Valparaíso carga otra vez con una herida abierta. El 15 de mayo de 2024, el puerto fue escenario de una tragedia que estremeció a la ciudad: Mauro Alberto Gómez, un adolescente de 14 años, murió tras ser atropellado por un microbús en el Cerro Alegre. El conductor, Humberto Fuenzalida Ojeda, de 54 años, manejaba bajo los efectos de la cocaína y la marihuana. Meses después, el pasado 4 de diciembre, una historia igual de brutal volvió a repetirse con la muerte de Paloma Ulloa, universitaria de 19 años, también atropellada por un chofer de buses que se encontraba drogado.
Ambos casos no solo remecieron a la opinión pública, sino que empujaron nuevamente al centro del debate una iniciativa que llevaba tiempo dormida en el Congreso: el proyecto de ley Alberto, nombrado así en memoria de Mauro Gómez. La seguidilla de muertes terminó por acelerar los tiempos políticos y el Gobierno decidió ponerle urgencia a una propuesta que busca endurecer el control sobre los conductores del transporte público.
El corazón del proyecto es claro y directo. La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Marzán, establece que las empresas de transporte deberán realizar y financiar, cada seis meses, test de detección de drogas a sus conductores. Además, contempla la creación de un registro de estos controles, información que deberá ser puesta a disposición de las autoridades competentes, junto con un régimen de sanciones que va desde multas hasta la revocación de la autorización para operar en caso de reincidencia.
La discusión no es solo legal, sino también sanitaria. En conversación con Diario Usach, el toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Usach, Leonel Rojo, explicó que los efectos de las drogas al conducir pueden variar ampliamente según la sustancia y su combinación con alcohol. “Algunas sustancias aumentan el efecto depresor del etanol y otras lo contrarrestan. Las anfetaminas tienden a estimular la atención y vigilia de las personas. Los derivados de la morfina, el fentanilo, el diazepam y los antihistamínicos aumentan los efectos depresores del alcohol y, por eso, afectan negativamente a la conducción”, señaló.
Rojo añadió que a este listado se suman medicamentos y drogas de uso relativamente común, como el clonazepam, la clorfenamina, los antiepilépticos, la codeína, la ketamina y distintos opioides, todos con potencial impacto negativo en la capacidad de reacción y toma de decisiones al volante. Un escenario que vuelve especialmente delicada la conducción de vehículos de transporte público, donde el riesgo no es individual, sino colectivo.
Desde el punto de vista normativo, la legislación chilena ya establece prohibiciones explícitas. La Ley de Tránsito 18.290 sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Sin embargo, para Daniel Arancibia, ingeniero civil en Geografía y académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial de la Usach, el problema no es solo la existencia de la norma, sino su aplicación efectiva. “La legislación chilena estipula penas de cárcel, multas y la suspensión o cancelación de la licencia, todo de acuerdo y al nivel de la falta”, explicó, agregando que las atenuantes se evalúan en función de “la peligrosidad para la sociedad que puede tener un conductor”.
La urgencia legislativa impuesta por el Ejecutivo busca precisamente cerrar esa brecha. Según Arancibia, la señal es inequívoca: “La Moneda le está exigiendo al Congreso su discusión y despacho en un plazo no mayor al de los 15 días”. Una carrera contra el tiempo que, para muchos, responde a una sensación de deuda acumulada frente a tragedias que ya no se perciben como hechos aislados.
Para Leonel Rojo, el foco debe estar en la prevención sistemática. En el cierre de la discusión, el académico fue enfático al señalar que, frente a la realidad que vive el país, es fundamental “que los empleadores implementen controles periódicos de drogas en orina para sus conductores”. Una frase que resume el espíritu del proyecto Alberto y que hoy, tras dos muertes que marcaron a Valparaíso, suena menos a advertencia y más a urgencia impostergable.