Luego del triunfo de la opción Apruebo y Convención Constitucional en el plebiscito de este domingo 25 de octubre, especialistas de la Universidad de Santiago en política, economía y salud se refirieron a los posibles efectos de esta votación. 

Para la politóloga, integrante de la Mesa Técnica para una Nueva Constitución y académica de la Usach, Pamela Figueroa, lo más destacable de la jornada fue el aumento de la participación, incluso en tiempos de pandemia, tanto en comunas de zonas más populares de la Región Metropolitana como en otras regiones del país.

A juicio de la especialista, este indicador “quebró la tendencia a la baja participación electoral y representó una inflexión positiva”. 

Por otro lado, destacó que “hay una clara señal de que Chile no es una sociedad polarizada. El 78,27% por el Apruebo y el 78.99% por la Convención Constitucional, casi 80% en ambos casos”, destacó.

La académica de la Facultad de Humanidades de la U. de Santiago indicó que los resultados de las votaciones muestran una “clara tendencia a generar cambios por vía democrática”, además de una muestra de que la desigualdad económica “tiende a manifestarse también en términos de participación electoral”. 

“La alta preferencia por la Convención Constitucional es una señal clara de la ciudadanía, de que las chilenas y chilenos quieren participar en la elección de quiénes serán sus representantes en la convención. También, han optado por un órgano de debate constitucional que sea paritario y que tenga representación de independientes. Creo que eso va a ser muy beneficioso para el desarrollo democrático de Chile”, apuntó Figueroa. 

Una de las incógnitas tras el resultado del Plebiscito era la reacción de los mercados. Para el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Victor Salas, los resultados de las votaciones tienen un aspecto positivo al ser un triunfo amplio, lo que incrementará el espectro político y podría reducir los efectos que se esperaban.

“Evidentemente, los resultados, tanto del dólar como de la bolsa, que son las variables que hay que ir a mirar, no cambiaron mucho. En el caso del dólar, se pensaba que podía afectar fuertemente todo esto, partió en $777 a principios del día y terminó en $776 en el cierre, de tal forma que no hubo un efecto, ni se visualiza. La verdad es que el dólar va a ser más afectado con lo que vaya a ocurrir en una semana más con las elecciones de Estados Unidos”, indicó el especialista en políticas monetarias.

Así mismo, el académico sostuvo que la situación fue muy similar en el caso de la Bolsa de Santiago, donde también se esperaba una caída más fuerte. Sin embargo, solo se registró una baja del 0,36% al final del día, resultados que el especialista le atribuye a que los agentes económicos se anticiparon y ya esperaban los resultados que se dieron en las votaciones. 

“La mayor incertidumbre se provoca por estos cambios institucionales que pudieran ocurrir, derechos que pudiesen ser modificados en el sector privado, por ejemplo, y que podrían traer riesgos. Una cosa es lo que vaya a pasar con la Constitución, pero simultáneamente el país deberá abordar y resolver los problemas urgentes. La agenda social, que desde luego también afecta a la economía y que, también, tiene que ver con esta área, tiene que tocar temas como las pensiones, entre otras demandas que condujeron a la gente a manifestarse masivamente”, explicó Salas.

Otra eventual consecuencia del plebiscito es un aumento de contagios de COVID-19 debido a la concurrencia masiva de electores a sus locales de votación.

Ante esta posibilidad, el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, consideró que el riesgo fue bajo debido a las correctas medidas implementadas por la autoridad y respetadas por la ciudadanía. 

“Me parece que, salvo algunos locales donde no se cumplió la distancia física, en general las medidas sanitarias propuestas por las autoridades y las recomendaciones de los expertos se cumplieron en la mayoría de los escenarios”, señaló el especialista.

En opinión de Silva, “a pesar de haber tenido una enorme convocatoria y que más de 7 millones de personas salieron a la calle al mismo tiempo, el proceso fue bastante adecuado para la situación sanitaria actual”.

En cuanto a las posteriores celebraciones masivas que estas concentraciones sí representan un mayor riesgo sanitario, sin embargo, “es poco probable que tengan un rol significativo en los aumentos de casos”. 

“Si hubiese un aumento de casos en las próximas semanas, puede que las manifestaciones contribuyan en algo, pero esto se suma a la reapertura progresiva de la Región Metropolitana y de otras regiones, con todas las actividades de riesgo que eso significa. Pero bajo ninguna circunstancia creo que las responsables de algún aumento de casos que se pueda ver durante las próximas semanas sean las manifestaciones”, aseveró el infectólogo.

Este lunes, el Servicio Electoral en Chile entregó un recuento actualizado con los resultados del plebiscito, confirmando el triunfo arrollador de la opción Apruebo y la fórmula de la Convención Constitucional.

Con el 99,85% de las mesas escrutadas, los resultados fueron un 78,27% para el Apruebo (5.886.421 sufragios) y un 21,73% para el Rechazo (1.634.100 votos), con 44.846 mesas escrutadas de un total de 44.913, correspondiente al 99,85%.

Sobre qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución, la Convención Mixta sumó 21,01% (1.501.793 votos) y la Convención Constitucional sacó 78,99% (5.646.427 votos), con 44.831 mesas escrutadas de un total de 44.913, correspondiente al 99,81%.

En materia de participación, el Servicio Electoral dio cuenta de 7.562.173 electores, con un porcentaje de 50,90% del padrón, una cifra alta considerando que el proceso se desarrolló en tiempos de pandemia.

A excepción de comunas como Vitacura y Las Condes, la mayoría de las regiones y votantes en el extranjero optaron por el Apruebo.

Tras conocerse los resultados, miles de personas llegaron con bombos, banderas y cánticos hasta Plaza Italia para celebrar el amplio triunfo del Apruebo en el plebiscito de este domingo 25 de octubre.

La reacción ante este escenario no solo fue en nuestro país, donde miles de personas salieron a las calles a celebrar, si no que también en materia internacional. Tras conocerse los resultados, diferentes medios del mundo cubrieron la noticia.

Con este resultado, Chile dio el vamos al proceso de redacción de una nueva Constitución, el cual será redactado por una Convención Constitucional de 155 ciudadanos elegidos íntegramente para ese propósito y que estará conformada de manera paritaria por hombres y mujeres.

La elección de constituyentes será en abril y el órgano tendrá hasta 12 meses para redactar el nuevo texto, cuyas normas deberán ser aprobadas por dos tercios de los integrantes. La nueva carta será sometida a otro plebiscito y en caso de ser rechazada, seguirá vigente la Constitución actual, que ya ha sido reformada varias veces, donde la participación será obligatoria.

Los estudios buscan descartar la presencia de agentes nocivos, en especial del Sars-CoV-2, en los vagones del Metro Valparaíso y por primera vez se analizará la calidad microbiológica del aire circulante al interior de los trenes, análisis que se sumará al muestreo de las superficies de mayor contacto de los viajeros.

La doctora Claudia Ibacache, directora del CMBi,  Centro de Micro Bioinnovación de la Facultad de Farmacia de la U. de Valparaíso y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UV, explicó que “para la muestra de aire se utiliza un equipo que hace un ingreso forzado del aire, que al estar cuantificado permite conocer el volumen exacto de la muestra que estamos tomando. Luego hacemos la cuantificación de los microorganismos en el laboratorio. Por lo tanto, vamos a evaluar diferentes tipos de microorganismos para determinar el riesgo”.

El estudio, pionero en Chile, permitirá contar con la información precisa sobre la presencia o no de Covid-19 en la red de metro de la Región. La doctora Ibacache agrega que “este acuerdo de colaboración nos abre la puerta tanto para evaluar también cómo desarrollar nuevas metodologías que tengan un impacto directo en la comunidad, que es una de nuestras prioridades en el CMBi, y que contribuya a ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y de nuestro entorno”.

Esta viernes el rector subrogante de la U. de Valparaíso, Christian Corvalán; la decana de la Facultad de Farmacia, Marcela Alviña; el gerente de Metro Valparaíso, Víctor Marshall; y la directora del CMBi, Claudia Ibacache, dieron inicio oficial del convenio suscrito por ambas instituciones con la toma muestra que se realizó en el andén 1 de la estación Puerto.

Christian Corvalán señaló que para la Universidad de Valparaíso es muy importante esta alianza de cooperación con Metro Valparaíso. “Creo que somos dos instituciones vertebrales de nuestra región y efectivamente estamos haciendo un esfuerzo importante por apoyarnos en esta etapa que tiene que ver con cómo desarrollamos estrategias para enfrentar la pandemia”, sostuvo.

“Hemos sido capaces de desarrollar algunos procesos de innovación en esta materia, que tiene que ver con medir cargas virales en espacios de aire, lo que ha comprobado el Centro de Micro Bioinnovación y la Facultad, por lo tanto, nos parece relevante aportarle a Metro Valparaíso desde nuestra experiencia en esa perspectiva”, agregó.

Víctor Marshall, Gerente del Metro de Valparaíso, por su parte explicó que “lo que estamos haciendo ahora es dar un paso más en la estrategia de prevención que ha implementado Metro Valparaíso y hoy día, junto con la Universidad de Valparaíso, queremos poder medir la eficacia de nuestras medidas”.

Al mismo tiempo Marshall agregó que “estamos hace mucho tiempo trabajando en medidas de prevención. Seguimos estudiándolas y analizándolas. No se trata solo de medidas que hay que implementar en la cuarentena, sino también de manera permanente en el servicio. La participación de la Universidad de Valparaíso en esta estrategia es muy relevante para nosotros, porque nos permite trabajar con una institución de sólido prestigio en esta materia, para poder medir de manera innovadora y pionera cuál es la eficacia de la sanitización no sólo en las superficies táctiles, sino también en el aire”.

Finalmente, la decana de la Facultad de Farmacia de la U. de Valparaíso, Marcela Alviña expresó que “creo que somos uno de los primeros que estamos tomando muestras de aire para ver la carga viral y analizando a través del material genético la presencia de este virus para poder hacer un estudio cualitativo, es decir, saber si está o no, y cuantitativo para poder determinar cuál es la magnitud de la carga viral”.

Al cumplirse un año desde el inicio de las manifestaciones sociales más masivas que se hayan registrado en  Chile, académicas y académicos de la Universidad de Santiago, analizaron el fenómeno con la perspectiva del tiempo, abordaron sus causas y se refirieron a la posible proyección de este movimiento social, a días de un plebiscito que podría conllevar al cambio de la constitución en el país.

Para el doctor en Psicología, antropólogo y académico de la Universidad de Santiago, Sergio González, a un año del inicio de las movilizaciones no es posible hablar de una celebración, sino de una conmemoración del estallido. “Centenares de personas perdieron sus ojos. Es un doloroso símbolo: por manifestarse perdieron la vista y la posibilidad de seguir atestiguando el agobio, la angustia, la desigualdad y el oprobio”, afirmó.

A su juicio, el fenómeno social vino a materializar un cambio que el país ya venía experimentando, producto de la deslegitimación creciente de instituciones como la Presidencia, el Congreso, los Tribunales de Justicia y las Fuerzas de Orden y Seguridad. “Con el estallido, Chile cambió, pero en su capacidad de respuesta, de salir del letargo. Hay una expresión emocional-política y afectivo-social muy importante”, sostuvo.

“La discusión por una nueva Constitución es un gran logro de la movilización político-ciudadana, a través de diferentes expresiones fragmentadas de la sociedad que se expresaron y generaron una agenda”, consideró el académico de la Escuela de Psicología de la Usach.

Por último, el investigador especialista en Psicología Social y Cultural indicó que la relevancia del estallido social radica en que se trató de una “expresión socioemocional” de la ciudadanía, la cual se manifestó sin intermediarios. Es decir, sin participación de partidos ni liderazgos políticos. “El estallido social fue una expresión ciudadana nacida desde las emociones y sentimientos. Una reacción de gran impacto frente a los abusos, al desinterés de la élite y la clase política, y a un Gobierno tecnocrático que reprodujo la exclusión”, enfatizó González.

En opinión del académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Igor Goicovic, el estallido social de hace un año, representa “el punto de llegada de un proceso ascendente de movilizaciones sociales que ponen en discusión tanto el modelo económico neoliberal como el sistema político, en cuanto al desgaste y erosión que éste ha venido experimentando desde hace ya bastante tiempo”.

De acuerdo con el profesor de Historia y Gegrafía, “Chile no cambia a partir del 18 de octubre, sino que viene cambiando desde el año 2006, en términos de que las movilizaciones populares se inician con la denominada revolución pingüina de ese año, el 2006, sigue con la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, forestales, de las salmoneras, las movilizaciones regionales, las movilizaciones de las comunidades indígenas, el movimiento no más AFP, el movimiento feminista y las movilizaciones esrtudiantiles a partir del 2011, etcétera”.

Respecto a la actual situación del movimiento social, Goicovic estimó que, evidentemente las manifestaciones se ven afectadas por el contexto de pandemia, pero, a su juicio, las protestas podrían incrementarse, incluso considerando el llamado a plebiscito. 

“Si bien la convocatoria a plebiscito opera como una suerte de salida política a la crisis de arrastre que veníamos teniendo, no es menos efectivo que no constituye la respuesta que muchas personas esperaban. Los cambios que la gente espera, tienen que ver con cambios en la estructura económica, con cambios en la distribución del ingreso, y, si bien también refieren a la institucionalidad, esos cambios se esperaban con una asamblea constituyente plenamente soberana y eso no es lo que necesariamente se va a manifestar en el plebiscito del 25 de octubre”, subrayó el autor de “Cultura de izquierda, violencia y política en América Latina”.

La Doctora en Historia y directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano, consideró el 18 de octubre como un evento “muy relevante” porque, “vino a poner en evidencia una serie de desigualdades estructurales que vivía la sociedad chilena y que, de una u otra manera, la gente comenzó a identificar con el modelo neoliberal, con las herencias dictatoriales, con la gestión y administración del neoliberalismo durante la Concertación”. 

“Todo eso generó, por primera vez, un contexto y una enunciación política de una dimensión de molestia que estaba instalada en la sociedad en múltiples planos y que se reúne en ese momento que se denomina estallido social”, señaló la académica.

No obstante, Cristina Moyano aclara que el término estallido social no es de su preferencia, “porque es como que no lo hubiésemos podido ver”.

“Lo que está detrás de toda esto es una sociedad que se ha ido transformando en el tiempo y que está dispuesta a repolitizarse de distintas maneras respecto de la relación con el Estado, con las empresas, con la constitución, entre otros”, agregó. 

“En ese sentido político, la salida que le dio el parlamento a la ciudadanía de que parte de esa crisis se podía resolver a través de un cambio constitucional ha sido muy significativa porque ha podido repolitizar, efectivamente, el conjunto de rabias y malestares que estaban instalados en la sociedad y que cuando no se canalizan políticamente, suelen explotar como fenómenos de violencia colectiva que no producen, necesariamente, ni posibilitan acuerdos ni construcciones de sociedades con futuro”, opinó la académica de la Facultad de Humanidades.  

Para la socióloga, doctora en Ciencia Política y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, el estallido social es decisivo en las definiciones políticas que terminaron provocando el acuerdo para posibilitar el cambio de Constitución a través del Plebiscito del próximo 25 de octubre.

“El estallido permitió que la élite política y económica de Chile reconociera que este es un país con muchas más dificultades de las que quisieron reconocer y que el modelo económico que está implantado no necesariamente lleva por una senda de crecimiento e igualdad, sino por una de segregación y fragmentación”, sostuvo.

La experta en seguridad enfatizó que las protestas que siguieron al 18 de octubre del año pasado también permitieron advertir “la peor cara de la represión policial, que vivieron y siguen viviendo los sectores populares, los estudiantes secundarios y universitarios y el pueblo mapuche. Eso se trasladó a Santiago, fue reconocido por la ciudadanía en su totalidad y abrió la posibilidad de discutir sobre cambios en las policías. Especialmente, en Carabineros”.

Finalmente, advirtió que las protestas que pudieran ocurrir el domingo podrían tener dos repercusiones. Por una parte, “si son violentas, se genera la sensación de una violencia sin sentido y sin objetivo de reclamo, lo que podría impactar en algunos votantes que hoy están más indecisos”, afirmó.

Por otro lado, indicó que la masividad de la manifestación también podría influir en la percepción ciudadana sobre la propagación del coronavirus. “Sin embargo, las últimas encuestas muestran que los chilenos están comprometidos con el proceso y con la intención de ir a votar. Entendería que la población mayor tenga un poco más de temor por los contagios, pero es esperable que en estos comicios vote al menos la misma cantidad de personas que lo hizo en las presidenciales”, consideró.

A partir de un análisis de prensa escrita y radial de 18 medios de circulación nacional y regional, el Observatorio de Conflictos de COES en su informe anual del año 2020, ha estudiado la cobertura de protestas de los últimos once años (2009-2019), haciendo especial hincapié en el estallido social –cuya medición abarca el registro desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.

La sistematización de esta base de datos (de libre acceso) considera 90 variables con las que se codificaron las acciones contenciosas que cumplen con: i) ocurrir en un espacio y tiempo determinado, ii) expresar una demanda colectiva, y iii) abarcar la participación de un solo individuo, grupos pequeños y/o concentraciones masivas sobre un millón de personas. 

En los últimos once años –hasta el 17 de octubre de 2019–, en Chile ocurrían cinco acciones de protesta en promedio al día. Con el estallido social –desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019–, la explosividad de la protesta superó en demasía los parámetros de conflictividad que se habían observado hasta entonces, multiplicándose por nueve, es decir, hubo 45 acciones de protesta en promedio al día. Lo anterior equivale a reproducir tres veces las movilizaciones del movimiento estudiantil entre junio y agosto de 2011, el segundo período más álgido de movilización de la última década. 

En esta última década la participación en las movilizaciones fue marcada principalmente por parte de estudiantes y trabajadores, pero con el estallido social ésta bajó considerablemente. En cambio, aparecieron tres nuevos grupos con mayor representación en las protestas: vecinos (20%), mujeres (25%) y encapuchados (35%). Los primeros, refieren a personas unidas por una cercanía y arraigo territorial; mientras que las segundas, desde el 2015, con la intensificación de las movilizaciones feministas en contra de la violencia hacia las mujeres, han ido consolidando su protagonismo y articulación. Por otro lado, desde el 18 de octubre las mujeres estuvieron muy presentes en otras demandas, como por ejemplo por una Asamblea Constituyente. Por último, los encapuchados, a quienes se les asocia con las manifestaciones violentas, casi cuadruplicaron su participación en relación a la década anterior y representan a un tercio de los grupos activos movilizados. 

Una de las particularidades del estallido social refiere a que no hubo una organización articuladora convocante, como antes lo había sido la Confech o la Coordinadora No + AFP, por ejemplo. Previo al 18 de octubre, el 56% de las protestas reportaba la presencia de, al menos, una organización, y el 14% en dos o más organizaciones. Luego del 18 de octubre, esta cifra se redujo a un 22% y a un 8%, respectivamente. No obstante, las organizaciones que más participaron del estallido social son: la Mesa de Unidad Social, la Federación Nacional de Recolectores (FENARCHI), la Unión Portuaria, el Movimiento “No Más Tag” y el FENPRUSS (Confederación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud). 

Una explicación es que “tal como lo han expresado muchas encuestas, en Chile hay una tasa decreciente en la afiliación a organizaciones de todo tipo, las que hoy cumplen un rol menos protagónico en la sociedad. En su lugar, la sociedad se está estructurando cada vez más a partir de vínculos y redes informales (grupos de amigos, familiares y vecinales, compañeros de curso o colegas de trabajo), que no cuajan con las estructuras organizacionales piramidales, en que el rol de los líderes está bastante desprestigiado”, explica Nicolás Somma, investigador del Observatorio de Conflictos, también director y profesor asociado del Instituto de Sociología (ISUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Al mismo tiempo, solo el 25% de las protestas durante el estallido social empujó una demanda específica, en comparación a los años anteriores en que éstas representaban el 92%. En este periodo, la única que tuvo un aumento significativo fue la asamblea constituyente o el cambio constitucional, que hasta antes del 18 de octubre prácticamente no existía. Para el politólogo Tomás Campos, coordinador del Observatorio de Conflictos, el estallido social es una explosión de protestas y de expresiones que permiten una apertura del sistema político, lo que se conoce como una “ventana de oportunidad”, y agrega que: “esto permitió que volvieran a levantarse y posicionarse demandas que venían gestándose hace una década atrás, como el precio de los medicamentos, la deuda universitaria y el ingreso mínimo; que si bien no tenían una relación directa con la evasión del Metro liderada por los secundarios, terminó por canalizar dichas demandas en el proceso actual del posible cambio constitucional”.

A su vez, las demandas por temas laborales y de educación disminuyeron notablemente –aún así, siguen siendo las más frecuentes–, mientras que las demandas ecologistas-territoriales presentaron una baja significativa, hasta casi desaparecer del mapa. Las demandas por salud, previsión social, vivienda y género se mantienen o aumentan levemente, siendo las dos primeras las que permitieron visibilizar los problemas materiales de grupos vulnerables como las personas de tercera edad.    

Según detalla el informe, las organizaciones (vinculadas a movimientos sociales o no) difícilmente pudieron movilizar a tantas personas en tantas acciones. Para el sociólogo Nicolás Somma, la desarticulación de las demandas, en parte, facilitó que se dieran distintas dinámicas, como la difusión informal de la protesta por grupos concéntricos con una inclinación muy fuerte hacia la violencia. “Esto termina abarcando a una población que probablemente no estaba predispuesta a la violencia, pero que se suma porque hay un clima de violencia (…) Hay energía y emociones colectivas que se producen en actos que buscan superar la institucionalidad con la transgresión, y que tiene una mezcla de miedo, excitación y entusiasmo que se autopropulsan”, señala.

Además, en el 40% de las protestas del estallido social ocurrieron actos violentos, tanto por la acción represiva de las fuerzas armadas y de orden –uso de carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas o armas de fuego, y el enfrentamiento y/o detenciones de los manifestantes– como por las tácticas violentas por parte de los manifestantes –destrucción de la propiedad pública y privada; saqueo de tiendas, oficinas y supermercados; ataques a las fuerzas policiales; y quema de autos y edificios.

Si bien hubo mucha violencia por parte de la policía y de los manifestantes, Somma destaca que no hay que perder de vista que, dentro de las tácticas de protestas utilizadas, el grueso responde a tácticas pacíficas (40%), seguidas por las disruptivas –huelgas, paros, tomas de predios o establecimientos, ocupaciones de plazas, entre otras– (34%), las que no necesariamente fueron violentas; y en último lugar, las tácticas violentas (26%).

Otro resultado relevante es que, en términos generales, la protesta violenta aumenta la represión policial, pero lo mismo ocurre a la inversa: la represión policial aumenta las tácticas violentas, en vez de disuadirlas “produciendo espirales de violencia generalizada que se retroalimentan”, señala el estudio. A su vez, según la evidencia reportada, los manifestantes reaccionan más rápido con tácticas violentas a una represión policial pasada, que policía reprimiendo protestas violentas. Por último, a nivel desagregado, en la Región Metropolitana y, en menor medida, en la Región del Bío Bío, existe mayor represión policial a causa de la violencia en las manifestaciones; mientras que en la Región de La Araucanía hay una alta estimulación recíproca entre tácticas violentas de protestas y represión policial, con una alta significancia estadística.

¿Qué pasa en las regiones? Si bien las protestas que han tenido mayor alcance masivo han ocurrido en la Región Metropolitana, seguidas por Valparaíso y por Bío Bío, al considerar el número de acciones contenciosas por cada diez mil habitantes, se observa una mayor actividad contenciosa en el norte y en el sur. Esto se debe a que en el norte, predominan las industrias extractivas que ofrecen bajos salarios (exceptuando las empresas mineras, especialmente CODELCO) y, en ciertos casos, precarias condiciones de trabajo. Mientras que en el sur, particularmente en las regiones de La Araucanía y de Aysén, se observa una alta frecuencia de protestas por mayor autonomía regional, caracterizadas por las demandas mapuche y por movimientos regionalistas, respectivamente.

En las regiones de La Araucanía y Aysén, se multiplicaron tres veces las protestas durante el estallido social en relación al periodo analizado. De hecho, Aysén es la región que presenta la tasa de protestas más alta por habitantes del país, y la que se encuentra en una condición de mayor aislamiento geográfico en Chile continental. Si en la Región Metropolitana las protestas se multiplicaron por nueve, su efecto fue aún mayor en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y El Maule (x11), Valparaíso (x12), siendo todas estas superadas por Ñuble, donde las protestas se multiplicaron por 18. Finalmente, cabe señalar que hacia el sur, las acciones contenciosas van disminuyendo su efecto multiplicador: Los Lagos (x8), O’Higgins (x8), Magallanes (x7), Los Ríos (x6), La Araucanía (x3) y Aysén (x3).

Para recabar de forma íntegra la información acerca de acciones contenciosas, se identifica y describe de forma sistemática y estructurada la información en tres niveles. Primero, reportes de prensa de acciones contenciosas, que pueden ser únicas, repetidas en dos o más medios de prensa, o formar parte de un “episodio contencioso”.

Segundo, acciones contenciosas únicas (descontando las repeticiones de prensa) que ocurren en un espacio y tiempo específico que pueden gestarse de forma autónoma o ser concurrentes a un episodio o a una convocatoria común a mayor escala.

Tercero, episodios contenciosos que aglomeran a dos o más acciones específicas, que ocurren en distintos lugares de forma simultánea, dentro de un mismo día. Según el foco de investigación, estos niveles se pueden agregar o desagregar de forma inequívoca mediante el uso de las variables correspondientes. Potencialmente, existe un cuarto nivel, que correspondería a procesos contenciosos más dilatados en el tiempo y que pueden construirse a partir del nivel de episodios contenciosos con concurrencia, pero requiere un análisis específico según el objetivo de investigación y determinar caso a caso las fechas de inicio o término de estos procesos.

Las variables que se consideran al momento de codificar las acciones contenciosas se pueden resumir en las siguientes: fecha de la acción, tipo de noticia (versión impresa o versión web), ubicación (región, provincia, comuna, localidad o ciudad), lugar objetivo de la demanda, eventos concurrentes, número de participantes (por acción y por evento concurrente), grupos sociales participantes, target de la protesta, sector del actor demandado y demandante (categoría PNUD), organizaciones participantes, elementos de demanda, campo de conflictividad (categoría PNUD), presencia de carabineros y su acción (detenidos, heridos y muertos) y tácticas de protesta.

La obra surge como resultado de un extenso trabajo de investigación que entrecruza historia, antropología y memoria en Chile, España e Inglaterra en torno a las “juventudes de Estado” leales a la dictadura cívico-militar chilena: Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y el Frente Juvenil de Unidad Nacional (FJUN).  A través de relatos de vida de militantes de base y dirigentes máximos, además de diversas fuentes documentales y archivísticas desclasificadas en Chile y España.

En ese contexto, el académico U. Austral dio a conocer que, el libro reconstruye la relación directa de estas entidades juveniles con sus símiles franquistas (OJE y DNJ) y, fundamentalmente, analiza su accionar e impacto en la producción de nuevas subjetividades juveniles y en la identidad política del propio régimen de Pinochet. 

“Desde el punto de vista teórico, el libro rehabilita la noción de fascismo como categoría heurística para leer la dictadura en su tentativa de adoctrinar, movilizar y fidelizar a las nuevas generaciones a través de sus entidades juveniles, las que se erigen como uno de los únicos casos en América Latina de “juventudes de Estado”, es decir, aquellas organizaciones de jóvenes incardinadas en el aparato estatal, creadas como respuesta y estrategia totalitaria para sostener los regímenes de las que dependían, expandir o proteger a la nación de los “enemigos” externos e internos y ser ejemplo, corazón e hipérbole del “nuevo orden” a edificar”, expresó.

Asimismo, el Dr. Yanko González indicó que, en el texto se demuestra a través de archivos documentales y Relatos de Vida de los principales dirigentes de la Delegación Nacional de Juventud y la Organización Juvenil Española –el “Frente de Juventudes”-, sosteniendo que las orgánicas chilenas son herederas directas de las juventudes de Estado franquistas y, a través de ellas, de la Hitlerjugend y Balillas italianos.

“Entre las tesis fundamentales, el libro postula que en la primera década del régimen dictatorial, Chile vivió un proceso real de fascistización –“fascismo en progreso”- a través de sus políticas juveniles expresadas, en lo sustantivo, en las acciones institucionalizadas de adoctrinamiento y puesta en marcha de una religión política destinada a generar una adhesión “mística” y “combativa” al régimen y asegurar su reproducción, como la organización de los actos de masas de Chacarillas, pero también los desconocidos “Chacarillas Regionales”, organizados en todo el país”, señaló el autor. 

Junto a ello y en su parte final, el libro incluye y analiza documentación inédita de Jaime Guzmán –artífice de la materialización tanto de la SNJ como del FJUN- dirigida a la Junta de Gobierno en 1973; un corpus de imágenes inéditas de los máximos dirigentes de las juventudes de Estado franquistas de visita de trabajo en el país con los generales Pinochet, Leigh y Mendoza, documentación oficial de intercambio entre las organizaciones hispanas y chilenas, entre otras fuentes visuales y documentales”, puntualizó el académico.

Este libro fue realizado en el marco del proyecto de Investigación “De las juventudes de Estado a las culturas juveniles hegemónicas: Dictadura, fascistización y conexiones generacionales (España y Chile 1973–1981)” financiado por el programa Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile de CONICYT;  y el proyecto “Cultural Narratives of Crisis & Renewal” (CRIC), financiado a través de Horizon 2020 Marie Skłodowska–Curie Actions, Reserach Innovation and Staff Exchanges con base en la Universidad de Newcastle, Reino Unido.

La idea del manual de acompañamiento a víctimas en el proceso penal contra agentes del Estado nace en el contexto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, en el mes de octubre de 2019. En la oportunidad, la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la UV apoyó a las víctimas, prestando asesoría jurídica y apoyo en diferentes áreas, comprendiendo que las secuelas biopsicosociales que ha dejado la experiencia traumática se verán exacerbadas cuando deban enfrentar el proceso judicial contra las personas e instituciones públicas que provocaron el daño.

En la introducción de la obra, las autoras indican que “tenemos certeza de que la incertidumbre, expresada en el poco conocimiento que se tiene respecto al proceso judicial, es un gran factor de riesgo para la revictimización de las personas. Por lo anterior, hemos elaborado el presente manual, que tiene por objetivo sistematizar los pasos del proceso judicial que deberán enfrentar las víctimas denunciantes y disminuir así la incertidumbre que este momento crítico producirá en las personas. Esperamos este material sea útil para apoyar a las víctimas en este proceso y para orientar a quienes las acompañen en este camino”.

Según indicaron las autoras María Fernanda Ovalle, académica de la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, y María José Jorquera, psicóloga de PRAIS y académica de la Universidad de Chile “el texto se pensó como una herramienta que pudiera servir de apoyo y acompañamiento a las víctimas de la represión policial, pensando particularmente en el delito de tortura y apremios ilegítimos que se cometieron en el contexto del denominado estallido social, pero se extiende mucho más allá, dado que es una forma de acompañar a víctimas de la violencia estatal en general y también en otros contextos, siendo un aporte para identificar, reconocer y nombrar al actuar policial”.

“El manual tiene objetivos en diversos niveles. Primero en las víctimas, en proveer información sencilla de los procesos judiciales, en la lógica de entregar una herramienta para reducir la incertidumbre, que es uno de los grandes alicientes de los procesos de revictimización. También habla sobre el apoyo que se puede tener y qué es necesario para poder acompañar a las víctimas, de manera que además va a servir a los profesionales de la red pública de salud para entender los procesos judiciales y acompañar a las víctimas y alentarlas a la denuncia”, añadieron.

Al respecto, la coordinadora de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, Inés Robles, aseguró que “esto se trata de un importante hito, me quedo con tres cosas importantes: la importancia del trabajo colaborativo e interdisciplinario, ya que es la mejor manera de potenciarnos con la suma de individualidades, capacidades, miradas diferentes y énfasis distintos; lo necesario que es que las víctimas de vulneraciones denuncien, porque es la primera forma de combatir estas injusticias y atropellos a los derechos; y el hecho de que se trata de un trabajo que permite contribuir a la lucha contra la impunidad. Quizás no podemos prometer que nunca más van a ocurrir estos hechos, pero sí que no vamos a permitir que exista impunidad, luchando con las armas jurídicas que tenemos a nuestra disposición”.

El manual de acompañamiento a víctimas en el proceso penal contra agentes del estado de Chile se puede descargar en:  https://www.uv.cl/archivos/31581.pdf 

Este martes se celebró el Día Internacional de Concienciación contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Ante la presencia del subsecretario de Agricultura, del alcalde Germán Codina, de la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se lanzó en la Feria Grande de Puente Alto el primer microbanco de alimentos del país.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Gestión Agraria de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago en conjunto con el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CECTA) de la Usach, permitió recuperar cerca de 300 kilos de productos que los feriantes donan por considerar que no se venderán, debido a defectos de orden estético o por sobremaduración de los mismos.

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad, que participan de manera voluntaria en este proyecto, recibieron las donaciones de los feriantes, pesaron los productos, los limpiaron y los lavaron con un líquido especial. Luego, los llevaron a ollas comunes y organizaciones sociales cercanas, donde personal de la Fundación Actuemos explicó cómo preparar estos alimentos de la mejor manera.

El objetivo es doble. Por una parte, buscan disminuir la contaminación causada por este tipo de productos que terminan siendo desperdiciados. Por la otra, y en el contexto de la pandemia del coronavirus, intenta que las personas que participan en instancias sociales, que llevan un plato de comida a los que más lo necesitan, no causen mayores aglomeraciones de las que ya se provocan en las ferias, previniendo el contagio.

“Veníamos haciendo esto antes”, afirmó el académico del Departamento de Gestión Agraria de la Usach, Luis Sáez. “Los productos con algún daño pueden servir perfectamente para hacer jugos, tortillas, etcétera. En el contexto de la pandemia, se nos ocurrió hacer lo mismo, pero con el puesto dentro de la feria. Eso es lo que llamamos microbancos de alimentos”, explicó.

“La semana pasada -durante la marcha blanca que se realizó en la misma feria de Puente Alto-, recuperamos 310 kilos y hoy estamos en el mismo orden. Estamos recuperando alrededor de 300 kilos cada vez que realizamos esta actividad”, destacó el ingeniero agrónomo, experto en comercialización y mercados agrícolas.

Además de recuperar alimentos, estudiantes y académicos de la Usach explicaron a las personas que pasan por el lugar la importancia de esta actividad, además de facilitar material didáctico para que los niños también conozcan los beneficios de la iniciativa.

Este miércoles, a las 18.00 horas, Sáez participará en la Expo Chile Agrícola, para hablar sobre ‘Reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en tiempos de COVID / Un pilar en la lucha contra el hambre’. El académico anticipó que se referirá a esta iniciativa de microbancos durante la conferencia en línea.  

¿Cómo piensan y se comportan los chilenos frente a temas de conflicto y cohesión social en Chile?, es parte de lo que responde el informe “Radiografía del cambio social”, a cargo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), integrado por expertos y expertas de la U. de Chile. El estudio, correspondiente a los años 2016 a 2019, analiza longitudinalmente la evolución del conflicto y la cohesión social, frente a las creencias, actitudes y percepciones de la sociedad chilena para entender cómo estas se mantienen o cambian en el transcurso del tiempo.

Movimientos sociales y las acciones colectivas, la identificación con los partidos políticos y las coaliciones, la democracia, la justificación de la violencia, la salud mental, los sexismos, junto con las preguntas sobre el estallido social iniciado en octubre de 2019 y el proceso constituyente en curso, forman parte del informe lanzado este jueves 24 de septiembre.

El Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) constata que después del estallido social hay un aumento en cuanto a la importancia y estar de acuerdo con cambiar la Constitución. En 2019, solo el 7 por ciento está conforme o muy conforme con la actual Constitución, el 74 por ciento considera importante o muy importante cambiarla y el 82 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiarla. Mientras que en 2016 estos porcentajes respondían al 16, 64 y 72 por ciento, respectivamente. Como destaca la académica del Instituto de Asuntos Públicos e investigadora COES, Claudia Heiss, estaríamos frente a una transversalización del tema constitucional dado que “en todos los niveles educacionales aumenta el acuerdo con el cambio constitucional, pero en las personas que sólo tienen educación básica y media aumenta más, porque la tasa parte desde más abajo”.

Lo mismo ocurre con las personas más jóvenes: en el tramo entre 18 y 19 años, quienes están por cambiar la constitución aumentan del 63 en 2016 al 90 por ciento en 2019. “Esta ´transversalización’ del acuerdo con el cambio constitucional muestra que las personas más jóvenes y menos educadas se van subiendo al carro del cambio constitucional en estos años. La necesidad de transformación constitucional para a ser una percepción muy mayoritaria, lo que es consistente con la baja del número de personas que se declara conforme con la Constitución”.

¿Ha aumentado la participación social en movimientos sociales? ELSOC revela que si bien entre los años 2016 y 2018 hay cierta estabilidad respecto a la frecuencia de participación en movimientos sociales, en 2019 esta aumenta significativamente, pasando de un 21 por ciento a un 39 por ciento, en promedio. Dicho aumento tiende a ser más agudo entre personas jóvenes (18 a 29 años, con un aumento de un 56,5 por ciento), con educación superior universitaria, y particularmente entre aquellos con amigos políticamente activos. En el caso del grupo 30-49 años, el aumento de la participación en movimientos sociales entre 2018 y 2019 es de 41,1 por ciento; en el bloque 50-64 es de 29,7 por ciento; mientras que en el de 65 o más asciende al 16 por ciento.

Como explica el académico de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador COES, Juan Carlos Castillo, estos datos son coincidentes “con la literatura de participación política. El modelo más básico –llamado modelo de recursos-, plantea que quienes tienen más recursos en términos económicos, de capital cultural y de tiempo, son las que participan más, y acá se expresa bien. La gente con mayor educación son las que más participan y coincide con que la gente joven es la más educada, una generación que está en la universidad o la que salió hace poco”.

A pesar de este aumento en la participación, el ELSOC revela que en el transcurso del 2016 a 2019, en todos los grupos etarios, la mayoría se mantiene sin identificarse con algún partido o coalición política. “Esta es una tendencia no solamente en Chile. Esta caída de los referentes más tradicionales de la política va de la mano de un aumento de gente que dice que se identifican con categorías más neutras o independientes”, especificó el profesor Castillo.

Otro aspecto relacionado tiene que ver con el apoyo a la democracia, el cual revela el ELSOC crece considerablemente entre el 2016 y 2019 desde un 48 hasta un 60 por ciento. “En contraste con el aumento en el apoyo a la democracia, se observa un incremento muy marcado en el nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en Chile; mientras que en el 2018 un 25 por ciento indica estar ‘Nada satisfecho’ con la democracia, esta cifra más que se duplica hasta un 55 por ciento en el 2019”, plantea el documento.

Una de las nuevas dimensiones incorporadas al ELSOC es la percepción del sexismo hostil y el benevolente, como parte de expectativas de roles e identidad de género. Como detalló la académica de la Facultad de Economía y Negocios e investigadora COES, Valentina Paredes, “tratamos de capturar diferentes aspectos de cómo el género impacta en la vida de las personas, y específicamente entre el sexismo hostil y benevolente porque muchas veces este último no se entiende como sexismo porque tiene esto de una evaluación positiva hacia las mujeres, pero comparte con el sexismo hostil esta justificación de la estructura patriarcal”.

También en relación al género, esta vez desde el ámbito de la salud mental, el informe explicita que entre 2016 y 2019 existe una mayor proporción de mujeres que hombres que tienen síntomas de depresión moderada o depresión moderada severa y severa. Por ejemplo, en el año 2016, el 12 por ciento de los hombres se encontraba en dichas categorías, en comparación al 29 por ciento de las mujeres. Si bien esta brecha de género disminuye en los años 2017 y 2018, en 2019 post estallido social, son las mujeres quienes incrementan sustantivamente los síntomas de depresión moderada o más, llegando a casi duplicar al grupo de los hombres (32 por ciento en relación a 17 por ciento, respectivamente).

Respecto al uso de la fuerza por parte de Carabineros en manifestaciones pacíficas, el informe plantea que existe un alto consenso en su no justificación, cifra que también aumentó del 2016 a la fecha. En 2016, en torno al 65 por ciento de las personas señala que nunca se justifica este actuar. Esta cifra se mantiene relativamente estable en el tiempo y aumenta de manera significativa post estallido social de octubre 2019 alcanzando un 79 por ciento.

Otro hallazgo del ELSOC está referido al estatus subjetivo, percepción de mérito y desigualdad, donde si bien el estudio plantea una tendencia de los sectores más bajos a autopercibirse con los medios, la ubicación en los sectores bajos pasó de un 19,17 por ciento el 2018 a un 26,4 por ciento el 2019. Al respecto, el profesor Castillo explica que es posible que esto se deba a “un aumento de la identificación de las demandas sociales que son de una clase más baja después del estallido, pero es algo que de todas formas corresponde investigar con mayor detalle”.

Desde el año 2016, el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), inédito en Chile y América Latina, encuesta a casi tres mil individuos con el fin de analizar la estabilidad y el cambio de las creencias, actitudes y percepciones frente a temas referidos al conflicto y la cohesión social en el país en base a modelos conceptuales descritos en la literatura nacional e internacional en el campo de las ciencias sociales.

La encuesta panel ELSOC tiene una muestra representativa de la población urbana que vive en ciudades de 10.000 o más habitantes de la población urbana. La población objetivo de la medición son hombres y mujeres de 18 a 75 años, residentes habituales de viviendas particulares ocupadas en zonas urbanas, localizadas en 40 ciudades (92 comunas, 13 regiones) del país. 

El Ministerio de Salud informó este miércoles que, en la Región Metropolitana, saldrán de la cuarentena a partir del lunes 28 de septiembre las comunas de Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto y Lo Espejo. Solo Renca y Paine se mantendrán confinadas en la RM. No obstante, el Minsal reportó que la positividad de los exámenes PCR llegó a 8,8%, la más alta en 54 días.

Para el magíster en políticas públicas y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, la lógica de las nuevas medidas anunciadas por el ministerio es cuestionable, ya que dejaría a sólo dos comunas de la capital en cuarentena, sin considerar la interrelación que existe entre las comunas de la Región Metropolitana. Ello, producto de  la movilidad de las personas a través del transporte público.

“Las cuarentenas dinámicas no mostraron ser efectivas antes. Por lo tanto, el desconfinamiento dinámico tampoco viene a ser una medida que podamos asegurar que va a tener efecto, sobre todo, en la Región Metropolitana. No tiene sentido que quede sólo confinado Renca o Paine, ya que su movilidad no se reduce a lo que ocurre sólo dentro de su propio territorio, sino que, también, entre los demás territorios”, indicó.

En palabras del experto en políticas públicas en el área de la salud, las medidas sanitarias tienen que ser tomadas con cautela, considerando el gran número de casos al extremo sur de nuestro país y la evidencia de desconfinamiento en países de Europa. Lo último, para evitar rebrotes por el incumplimiento de cuidados sanitarios.

“El efecto que vayan a tener las fiestas lo vamos a ver en diez o doce días después. Por lo tanto, el aumento de la movilidad que vimos y que tendremos ante una mayor cantidad de comunas desconfinadas, no va a tener efectos inmediatos, como sucedió en su momento en Semana Santa, y que provocó un aumento del 40% de los casos. Si bien ahora estamos en una estabilización en el número de casos, el efecto podría ser menor al de hace unos meses atrás. Hay que esperar unos días más para ver cómo se comportan las cifras”, finalizó el experto.

Por su parte, la médica cirujana con magíster en epidemiología clínica y profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Usach, Vivienne Bachelet, las medidas informadas por el Gobierno “no responden al objetivo que se busca, que es controlar la pandemia en Chile, al emitir mensajes que son enteramente confusos”.

“Algunas comunas retroceden en niveles de desconfinamiento, pero otras avanzan y parece ser bastante arbitrario desde el punto de vista de la ciudadanía”, señaló. De acuerdo al balance del Minsal, Panguipulli y Lanco retrocedieron a Transición; una serie de localidades de La Araucanía y Aysén pasaron a cuarentena; otras, en otras regiones, pasaron a Transición; y doce comunas de la RM pasaron a Preparación.

“Además, se desconoce la real capacidad de la estrategia de trazabilidad para llegar a todos los contactos”, apuntó la académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Santiago. “Existe escepticismo sobre la capacidad de llegar a los contactos de aquellas personas que tienen un PCR positivo”, agregó.

“No parece ser posible modificar el rumbo que ha seguido este Gobierno durante todo el manejo de la pandemia”, criticó la especialista. “Partió con Mañalich y ha seguido en la misma lógica con Enrique Paris. Es la cabeza del Gobierno la que está digitando todas las decisiones respecto de cuarentenas, confinamientos y estrategias. Se está improvisando bastante y se deja a los municipios que hagan lo que puedan con los recursos que tengan”, consideró. 

Finalmente, insistió en que los mensajes que se entregan desde el Ministerio de Salud no responden a una campaña comunicacional clara. “Estamos en una situación muy complicada, ad portas de una ola mayor. Respecto a la vacuna, antes de que exista solo son especulaciones que no sirven para la toma de decisiones”, afirmó.