El avance de los cigarrillos electrónicos volvió a instalarse en el centro de la discusión pública. Luego de que se conociera que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda trabajan en una propuesta para aplicar un impuesto específico a los vapeadores y equiparar su carga tributaria con la del tabaco, especialistas de la Universidad de Chile sostienen que la discusión va mucho más allá de la recaudación fiscal: se trata de una medida con impacto directo en la salud de las futuras generaciones.
Aunque durante las últimas décadas Chile logró reducir de manera sostenida el consumo de cigarrillos gracias a políticas como el aumento de impuestos, las restricciones publicitarias y los espacios libres de humo, la irrupción de los vapeadores ha cambiado el escenario. Comercializados como una alternativa de menor riesgo para fumadores adultos, estos dispositivos han ganado terreno entre adolescentes y jóvenes, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica debido a la creciente evidencia sobre su potencial para generar dependencia e incluso facilitar el paso al consumo de cigarrillos convencionales.
Para Verónica Iglesias Álamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), el foco debe estar puesto en las consecuencias sanitarias de largo plazo. “Esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción de la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud”, afirma.
Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es que los daños asociados al vapeo no siempre aparecen de inmediato. Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, advierte que “Uno de los principales desafíos es que los efectos crónicos derivados de estas exposiciones no se hacen visibles de inmediato”. Esa latencia, explican los expertos, dificulta dimensionar el impacto real de estos productos, ya que enfermedades respiratorias graves como el cáncer de pulmón o la EPOC pueden manifestarse décadas después de la exposición.
La evidencia internacional también respalda el uso de impuestos como una herramienta para reducir el consumo juvenil. Organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran el incremento de precios una de las medidas más efectivas para disminuir el acceso de adolescentes a productos con nicotina. En Chile, el debate adquiere una dimensión adicional luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.642, que reguló los dispositivos electrónicos con y sin nicotina, aunque manteniendo un límite máximo de concentración superior al permitido en la Unión Europea. Los especialistas advierten, además, que incluso los vapeadores sin nicotina exponen a los usuarios a aerosoles potencialmente dañinos y contribuyen a normalizar su consumo entre los más jóvenes.
Más allá de la discusión tributaria, el mundo académico plantea que el desafío es proteger a una generación que creció rodeada de nuevos formatos de consumo. Para Iglesias, la responsabilidad del Estado es clara: “Proteger a niños, niñas y adolescentes frente a productos que generan dependencia o que los exponen a riesgos para la salud cuyos efectos pueden manifestarse años más tarde no es una restricción a la libertad individual, sino una obligación ética”. En ese contexto, gravar los vapeadores aparece no solo como una política económica, sino como una estrategia de prevención que busca evitar que la próxima crisis sanitaria se esté gestando, silenciosamente, entre nubes de vapor.