Este viernes, culminó la vigesimoctava Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM), edición organizada por la Universidad de Santiago de Chile y coordinada por su Departamento de Relaciones Internacionales.

La jornada se extendió durante tres días consecutivos y permitió a 567 estudiantes de pre y postgrado de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay exponer de manera telemática en cinco sesiones y 98 mesas de exposiciones orales.

Los ejes del encuentro, que agrupó a las 38 de las 40 universidades de AUGM, fueron las ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias de la vida y la relación entre las distintas disciplinas del conocimiento. La cita contó con 158 evaluadores de estas casas de estudios superiores. 

Algunos de los temas que se trataron fueron salud, medioambiente y contaminación, género, inclusión, desarrollo regional y la generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia.

En este último tema, el estudiante de postgrado de la Universidad de la Plata (Argentina), Ernesto Suárez, presentó la investigación “Alfabetización digital para combatir la infodemia: hacia una ética de medios que contemple los sesgos cognitivos tras la posverdad y las teorías conspirativas”.

Suárez explica que una de las características de la pandemia ha sido la considerable circulación de noticias falsas. A su juicio, la ética de los medios de comunicación no ha logrado dar solución a este problema, por lo que postula la necesidad de avanzar en alfabetización digital para contrarrestar el efecto, por ejemplo, de teorías conspirativas anti-vacuna.

Por otra parte, “Configuración del conocimiento matemático para la enseñanza postpandemia desde la generación de proyectos innovadores con incidencia social” fue el nombre de la presentación de Denise Rudi, estudiante de la Universidad de Rosario (Argentina).

La investigadora destaca una instancia específica en la carrera de Profesorado en Matemática de su casa de Estudios, abocada a la formación de la sociedad, pero con una mirada de compromiso social por parte de la academia. 

En tanto, Beimar Nava, estudiante de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) propuso el tema “Diseño de espacios urbanos comerciales efímeros con enfoque postpandemia”.

El investigador señala que la crisis sanitaria ha afectado significativamente al comercio minorista, exponiéndolo a condiciones insalubres y poco eficientes de espacios urbanos comerciales, por falta de planificación. Por eso, propone replantear el diseño de dichos espacios.

La clase magistral de la jornada estuvo a cargo de la académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, Kathya Araujo, quien se refirió a los desafíos de la producción de conocimientos en ciencias sociales para América Latina.

Para la investigadora, en Latinoamérica se ha trabajado con teorías sociales que han sido producidas, mayoritariamente, por países como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, cuyas pretensiones de universalidad se explicarían por el interés geopolítico de estas naciones. 

“Para enfrentar la producción de conocimientos en América Latina, estamos ante el desafío de abandonar el tutelaje teórico por parte de los países centrales y eso significa ir un paso más allá… Tenemos que entender la especificidad de nuestras sociedades sin definirnos como islas ni renunciar al hecho de que estamos en un diálogo más allá de nuestras fronteras”, sostuvo.

Como anfitrión del encuentro, el Rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, valoró los aportes en materia de investigación expuestos durante la instancia. “Sus trabajos serán, sin duda, un aporte sustantivo al desarrollo de las sociedades desde la academia, dando respuesta a los desafíos que se nos presentan”, afirmó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de AUGM, Álvaro Maglia, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro fue “generar grupos de investigación internacionales, interinstitucionales, que den respuesta a los problemas estratégicos de nuestra región”.

Finalmente, la Presidenta de AUGM y Rectora Universidad Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart, solidarizó “con todas las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia o que sufrieron los impactos de esta que es la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos y también una grave crisis social, humanitaria y económica”.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamenta la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, y expresa su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.

De acuerdo con la información recabada por la Oficina, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete.  

En este contexto, la Oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas. 

El Representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos ocurridos en Cañete. Señaló que “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”. 

La Oficina recuerda al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debe ser cumplida por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Es de especial preocupación para la Oficina el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En este contexto, Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones.” El Representante añadió que en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario. 

Preocupa igualmente a la Oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza.

Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.

Al mismo tiempo, la Oficina condena el espiral de violencia en la zona y hace un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche.” 

La Oficina solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

En el marco de las actividades globales por “Octubre Trans”, mes designado internacionalmente para combatir la despatologización de estas identidades de género, y Chile hace noticia por las violentas protestas contra los inmigrantes en Iquique, investigadores de la Universidad de Chile publicaron los resultados del estudio FONDECYT “Migrantes/refugiadas trans en Chile: sexilio, transfobia y solidaridad política”.

La investigación indaga en la migración de las personas trans, un fenómeno poco tratado y para el cual los organismos de derecho internacional y activistas piden protección urgente. El trabajo -realizado por la doctora Caterine Galaz, coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, GT Migración Sur-Sur de Clacso y Rubén Menares, trabajador social e investigador de este Núcleo- presenta las trayectorias de personas migrantes trans en nuestro país, considerando los escenarios transfóbicos, sociales e institucionales a los que se enfrentan y develando sus estrategias de resistencia.

Para el estudio, Galaz y Menares entrevistaron a 10 migrantes y refugiadas trans en Chile provenientes de Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyas edades oscilan entre los 19 y 40 años, con un tiempo de residencia de entre uno y cinco años, y que viven en la Región Metropolitana, en las comunas de Quinta Normal, Santiago, Recoleta. Todas indicaron haber escapado de sus respectivos países de origen para proteger sus vidas de la violencia estructural e interpersonal que sufrían. Un tema no menor, pues aún existen 13 países que criminalizan con normativas legales a las personas trans, según el tercer Informe de Mapeo Legal Trans redactado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA).

“Estaba en sexto grado y ya había estado dos años sin estudiar. Me recluí en la casa en la que vivía con mi abuela, pues mi mamá ya estaba acá en Chile. Estuve esos dos años encerrada y deprimida por esa violencia que veía venir, incluso antes de que llegara […] Mi vida corría riesgo constantemente por ser una negritud marica y afeminada, porque igual eso era algo que se recalcaba, me hicieron mucho bullying al punto de llegar a las agresiones”, cuenta Esmeralda, una migrante trans colombiana.

El trabajo reveló que la mayoría de las personas trans migran a Chile porque en sus países de origen sufren violencia, censura al activismo LGTBI+ y tienen escasa implementación de políticas públicas, por ejemplo, de cambio de nombre formal, acceso a trabajo y salud, garantía de medicamentos relacionados con infecciones de transmisión sexual (ITS) y tratamientos hormonales, entre otras.

“Todavía hay tortura por orientación sexual, por expresión de género en varios países de la región. Uno lo ve y lo palma a diario en la atención directa con personas migrantes no heterosexuales, esto no ha terminado […] Hay países que se han quedado detenidos en el tiempo en la defensa de los derechos de la diversidad sexual… en Venezuela, pese a los avances formales, las violencias se mantienen”, dice Pablo, un trabajador social entrevistado para este estudio y miembro de una ONG pro-defensa de derechos LGBTI.

Por eso, en la investigación, Galaz y Menares hablan de un sexilio . “El hecho de que su identidad sexual fuera censurada, violentada o perseguida de distintas maneras y en diferentes espacios sociales, las empuja a salir para poder sobrevivir, en algunos casos, mejorar las condiciones de vida o desarrollar su transición identitaria de manera más plena. No obstante, estas experiencias se vinculan también a la falta de recursos económicos para poder sostener sus vidas y la inexistencia de iniciativas públicas de soporte a estos colectivos”, dice Caterine Galaz, autora principal del estudio.

El problema central, indican, es que en el campo de los estudios migratorios la movilidad de personas LGTBI+ no solo ha sido insuficientemente tratada, sino que -a nivel de las políticas públicas y medidas internacionales de los flujos migratorios- el sujeto a priori de dichos articulados es una persona heterosexual. “Por lo mismo, la presencia de personas migrantes trans tensiona la noción clásica de frontera, que no es solo física, pues deja en evidencia que existen sujetos no considerados para la protección en su entrada al país como sujeto migrante, sino también al nivel de las corporalidades sexuales permitidas en el nuevo contexto”, dice Galaz.

En este sentido, dice la académica de la Escuela de Trabajo Social de la U. de Chile, es importante poner atención al desamparo que sufren estas personas por parte del Estado, donde se destaca el desacoplamiento entre el proceso de regularización migratoria y las políticas de identidad de género; así como la naturalización de las violencias cis/hetero/normativas, que impiden la acogida por no estar contempladas tales identidades como causas de refugio. “Ni hablar de apoyo psicosocial y acompañamiento enfocados en personas migrantes y refugiadas LGTBI+, todo lo cual redunda en un escaso acceso a salud, educación, trabajo y apoyos directos, y afecta específicamente a las personas no regularizadas”, afirma.

Pese a lo anterior, la movilidad trasnacional de estas personas les abre la posibilidad de vivir con mayor libertad sus identidades de género y, a algunas, les da acceso a tratamientos médicos y también a una participación activista, así como a espacios de contención por parte de determinadas organizaciones trans.

“Les hace sentir que en Chile son mucho más libres o tienen muchas más posibilidades en esa dimensión de su vida, y eso no tiene tanto que ver con el país al que llegaron, sino con el hecho de haberse alejado de su contexto de origen… Por otro lado, entrar a estos colectivos trans les permite conocer otras corporalidades, otros contextos de lucha y otras posibilidades de acción que no fueron planificadas en su proyecto migratorio… Es un tipo de activismo contingente político, aunque su foco sea la sobrevivencia, pues a partir de este se buscan transformar las situaciones de injusticia que los afectan”, dice Menares.

Esta realidad es la que transmite el relato de Esmeralda, quien enfatiza que su vinculación con una fundación en Chile, que se dedica al trabajo con menores de edad trans, trajo consigo la posibilidad de que la respetaran en su identidad.

“Cuando entré a Chile me dio como un alivio… Porque en ese momento no estaba siendo libre… Mi entorno no me estaba viendo de la forma en que yo quería que me vieran… Eso cambió mucho (luego de tener el apoyo del colectivo), porque igual, cuando te violentan y no sabes reaccionar, te quedas con el sabor amargo, triste… En cambio, al reaccionar hace que esa otra persona nunca más te pase a llevar, te discrimine o no respete a las trans o travestis… Ser activista me ha permitido conocer y ser consciente de otras realidades duras (también aquí en Chile)… El repensarnos, cuestionarnos y poder acercarnos y unirnos con otras personas nos permite generar resistencia desde la no pertenencia, desde el no querer estar dentro de esta hegemonía blanca y colonial que se nos impone, y resistir desde nuestras corporalidades con orgullo, fuerza, valentía y, al fin y al cabo, juntes”, dice Esmeralda.

Una nueva arista de los “Pandora Papers” se dio a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en donde el nombre del presidente Sebastián Piñera salió a la palestra. En el reportaje, se reveló que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

Conocidas por ser un paraíso fiscal, este hecho generó un verdadero remezón político, con algunos parlamentarios pensando en una acusación constitucional y con el mandatario saliendo a dar explicaciones. “La decisión de vender minera Dominga no me fue consultada ni informada”, se defendió Piñera.

Para Pamela Figueroa, politóloga y académica de la Usach, esto “resulta muy dañino para la situación que vive la sociedad mundial en estos tiempos”. En ese sentido, apuntó su carácter de “gravedad” tanto para el gobierno chileno y el rol del presidente Piñera, como a nivel de impacto en todo el mundo.

Respecto a la defensa de Piñera, fue clara. “Me parece una respuesta que fue inadecuada para la gravedad del problema, creo que se esperaba que por lo menos dijera que el proyecto Dominga se congelara mientras se desarrollaba la investigación. Fue insuficiente”.

Consultada sobre una posible acusación constitucional, Figueroa sostuvo “que hay que estudiar bien el detalle, porque sería por conflicto de intereses, más que por hacer solamente transacciones a un paraíso fiscal”. “Es algo que deben investigar bien los parlamentarios”, cerró.

Tras el inicio de la pandemia de COVID-19 y la rápida expansión de la enfermedad a escala global, los diferentes Estados tomaron una serie de medidas para contenerla, entre ellas, algunas  que restringieron la movilidad de las personas y cierre de fronteras y de escuelas.Pero no solo la movilidad fue un aspecto trastocado. También se evidenciaron consecuencias que afectaron de manera diferenciada a grupos más vulnerables dentro de la población general, profundizando las desigualdades pre-existentes, ante lo cual los Estados adoptaron una serie de medidas con el objetivo de enfrentarlas y disminuirlas.

Con el objetivo de conocer los efectos de estas medidas en las realidades de Chile y Argentina, particularmente las referidas a la violencia de género,  un equipo liderado por la profesora de la U. de Chile, Tatiana Rein, y  de la Universidad de San Martín, Fernanda Page, analizó ambos casos, llegando a la conclusión de que, aunque ambos países realizaron importantes esfuerzos para responder a esta situación extraordinaria, fueron insuficientes y adolecieron de una serie de limitaciones que les impidieron ser exitosas.

Al respecto, el proyecto “Medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de Covid-19”,financiado por ANID y el Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, se basa en un análisis de contenido y estadístico de 1360 artículos de prensa y 45 entrevistas semi estructuradas con funcionarias de organismos de los Estados involucrados y de referentes de la sociedad civil. Entre sus resultados, el estudio identificó una serie de diferencias entre ambos país. 

La primera contempla la definición de violencia: El trabajo identifica que, si bien Argentina cuenta con una ley integral que abarca de manera amplia diversos tipos y modalidades de violencia, Chile tiene sólo una ley de violencia intrafamiliar, que regula un tipo específico, dejando restringida la acción del Estado. En el contexto de la pandemia, aunque las medidas adoptadas por ambos Estados se supone que abarcan la violencia en todas sus dimensiones, el énfasis estuvo en la violencia intrafamiliar, desatendiendo o no considerando otras situaciones como violencia sexual, obstétrica, económica, callejera o digital.

Otra diferencia es el peso de la sociedad civil. La presión de las organizaciones sociales fue clave en el proceso de definición de las medidas que el Estado implementó en Argentina, pero en Chile no se las incorporó hasta muy avanzada la situación, y con las medidas ya definidas, teniendo más peso la experiencia de otros países. 

Uno de los hechos que llamó la atención es que durante la pandemia aumentó el número de llamadas de auxilio, pero disminuyeron las denuncias, lo que de acuerdo a la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, Tatiana Rein, se puede deber a factores como la confinación de las mujeres con sus agresores debido a las restricciones sanitarias, al desconocimiento de las medidas que les permitían salir de sus casas si eran víctimas de violencia o de los mecanismos de denuncia virtual, y al “impacto económico que tuvo la pandemia en la población, que afectó en forma desproporcionada a las mujeres. Esto tiene una implicancia en que si las mujeres no tienen sustento económico ni redes a las que recurrir, probablemente se mantengan con su agresor, ya que no encuentran una salida a su situación”.

La profesora Rein destacó que tanto Chile como Argentina adoptaron numerosas medidas para contener la violencia, con especial énfasis en la entrega de información como  la línea 144 en Argentina y la 1455 en Chile; la adopción de canales silenciosos, como chat, o el Barbijo rojo en Argentina y la mascarilla 19 en Chile. Sin embargo, si bien estas medidas son importantes “no dan una respuesta integral a la violencia: no apoyan a las mujeres con las denuncias, con la necesidad de salir del hogar, con apoyo sicológico, entre otros, y por supuesto no contribuyen a la prevención de la violencia”.

“Las medidas implementadas debieran haber sido diseñadas y especialmente implementadas considerando la diversidad que existe dentro de la categoría mujeres, es decir, mujeres indígenas, migrantes, adultas mayores, de sectores socioeconómicos desventajados, niñas, mujeres lesbianas o trans, entre otras, a fin de dar respuesta adecuada a sus situaciones específicas. Las medidas también debieron ser implementadas considerando la diversidad territorial y asegurar que pudieran llegar de forma adecuada a todas las localidades”, sigue la académica de la U. de Chile. 

Para el estudio, las medidas fueron analizadas desde las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En cuanto al  primero, señalan que partiendo de la base de que ya había elementos restringidos por la definición estrecha de violencia, en el caso argentino las líneas telefónicas no dieron abasto y en algunas provincias se debió incorporar líneas adicionales.

En ambos países la investigación determinó que la capacidad de los/as funcionarios/as en ámbitos como el judicial, de salud o policial está poco desarrollada por lo que la atención de víctimas no es óptima.

Respecto a la accesibilidad, ni en Chile ni en Argentina las medidas llegaron a toda la población. En el caso de Argentina, el tamaño del territorio y el carácter federal del Estado provocaron dificultades requiriéndose además una mayor coordinación para que fueran efectivas, cosa que no sucedió. A nivel local, a pesar de que las medidas se toman de manera centralizada, la necesaria coordinación interinstitucional fue deficiente en ámbitos como el judicial, el funcionamiento de las casas de la mujer o de las policías.

Otro factor que afectó es que las medidas no contemplaron a la mujer en toda su diversidad, por lo que quienes contaban con algún tipo de discapacidad no necesariamente lograron informarse de las medidas, las mujeres de estratos socioeconómicos más bajos tenían mayores dificultades para acceder a internet o a recursos para sobrevivir en caso de agresión. Tampoco se consideró a la población LGBTIQ+ o a las mujeres migrantes o indígenas.

Sobre aceptabilidad, si bien las medidas se enfocaron en la violencia intrafamiliar, que aumentó considerablemente en el contexto de la pandemia, no hubo respuesta a otros problemas, como la entrega de servicios relacionados a salud reproductiva o ciber violencia. No hubo reforzamiento en la prevención, la atención integral y a dar respuesta a otras formas de violencia. No se incorporó formas de evaluación que den cuenta de la situación de violencia ni de la calidad de la respuesta estatal adoptada.

Finalmente, respecto a la adaptabilidad, no se consideró una adaptación de las medidas a las particularidades de cada territorio, como zonas rurales o remotas, ni tampoco a grupos culturales como migrantes o pueblos indígenas. Tampoco estuvieron presentes grupos especiales de mujeres con situaciones especiales de vulnerabilidad: niñas, adolescentes, adultas mayores, con alguna discapacidad, etc.

Las integrantes del proyecto propusieron una serie de recomendaciones de manera de superar las limitaciones identificadas. Entre estas se encuentra planificar e implementar políticas contra la violencia hacia las mujeres que abarquen todas las formas de violencia y que incorporen de forma importante la prevención.

Se suma garantizar el alcance nacional de las políticas por violencias en razón de género, tomando en consideración las consideraciones territoriales particulares y las necesidades específicas de los grupos poblacionales.

Apuntaron también a  implementar formación específica y orientada a operadores judiciales, personal policial y personas que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia. Además, relevaron la necesidad de adoptar medidas para eliminar los sesgos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia.

Adoptar medidas que contribuyan a acortar la brecha digital, disminuyendo la desigualdad en el acceso a internet y las tecnologías de la información y la comunicación; fortalecer y elaborar políticas de corresponsabilidad de cuidado para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo; establecer encuestas permanentes sobre todos los tipos de violencia de género, que incorporen una perspectiva interseccional; y elaborar mecanismos de evaluación constante de las políticas públicas y medidas implementadas, también fueron parte de las propuestas.

El Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) aprobó hoy la incorporación de 20 nuevos sitios de 21 países a la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Con estas designaciones el número total de reservas de biosfera en el mundo asciende ahora a un total de 727 (22 de ellas transfronterizas), repartidas por 131 países. Las reservas de biosfera de la UNESCO cubren ahora más del 5% de la superficie terrestre, y en ellas, la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, la investigación y el desarrollo sostenible van de la mano.

En su reunión celebrada en Abuja (Nigeria) entre el 13 y el 17 de septiembre, primera celebrada en el continente africano, el Consejo Internacional de Coordinación del programa MAB aprobó esas designaciones y procedió también a ampliar o volver a zonificar dos reservas ya existentes. Este programa está cumpliendo 50 años de vida en 2021.

Este año, entre las nuevas reservas designadas para formar parte de la Red Mundial figuran las de Matšeng, Ashaafean y Juzur Farasan, ubicadas respectivamente en Lesoto, Libia y Arabia Saudita. Con esas designaciones estos tres países se incorporan por primera vez a la Red. En Europa, la Reserva de Biosfera de Mura-Drava-Danubio se convierte en el primer sitio de la Red gestionado conjuntamente por cinco países: Austria, Croacia, Eslovenia Hungría y Serbia.

Las reservas de biosfera son un elemento esencial para la educación, la investigación y la concienciación para fomentar prácticas innovadoras en materia de desarrollo sostenible y contrarrestar la pérdida de biodiversidad. La red que forman apoya a las comunidades locales e indígenas y a los Estados Miembros en la tarea de conocer mejor, valorar y salvaguardar la riqueza biológica del medio ambiente en que viven.

Las nuevas reservas de biosfera son designadas cada año por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB, un órgano ejecutivo rotatorio integrado por representantes elegidos de 34 Estados Miembros de la UNESCO. El MAB, creado en 1971, es un programa científico intergubernamental precursor desde hace medio siglo de la idea del desarrollo sostenible.

Las nuevas reservas son:

Reserva de Biosfera Plurinacional de Mura-Drava-Danubio (Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría y Serbia)

Reserva de Biosfera de Atl’ka7tsme/Howe Sound (Canadá)

Reserva de Biosfera de Martinica (Francia)

Reserva de Biosfera del Sur del Mosela (Francia)

Reserva de Biosfera de Kolsai Kolderi (Kazajstán)

Reserva de Biosfera de Matšeng (Lesotho)

Reserva de Biosfera de Ashaafean (Libia)

Reserva de Biosfera de Penang Hill (Malasia)

Reserva de Biosfera Transfronteriza de la Depresión del Lago Uvs (Mongolia y Federación de Rusia)

Reserva de Biosfera del Archipiélago de las Wando (República de Corea)

Reserva de Biosfera Avireri-Vraem (Perú)

Reserva de Biosfera de Kuznetski Alatau (Federación de Rusia)

Reserva de Biosfera del Gran Bogdo (Federación de Rusia)

Reserva de Biosfera de Juzur Farasan (Arabia Saudita)

Reserva de Biosfera Ribeira Sacra e Serras Do Oribio e Courel (España)

Reserva de Biosfera de Doi Chiang Dao (Tailandia)

Reserva Estatal de Biosfera del Bajo Amudarya (Uzbekistán)

Reserva de Biosfera de Nui Chua (Viet-Nam)

Reserva de Biosfera de Kon ha Nung (Viet-Nam)

Extensión, recalificación o cambio de nombre de las reservas de biosfera existentes:

-Reserva de Biosfera del Apenino Tosco-Emiliano (Italia)

-Reserva de Biosfera Lauca (Chile)

La plataforma online BiblioQuinoa, nació con el objetivo de ser una vitrina para las obras entorno a los pueblos originarios de América, ofreciendo acceso organizado, sin limitaciones geográficas y de distribución actuales y a un precio mucho menor al de los libros físicos. En este catálogo, las personas pueden acceder a contenidos sobre antropología, política, ensayo, literatura infantil y juvenil y documental, entre otros, además de transmisiones en vivo de eventos, actividades, charlas y congresos sobre la materia. 

“BiblioQuinoa busca nutrir; al igual que el importante alimento presente desde los orígenes del poblamiento americano; de conocimiento, memoria, historia y sabidurías ancestrales de las naciones indígenas”, explica Rocío Barros, directora de BiblioQuinoa. En esta línea, agrega que en esta biblioteca y videoteca virtual, “las personas podrán encontrar títulos escritos por autores de cualquier nacionalidad sobre algún tema referente a los pueblos originarios o autores indígenas que se expresan sobre los más diversos tópicos”. 

A este espacio cultural, que posee cientos de libros y videos de las mejores editoriales de Chile y Latinoamérica, se puede ingresar mediante una cuenta gratuita, para ver sin costo los streamings y una lista de libros y videos seleccionados que cambian mes a mes, o bien por una membresía pagada (US$10 aproximadamente) para acceder a todo el contenido de la plataforma, con descuentos por pago de seis meses o por un año. 

Asimismo, las instituciones pueden contratar un plan especialmente diseñado para ellas, con accesos sin necesidad de internet, diseño personalizado con logos de la organización e integración en biblioteca con usuarios y servidores de la institución. 

Catalogada como la principal industria emblemática de la nación y la principal exportación industrial, Chile exporta más de dos mil millones de dólares en vino, lo que convierte a nuestro territorio en la cuarta potencia del mundo como exportadora. Solo superada por las tres superpotencias de Francia, España e Italia, pero por sobre países como Estados Unidos, Australia, Argentina, Nueva Zelanda o Sudáfrica, Chile tendría el potencial, sin embargo, no el desarrollo de identidad de la industria.

Así enmarca la situación de nuestro país el historiador y académico del Instituto de Estudios Avanzados Usach, Dr. Pablo Lacoste, quien apuntó que, ante este problema, el vino chileno tendría un precio de venta “muy bajito”, siendo percibido en el mercado como un vino sin mucho valor simbólico o patrimonial, un área importante para tener “mayor rentabilidad para los viticultores, para la gente del campo, toda la industria y la cadena de valor que podría fortalecerse gracias al desarrollo de esta dimensión”.

Es ante esto es que surgió el estudio sobre las viñas patrimoniales en Chile, recientemente publicado en la revista científica italiana “Opificio della Storia”, que buscaría revertir esta situación y poner valor a la dimensión patrimonial de los viñedos de nuestro país.

“Hasta ahora, Chile no ha podido desarrollar la dimensión simbólica, cultural y patrimonial de sus vinos. Este ha sido el lado débil que ha sufrido la industria vitivinícola chilena. A diferencia de lo que ocurre con los países del llamado “nuevo mundo vitivinícola”, donde la tradición vitivinícola es muy reciente como en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, en Chile es muy antigua. En estos 500 años de tradición que tiene, todavía no lo ha podido poner en valor y realizar desde el punto de vista patrimonial y simbólico”, sostuvo el académico y autor del libro “La vid y el vino en el Cono Sur de América”.

El estudio, en el que también formó parte el fundador del Diplomado en Vino Chileno de la PUC y director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor, Philippo Pszczolkowski, y el creador del 4 de septiembre como Día Nacional del vino chileno, Gonzalo Rojas, detectó 15 mil hectáreas, al interior sur del Río Mataquito hasta el Bío Bío que mantuvieron los métodos tradicionales de cultivo de comienzos de la colonia española con desarrollo de métodos propios de sistema de riegos y de vinos con uva tradicional del país que lograron mantenerse vivas “a pesar del discurso de la industria que recomendaba arrancar las cepas tradicionales y plantar la cepa francesa”.

“Los campesinos fueron fieles a su identidad, a su legado cultural, y mantuvieron estas viñas, y estas son las viñas que tienen ahora un enorme valor patrimonial. Desde ahí surge esta idea, se ha ido reflexionando de la importancia del patrimonio vitivinícola. Para ayudar a que se instale el tema en la agenda para tratar de crear conciencia y lograr el apoyo de la cancillería y la presidencia de la República para hacer la postulación formal ante la UNESCO de estos viñedos como Patrimonio de la Humanidad”, apuntó el Dr. Pablo Lacoste, también director de la Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad (RIVAR).

Con el objetivo de lograr el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el historiador indicó que este paso lograría subir de categoría a la industria, incorporarse a un mapa mundial en una corriente internacional de turismo que va a conocer los viñedos patrimoniales lo que podría ser rentable para las regiones del Maule, Ñuble y del Bío Bío y un impacto social y económico relevante para el país. “Si logramos que estos viñedos campesinos se conviertan en Patrimonio de la Humanidad, vamos a tener múltiples beneficios sociales y económicos porque esas zonas son de fácil acceso, y los campesinos podrán poner en marcha un montón de pymes turísticas para recibir a esos turistas. Además, vamos a frenar el avance de la frontera forestal, que es la que está avanzando en esos territorios, que arrancan viñas patrimoniales de 500 años para plantar eucaliptos y pinos porque resultan más rentables”, concluyó Lacoste.

Las Naciones Unidas y sus socios han hecho hoy un llamado para conseguir 187,3 millones de dólares que se necesitan urgentemente para proporcionar ayuda vital a más de 800.000 personas afectadas por el devastador terremoto de Haití, incluyendo refugio, agua y saneamiento, atención sanitaria de emergencia, alimentos, protección y recuperación temprana. Un terremoto de 7,2 grados de magnitud sacudió Haití el 14 de agosto causando daños a gran escala en la península del sur del país. Más de 2.200 personas perdieron la vida y más de 12.000 resultaron heridas.

Le siguió la tormenta tropical Grace, que provocó inundaciones en las zonas afectadas por el terremoto. La situación también ha aumentado el riesgo de otra oleada de COVID-19, ya que la vacunación contra esta enfermedad no había comenzado en Haití hasta mediados de julio. El llamado de emergencia se destinará a 500.000 de las personas más vulnerables de las 650.000 identificadas como necesitadas de asistencia. Inmediatamente después de la catástrofe, bajo el liderazgo del Gobierno, los socios humanitarios locales e internacionales lanzaron rápidamente una operación de ayuda masiva. Los equipos de búsqueda y rescate y los equipos médicos están trabajando para encontrar supervivientes y proporcionar atención médica urgente en zonas de difícil acceso. Los socios han comenzado a suministrar agua potable y alimentos a las víctimas del terremoto.

El Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, subrayó: “Necesitamos que los esfuerzos de recuperación y reconstrucción comiencen en serio y simultáneamente con la respuesta humanitaria”. El Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Bruno Lemarquis, declaró: “Haití y su pueblo necesitan hoy más que nunca la solidaridad del mundo al tener que hacer frente a múltiples crisis al mismo tiempo. Agradecemos a los países que han respondido tan rápida y generosamente con personal y ayuda humanitaria y esperamos que continúen haciéndolo.

En el contexto de esta respuesta, avanzando hacia la recuperación, y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del devastador terremoto de 2010, será absolutamente esencial apoyar y respaldar el liderazgo nacional y los esfuerzos de coordinación, apoyar las capacidades nacionales y locales, los sistemas, los actores económicos, y aprovechar los conocimientos y la experiencia de Haití para una respuesta contextualizada.”

“Las Naciones Unidas y sus socios están trabajando junto con el Gobierno de Haití para atender las necesidades urgentes de los haitianos afectados por el terremoto y la depresión tropical Grace”, dijo el Coordinador Adjunto de Ayuda de Emergencia de la ONU, Ramesh Rajasingham. “Para ello, necesitamos financiación inmediata”. Y continuó: “Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos a todas las personas necesitadas. Todas las partes, incluidos los grupos armados, deben garantizar que las organizaciones humanitarias y los suministros de ayuda tengan un acceso sostenido y seguro a las zonas afectadas.” 

El aumento de la violencia relacionada con las bandas desde junio ha provocado el desplazamiento de unas 19.000 personas en zonas cercanas a la capital, Puerto Príncipe, lo que ha dificultado el acceso a la península suroccidental afectada por el terremoto.

El llamado refleja tanto la magnitud de las necesidades como los importantes retos logísticos relacionados con la prestación de una respuesta humanitaria eficaz a gran escala en zonas de difícil acceso. Los socios proporcionarán servicios básicos de emergencia, como alojamiento, agua y saneamiento, salud, alimentos, educación y servicios de protección a 500.000 personas. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU ha puesto a disposición 8 millones de dólares para poner en marcha las actividades humanitarias sobre el terreno.

El Servicio Nacional de Migraciones y la PDI dieron a conocer las cifras oficiales de extranjeros que han entrado y salido del país hasta julio de 2021. “Por primera vez en muchísimos años tenemos un flujo negativo”, explicó el director del Servicio, Álvaro Bellolio. “La señal que había en Chile, de esta migración descontrolada, donde los migrantes entraban como turistas y buscaban suerte y que estaba muy validada, se desmitificó”, consideró.

Para Adriana Palomera, académica del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago, la disminución en el flujo se relacionaría con el foco restrictivo con que el Gobierno ha abordado el tema migratorio. De acuerdo a las cifras, hasta julio del 2021, ingresaron a Chile 401.798 extranjeros y salieron 415.932. Es decir, hubo 14.134 personas que no volvieron más al país. En 2019, se habrían quedado 314.815 migrantes en el país.

Sin embargo, Palomera advierte que una de las consecuencias de esto puede ser el aumento de ingresos ilegales al país. “El tráfico o de la trata de personas va a ir creciendo a medida que hay mayores restricciones”, afirmó. De acuerdo a la experta en migraciones y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, Daisy Margarit, cifras del Servicio Jesuita Migrante, a través de Transparencia, indican que a junio de 2021 se han registrado 20.876 personas que ingresaron por pasos no habilitados. 

“Nunca en la historia habíamos tenido un ingreso tan elevado de personas que han ingresado a través de pasos no habilitados, con las consecuencias que hemos visto. Personas han muerto en las fronteras por hipotermia o han sido dejadas en la carretera, por las redes de trata y tráfico de personas. Hay una realidad que no podemos obviar. Si nos quedamos solo con las cifras oficiales, no estamos comprendiendo el fenómeno migratorio”, apuntó.

Finalmente, Palomera, criticó lo restrictivo de la normativa. “Si la gente no ingresa y no va a regularizarse por miedo a que lo expulsen, porque hay una ley restrictiva y que castiga, eso refleja los problemas de las legislaciones de este tipo”, concluyó.