Para quienes sobrevivieron a estos delitos, la noticia de que su agresor podría recuperar la libertad no representa únicamente una decisión administrativa o judicial. También puede reactivar experiencias traumáticas, sentimientos de amenaza y una percepción de inseguridad que no desaparece necesariamente cuando termina un proceso judicial. Francisca Jaque, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, explicó que estos anuncios pueden desencadenar “cuadros de hipervigilancia, insomnio, recuerdos intrusivos y pérdida de control, demostrando que el trauma no concluye de forma automática cuando finaliza el juicio”.
A este escenario se suma la denominada victimización secundaria, un fenómeno en el que el sufrimiento vuelve a profundizarse debido a la respuesta de las instituciones que deberían entregar protección. Jaque plantea que existe un concepto psicológico que permite comprender esta experiencia: “en psicología existe un concepto que nos ayuda a comprender este fenómeno: la traición institucional. Este concepto se utiliza para describir aquellas situaciones en que una institución de la cual se espera protección o apoyo responde de una manera que termina profundizando el sufrimiento de quienes dependen de ella”.
La sensación de desprotección puede intensificarse cuando las víctimas no reciben información oportuna sobre las decisiones que afectan la situación penitenciaria de sus agresores. Según el análisis de la académica, la falta de protocolos de notificación previa puede hacer que algunas personas se enteren de una liberación a través de titulares de prensa o publicaciones en redes sociales, sin contar con acompañamiento ni orientación para enfrentar la noticia. “no es lo mismo recibir una noticia difícil en un espacio donde existe información clara, respeto y acompañamiento, que enterarse inesperadamente a través de una publicación en redes sociales o de un titular de prensa”, advirtió.
La exposición mediática también puede abrir nuevos espacios de vulneración. La circulación de información sin un enfoque de cuidado, junto con comentarios que responsabilizan a las víctimas o minimizan la violencia sexual, puede generar experiencias adicionales de invalidación y aislamiento. En ese contexto, la discusión pública corre el riesgo de concentrarse exclusivamente en las consecuencias políticas de la controversia y dejar en segundo plano a quienes deben enfrentar nuevamente sus efectos emocionales.
Otro punto crítico es la interrupción de los procesos de reparación. Una sentencia puede representar un reconocimiento judicial del daño, pero no significa que el trauma haya terminado ni que la persona haya recuperado automáticamente su sensación de seguridad. Jaque explica que “cuando una persona ha vivido una experiencia de violencia grave, no solamente debe enfrentar las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Muchas veces también necesita recuperar la confianza, reconstruir sus relaciones, volver a sentirse segura y encontrar una manera de integrar esa experiencia en su propia historia”.
La controversia vuelve así a plantear preguntas sobre la responsabilidad del Estado, las instituciones penitenciarias y los medios de comunicación al informar decisiones que afectan a sobrevivientes de violencia sexual. Para la especialista, el desafío también está en la forma en que se comunica este tipo de resoluciones: “el desafío no consiste solamente en informar una decisión judicial, sino en preguntarnos cómo podemos evitar que la manera de comunicarla se transforme en una nueva fuente de sufrimiento”. Una discusión que no debería perder de vista que, detrás de cada expediente, existen personas y familias cuyo proceso de reparación no termina con una sentencia.