El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), aprobó hoy USD 27 millones para proyectos de restauración de paisajes y ecosistemas y de conservación de la biodiversidad en Brasil, Chile, México, Nicaragua y Venezuela.

Los gobiernos de dichos países aportarán USD 184 millones en cofinanciamiento y los implementarán con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los beneficiarios potenciales de los cinco proyectos podrían superar las 439 mil personas, la mayoría pequeños y medianos productores, muchos ligados a poblaciones indígenas; 219 mil serían mujeres.

“Estos proyectos contribuirán a avanzar en sistemas agroalimentarios más amigables con los ecosistemas, mejorando los medios de vida de miles de personas, bajo una perspectiva de igualdad de género y participación de comunidades indígenas. Asimismo, incorporan un enfoque de reconstruir mejor tras la pandemia, con énfasis en medios de producción, mercados más sostenibles y resilientes, reducción de la pobreza, e inseguridad alimentaria y nutricional. Es un paso más para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030”, explicó Ignacia Holmes, Oficial de Agricultura Sostenible y Resiliente.

La FAO ha apoyado a los gobiernos de 29 países de la región a diseñar e implementar 58 proyectos que han movilizado más USD $ 224 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Fortalecer el proceso de gestión participativa de los recursos naturales, conservar la biodiversidad, e incentivar la mantención de las reservas de carbono en las áreas húmedas del Amazonas, es el principal objetivo del proyecto financiado por el FMAM en Brasil.

Con una inversión de US$ 3,4 millones del FMAM, y US$ 18,6 de financiamiento nacional, el proyecto será implementado en tres Estados: Pará, Amapá y Amazonas.

Se estima que sus acciones tendrán un impacto en cerca de 6 mil personas, y más de 18 millones de hectáreas.

El proyecto será coordinado por el Instituto de Desarrollo Sustentable de Mamirauá, y con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones y de la FAO.

Restaurar paisajes ambientalmente vulnerables, para favorecer la recuperación de la productividad de los sistemas silvoagropecuarios y sus entornos naturales, mediante el manejo sostenible programado, es el propósito central del nuevo proyecto de Chile, que podrá beneficiar a 10 mil personas.

Este contempla fondos por USD 5,6 millones donados por FMAM, y USD$ 32 millones de cofinanciamiento por parte de Chile. Será implementado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la FAO, en cinco regiones: Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule y Biobío.

El proyecto de México recibió USD 10 millones del FMAM, con un cofinanciamiento nacional de USD$ 66 millones. Se implementará en las localidades de Durango, Montes Azules y Huasteca, e impactaría a cerca de 371 mil personas, la mitad mujeres.

Buscará incorporar la conservación de la biodiversidad, la gestión integrada del paisaje y la conectividad de los ecosistemas en programas sociales de México, tales como Sembrando Vida.

El proyecto también busca reconstruir mejor tras la pandemia de COVID-19 y será implementado por la Comisión Nacional Forestal de México, la secretaría de Bienestar, la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto de Economía Social y la FAO.

Conservar la biodiversidad de importancia global y mejorar los servicios ecosistémicos en la Reserva Biológica Indio Maíz, junto a los pueblos indígenas y comunidades locales, es el objetivo del proyecto de Nicaragua, que podrá beneficiar a cerca de 5 mil personas en el departamento Río San Juan.

A través de un enfoque de paisaje, integrado, holístico y multisectorial, la iniciativa será implementada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua y la FAO, con un aporte de USD 2,9 millones del FMAM y un cofinanciamiento de USD 20,8 millones de Nicaragua.

El proyecto de Venezuela se ejecutará junto a productores de 12 municipios del eje cafetero y cacaotero en la región andina de Venezuela, para promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, detener y revertir la degradación de la tierra y la deforestación, y gestionar los bosques de manera sostenible.

El FMAM financiará un monto de USD 5,3 millones, y se contemplan USD 45,6 de cofinaciamiento de Venezuela. Se proyectan beneficios para cerca de 47 mil personas, la mitad de estas serían mujeres. El proyecto será implementado por la FAO, y ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

América Latina y el Cariberecibió 160.721 millones de dólarespor concepto de inversión extranjera directa en 2019, 7,8% menos que en 2018, caída que se agudizaría en 2020, ya que como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 se prevé una disminución de entre un 45% y un 55% en la entrada de estos flujos, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar su estudio anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020 (disponible en el sitio web de la CEPAL próximamente).

A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED) se reducirían un 40% en 2020, y de un 5% a un 10% en 2021. De esta manera, en 2021 la IED alcanzaría su menor valor desde 2005. América Latina y el Caribe es la región que tendría la baja más pronunciada, explica el documento de la CEPAL lanzado en conferencia de prensa virtual por la Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

Desde 2012, cuando se alcanzó el máximo histórico, la caída de los flujos de inversión extranjera ha sido casi ininterrumpida en América Latina y el Caribe, lo que ha hecho evidente, principalmente en los países de América del Sur, la relación que existe en la región entre los flujos de IED, el ciclo macroeconómico y los ciclos de precios de las materias primas, sostiene el informe.

Al igual que en años anteriores, el estudio muestra gran heterogeneidad en los resultados nacionales y no se registra un patrón subregional: en 17 países hay una caída de las entradas en 2019 respecto a 2018 y en 9 países hay un aumento. En 2019, los cinco países que recibieron mayores inversiones fueron Brasil (43% del total), México (18%), Colombia (9%), Chile (7%) y Perú (6%).

En Centroamérica, las entradas de IED crecieron únicamente en Panamá y Guatemala. En el Caribe, la IED dirigida a República Dominicana superó la caída del año anterior, Trinidad y Tabago registró inversiones positivas después de tres años de saldos negativos y en Guyana, al igual que en 2018, se produjo un aumento interanual muy importante, impulsado por las inversiones para la explotación de hidrocarburos y sectores relacionados, capitales que posicionaron al país como el segundo receptor de IED en la subregión.

Al analizar el período 2010-2019, Europa se consolida como el inversor más importante en la región, seguido de Estados Unidos. Las inversiones intrarregionales, en tanto, se reducen del 12% al 6%.

Por otra parte, el informe destaca al sector de las energías renovables como el de mayor cantidad de anuncios de proyectos en el último quinquenio.

Sobre el comportamiento de las empresas transnacionales latinoamericanas, conocidas como translatinas, la publicación de la CEPAL consigna un aumento de 75% en la salida de IED desde la región en 2019. No obstante, si se analiza la década 2010-2019, se observa que la inversión latinoamericana ha perdido fuerza, según la Comisión. 

“Los aportes que ha hecho la IED en la región han sido relevantes, como complemento de la inversión nacional y fuente de nuevos capitales, así como para la expansión de actividades exportadoras y el desarrollo de la industria automotriz, las telecomunicaciones, algunos segmentos de la economía digital y también de sectores que hoy adquieren una importancia estratégica en el contexto de la pandemia de COVID-19, como es el caso de las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos”, destaca el estudio.

Sin embargo, los problemas estructurales de las economías de la región y los nuevos escenarios internacionales hacen necesario también que la IED y las políticas para promoverla sean parte de un proyecto más amplio que impulse un cambio estructural progresivo, es decir, un cambio que permita aumentar la productividad y alcanzar inclusión social, igualdad y sostenibilidad ambiental, resalta la CEPAL.

“La IED recibida por América Latina y el Caribe no ha catalizado cambios relevantes en la estructura productiva de la región, en gran medida debido a que las políticas de atracción de estos flujos no se han articulado con las de desarrollo productivo. La IED ofrece grandes oportunidades para avanzar hacia una nueva economía sostenible”, declaró Alicia Bárcena. “Urge recuperar el rol de las políticas industriales como instrumento de transformación de la estructura productiva de la región”, remarcó.

La alta funcionaria recordó que la CEPAL ha identificado siete sectores dinamizadores que tienen un papel estratégico porque promueven el cambio técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental. Estos sectores, que podrían verse apuntalados por la IED, son: la transformación de la matriz energética con base en las energías renovables; la movilidad sostenible y los espacios urbanos; la revolución digital para la sostenibilidad; la industria manufacturera de la salud; la bioeconomía, es decir, la sostenibilidad basada en recursos biológicos y ecosistemas naturales; la economía circular; y el turismo sostenible.

En el segundo capítulo del informe, titulado “Hacia una nueva geografía productiva global pospandemia: la reorganización de las cadenas globales de valor”, la CEPAL plantea como desafíos para la región contener la presión de relocalización nacional (reshoring) hacia Estados Unidos, capturar las oportunidades de relocalización que permitirían fortalecer los sistemas productivos regionales (nearshoring) y articular estrategias de atracción de IED con políticas industriales para crear capacidades locales.

Finalmente, en el tercer capítulo se señala que América Latina y el Caribe ha logrado un buen posicionamiento exportador en dispositivos médicos, impulsado precisamente por empresas transnacionales, destacándose el caso de México, Costa Rica y República Dominicana. 

“En América Latina y el Caribe, la crisis del COVID-19 muestra la importancia creciente de estimular la cooperación regional y el desarrollo de un mercado regional de salud y dispositivos médicos y de centros industriales transfronterizos. La industria de dispositivos médicos requiere capacidades manufactureras, científicas y tecnológicas que están presentes en varios países de la región y cuyas potencialidades se revelaron ante la emergencia sanitaria. El desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas nacionales y la mejora del acceso a dispositivos médicos para los habitantes de América Latina y el Caribe es un desafío estratégico, y para enfrentarlo con éxito se requerirán lineamientos de política nacionales y regionales”, concluye el documento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe(OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una “pandemia en la sombra”, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

“Nuestro mensaje es contundente: la violencia contra las mujeres, sin importar el lugar en que ocurra, es inaceptable. Las múltiples manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, y el feminicidio como su máxima expresión, son prevenibles. Necesitamos a todas y todos para que este cambio ocurra”, remarcó Bárcena, e instó a los países a orientar sus estrategias siguiendo las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la Campaña ÚNETE, que promueve “el financiamiento, la prevención, la respuesta y la recopilación de datos” para abordar esta verdadera pandemia en la sombra.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribede la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

De igual forma, la saturación de los servicios de salud por causa de la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad han afectado la atención a las víctimas de violencia sexual. 

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”, concluye.

América Latina y el Caribe debe avanzar con urgencia en inclusión y transformación digital, sobre la base de la integración regional y la cooperación internacional, para enfrentar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 y alcanzar un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental, plantearon hoy autoridades y funcionarios internacionales durante la inauguración de la VII Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y el Gobierno de Ecuador, y que se celebra hasta el jueves 26 de noviembre de forma virtual.

“Hoy ninguna sociedad puede alcanzar el desarrollo si está al margen de la tecnología digital, por eso debe estar al alcance de todos, sin exclusión de ningún tipo. Nadie puede quedarse atrás”, dijo el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un mensaje transmitido durante la ceremonia de apertura.

“Celebro este encuentro entre ministros de la región porque todos seremos beneficiados. Juntos podemos definir y fortalecer las políticas regionales, que sean democráticas, que sean incluyentes. Millones de personas lo agradecerán”, sostuvo el mandatario, cuyo país recibe por dos años la Presidencia de la Conferencia Ministerial.

Durante su intervención, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “la actual coyuntura, marcada por una profunda crisis desatada por la pandemia del COVID-19, ha puesto de manifiesto la relevancia de las tecnologías digitales y cómo su uso ha sido esencial para el funcionamiento de la economía y la sociedad”.

No obstante, aún tenemos a un tercio de la población de América Latina y el Caribe sin acceso a Internet, apuntó.

Andrés Michelena, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, alertó sobre “la posibilidad real y potencialmente trágica de que esta crisis arruine una generación de latinoamericanos”. “Esta cita continental nos plantea un enorme desafío: pasar del dicho al hecho. Sin recursos públicos y privados, y sin el apalancamiento financiero de los organismos multilaterales y regionales, el camino será duro y difícil”, indicó. Por eso, Ecuador propone crear un fondo latinoamericano de despliegue rural de infraestructura de telecomunicaciones, con al menos el 1% del PIB de cada país cooperante, para reducir la brecha digital, explicó.  

Karen Abudinen, Ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, también resaltó la importancia de la conectividad y la transformación digital al dar a conocer algunas de las principales iniciativas llevadas a cabo por su país en materia de inclusión digital. “Conectividad es equidad”, remarcó. “Estamos orgullosos de poder entregar esta Presidencia a Ecuador”, agregó Abudinen, quien manifestó su seguridad de que este país llevará una agenda clara para poder seguir avanzando y progresando en equidad digital.

En una presentación titulada “Tecnologías digitales para un nuevo futuro”, realizada tras la ceremonia de inauguración, Alicia Bárcena reveló que en la región hay más de 40 millones de hogares no conectados y la mitad se ubican en los dos quintiles más pobres.

Datos del Observatorio Regional de Banda Ancha de la CEPAL indican que 77% de los hogares rurales no está conectado, al igual que 42% de los menores de 25 años y 54% de los mayores de 66 años.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó que el servicio de banda ancha móvil y fija para el primer y segundo quintil cuesta el 14% y 12% de su ingreso. Por otra parte, un tercio de los países de la región no alcanzan los requerimientos de velocidad de descarga necesarios para usar soluciones digitales.

“Esto tiene repercusiones sociales de gran magnitud. El 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados. Más de 32 millones de niños y niñas no pueden acceder a soluciones de teleeducación”,  ejemplificó Bárcena, y planteó tres grandes retos para la región hoy: universalizar el acceso y la asequibilidad a las tecnologías digitales; avanzar en digitalización para la sostenibilidad ambiental; y lograr una transformación digital productiva real.

“Una canasta básica para la población no conectada costaría anualmente alrededor del 1% del PIB en la región”, indicó la máxima representante de la CEPAL, quien enfatizó la necesidad de que la digitalización sea incorporada totalmente a los procesos productivos. “La pandemia llevará a una enorme destrucción de tejido productivo. Se prevé el cierre de 2,7 millones de empresas, lo que provocará pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo”, aseguró.

Durante el encuentro, se espera la aprobación de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe eLAC 2022, dando continuidad a un proceso regional iniciado hace 15 años.

“Las dimensiones de la agenda digital regional que debemos procurar y priorizar son la construcción de capacidades internas, la inclusión de todos los actores involucrados y la cooperación internacional”, apuntó Bárcena. “Debemos pensar cómo usamos la digitalización, cómo transformamos lo que estamos haciendo en materia digital y lo ponemos al servicio de una recuperación pospandemia.

La pandemia ha obligado a miles de personas a permanecer al interior de sus hogares, sin que hayan podido interactuar ni compartir con sus familiares o amigos. Incluso, en muchos casos, el confinamiento ha alterado considerablemente sus rutinas y las ha limitado en su trabajo y movilidad, al no poder realizar las cosas que a diario estaban acostumbradas a hacer ni menos salir a la calle a caminar o ejercitarse.

A juicio de los especialistas, esta realidad estaría contribuyendo a acelerar el deterioro cognitivo y los fallos repentinos de la memoria, en especial entre los adultos mayores.

Antes de la aparición del coronavirus causante de la Covid-19, cerca del 11% de las mujeres y hombres mayores de 60 años en nuestro país presentaba algún tipo de deterioro cognitivo importante, según daba cuenta la última Encuesta Nacional de Salud. Ahora, las proyecciones médicas advierten que su prevalencia bien podría duplicarse de aquí a 2030.

Este fenómeno, que la mayoría de la gente confunde o asocia erróneamente con la demencia u otras enfermedades neurodegenerativas -como el Alzheimer- no corresponde a una patología, sino que tiene su origen en el proceso natural de envejecimiento que afecta a nuestro cuerpo y, en particular, al cerebro.

El problema es que situaciones estresantes o que impiden a las personas realizar una vida con normalidad, limitándolas en sus movimientos y actividad cognitiva, favorecen la aparición de este proceso en forma mucho más temprana.

Según explica el médico neurocirujano Antonio Orellana Tobar, decano de la Facultad de Medicina de la U. de Valparaíso y especialista en temas del cerebro, es normal, por ejemplo, que a partir de cierta edad, una persona olvide de pronto dónde dejó las llaves de la casa o del auto, pierda momentáneamente el equilibrio al caminar o tenga que releer varias veces un texto para comprenderlo mejor, entre otras manifestaciones esporádicas.

“La pérdida de la capacidad cognitiva obedece al desgaste o involución natural que experimenta todo ser humano al enfrentar la etapa madura de su vida, y cuyas principales señales son la disminución gradual de algunas aptitudes y destrezas, tanto físicas como mentales, y fallos repentinos de la memoria”, precisa el doctor Orellana.

Lo anterior difiere de los olvidos persistentes, la desubicación espacial y los problemas motores capaces de afectar las actividades diarias de un individuo, las que, como tales, son signos de un daño neurológico mayor que puede desembocar en una enfermedad puntual (como Alzheimer, entre otras) o en un accidente cerebrovascular.

“Desde el punto de vista neurofisiológico, cuando hablamos de deterioro cognitivo apelamos entonces a un ‘agotamiento del sistema’ derivado de alteraciones moleculares y, por cierto, de la muerte paulatina e irreversible de las neuronas, las células de nuestro sistema nervioso que tienen la función de recibir, procesar y transmitir la información que captamos a través de los sentidos, las cuales tienen un número limitado y no se pueden reemplazar. Ahora bien, lo que hoy estamos viviendo como resultado de la pandemia bien podría contribuir en algunas personas a adelantar o acelerar este agotamiento. Por eso es importante mantener activos lo que más podamos nuestros cerebro y cuerpo”, añade el decano de la Facultad de Medicina de la UV.

En promedio, la persona que presenta deterioro cognitivo se ve afectada -poco a poco- por una incapacidad cada vez más recurrente para retener información y, por tanto, va perdiendo la memoria reciente mientras siente que se le agudiza la del pasado. A ello se suman episodios de desorientación espacial y, en casos más avanzados, hasta de extravío de la conciencia témporo-espacial o de las dimensiones de su propio cuerpo.

Para el Decano de la Facultad de Medicina de la U. de Valparaíso, lo mejor que se puede hacer para retrasar los efectos de este irreversible proceso es mantener una actividad permanente, tanto física como mental, e idealmente ambas. 

“Hacer ejercicios, escribir a mano, leer, sacar puzles, dibujar o jabonarse en la ducha con los ojos cerrados son acciones que si realizamos a diario contribuyen a aminorar los efectos del deterioro cognitivo. Mejor aún es complementar estas opciones con prácticas sociales, como comentar un libro, salir a caminar acompañado y compartir con la familia, aunque en este tiempo esto último se ha transformado en algo mucho más difícil, pero hoy se podría hacer vía telefónica o por aplicaciones virtuales”, asegura Antonio Orellana. 

El valor que tienen este tipo de ejercicios es que ayudan a renovar la estructura y funcionamiento del cerebro y permite formar nuevas conexiones sinápticas. 

“Se estima que al cumplir los 90 años una persona sana -en promedio- ha perdido cerca del 50% de sus neuronas (cuyo número total bordea los 86 mil millones), sin que por ello, necesariamente, esté imposibilitada de razonar o cumplir con sus actividades diarias en forma normal. Esto se debe a la plasticidad neuronal (neuroplasticidad) o capacidad que tiene el cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite a este órgano reponerse a trastornos o lesiones y, de paso, reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías o el propio deterioro cognitivo. De ahí que realizar acciones nuevas que nos obliguen a re-pensar los hábitos o acciones que a diario realizamos sea algo positivo y nos ayuda a mantener menos envejecidos nuestros cerebros”, concluye el doctor Antonio Orellana.

Para la recuperación y la transformación económica y social tras la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, será esencial mantener y profundizar las políticas macroeconómicas activas, indicó la CEPAL en su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19, dado a conocer por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual.

El informe, uno de los principales reportes anuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, presentó en esta nueva edición un análisis de los efectos económicos provocados por la pandemia en cada país de la región, y entrega recomendaciones de políticas para enfrentarlos, sobre todo en materia fiscal y monetaria, junto con resaltar la importancia de la cooperación internacional. 

“La pandemia del COVID-19 está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo. Por ello, el proceso de recuperación de  la actividad económica (PIB) a sus niveles precrisis será más lento que lo observado en la crisis subprime (de 2007-2008)”, indicó Alicia Bárcena al dar a conocer el documento.

Según el informe, América Latina y el Caribe está viviendo su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada de su producto interno bruto (PIB) regional de -9,1%. Debido a esto, a fines del 2020 el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza. 

Se prevé además el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global).

Además, la pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas.

“En este escenario, serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural. Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto a la regulación de los flujos de capitales para preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo. Aquí la cooperación internacional es fundamental para ampliar el espacio de las políticas macroeconómicas”, explicó la máxima autoridad de la CEPAL.

En materia de política fiscal, el Estudio Económico 2020 indica que los países han realizado diversos esfuerzos fiscales pata mitigar los efectos de la pandemia, que en promedio suman el 4,1% del PIB, acompañados de garantías estatales de crédito de hasta 10% del PIB. Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los ingresos públicos, han contribuido a un mayor déficit fiscal y aumentos de la deuda pública.

En este sentido, el documento indica que el desafío es mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento.  Para ello se requiere una política fiscal activa en un marco de sostenibilidad fiscal centrado en los ingresos. Es necesario que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para esto se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados a la salud pública.

“La política fiscal activa debe vincular el corto (de emergencia) con el mediano y largo plazo, para cambiar el modelo de desarrollo hacia la transformación productiva con sostenibilidad e igualdad”, señaló Alicia Bárcena. “Los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”, agregó.

Para expandir el espacio de políticas la CEPAL considera distribuir mejor la liquidez global a través de la cooperación internacional. En este campo se debe capitalizar las instituciones de crédito multilaterales para ampliar su capacidad de financiamiento y liquidez tanto en la coyuntura como con una mirada más larga. También institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener tanto las políticas monetarias expansivas como aquellas dedicadas a la preservación de la estabilidad macrofinanciera, junto con ampliar la red de seguridad financiera mundial y regional para contrarrestar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos financieros en momentos de crisis sistémicas.

En este ámbito, la iniciativa Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics – FACE), presentada por el Gobierno de Costa Rica recientemente, es un ejemplo de mecanismo de cooperación internacional para mejorar la distribución de la liquidez global hacia los países en desarrollo.

El informe también resalta que el alivio y restructuración de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses es necesario para expandir espacio de políticas. Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a nivel mundial.

“Aliviar el pago de intereses de la deuda aumentaría la disponibilidad de recursos para el desarrollo”, declaró Alicia Bárcena. “En este ámbito, existe una imperiosa necesidad del alivio de la deuda del Caribe. La CEPAL ha abogado por el apoyo financiero para que las economías vulnerables del Caribe puedan generar resiliencia a través de una iniciativa para reducir su deuda y la creación de un Fondo Caribeño de Resiliencia”, destacó.

Una explicación para el aumento de entropía –medida del desorden de un sistema-  en el cerebro inducido por drogas psicodélicas es lo que propone una reciente investigación publicada en la revista Scientific Reports por Rubén Herzog, estudiante del Doctorado en Ciencias, mención Biofísica y Biología Computacional de la Universidad de Valparaíso, y su director de tesis, Rodrigo Cofré, Doctor en Ciencias y académico del Instituto de Ingeniería Matemática de la UV.
 
Respecto del artículo “A mechanistic model of the neural entropy increase elicited by psychedelic drugs”, los investigadores de la U. de Valparaíso, Cofré y Herzog señalan que “las drogas psicodélicas inducen cambios drásticos en la experiencia subjetiva y brindan una oportunidad única para estudiar las bases neurobiológicas de la conciencia y sus alteraciones. Una de las características más notables de la respuesta cerebral a estas drogas es el aumento de la complejidad (entropía) global de la actividad neuronal en estado de reposo”.
 
Entre las principales conclusiones del estudio los investigadores señalan que “las drogas psicodélicas amplifican la complejidad intrínseca del cerebro, sin necesidad de realizar cambios estructurales en él. Curiosamente, esto no se explica por la densidad de receptores de serotonina como habíamos pensado en un principio. Se explica sobre todo por las propiedades de la conectividad anatómica del cerebro. Estos resultados ayudan a comprender los mecanismos subyacentes al estado psicodélico y, más generalmente, la modulación farmacológica de la actividad de todo el cerebro”, explican.
 
Cofré y Herzog señalan que “el renacimiento de la investigación de estas drogas traerá avances en el tratamiento de la depresión y las adicciones, entre otras alteraciones de la conducta y del sistema nervioso, pues ya hay abundante evidencia científica de su efectividad terapéutica”. 
 
“Brindar nueva evidencia científica que ayude a comprender su acción en el cerebro va a ayudar a acelerar este proceso. Los tratamientos farmacológicos y terapias que se están utilizando hoy para mejorar las condiciones que afectan la salud mental no presentan tasas de éxito satisfactorias. En este sentido, proporcionar alternativas terapéuticas al sufrimiento de seres humanos es algo que no puede esperar y cobra mayor relevancia aún en tiempos de pandemia”, explican ambos investigadores. 
 
Los científicos de la U. de Valparaíso señalan que “la mayoría de las drogas psicodélicas, incluso plantas, se encuentran prohibidas en Chile y en la mayor parte del mundo, a pesar de la contundente evidencia científica sobre su utilidad terapéutica en afecciones psiquiátricas. Nuestro aporte desde la ciencia podría generar nuevos espacios para el debate, la discusión y la regulación sobre su uso responsable en Chile”. 
 
“Los cambios de entropía no son uniformes en todo el cerebro, aumenta en algunas regiones y disminuye en otras, lo cual se explica principalmente por las propiedades de la conectividad anatómica del cerebro”, indican. 
 
Herzog y Cofré señalan que “el modelo utilizado en este trabajo tiene sustento biofísico, lo que permite interpretar los resultados en términos biológicos. Su principal característica es que permite estudiar la actividad de cerebro completo a partir de la relación entre la conectividad anatómica, la neuromodulación o receptores de neurotransmisores y la dinámica neuronal local”. 
 
Sobre la publicación en Scientific Reports, ambos opinan que es “un gran logro, es una revista muy exigente, que la editan científicos muy importantes a nivel mundial. Publicar nuestro primer artículo científico en drogas psicodélicas nos posiciona muy bien para los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Este es el resultado de la colaboración interdisciplinaria con colegas del Centro de Investigación en Psicodélicos del Imperial College de Londres, de la Universidad de Cambridge y de las universidades de Buenos Aires y de San Andrés, en Argentina”. 
 
Ambos investigadores esperan que en Chile se puedan aplicar estas terapias en un horizonte temporal cercano. “Con este trabajo hemos contribuido en el modelamiento matemático-computacional de la actividad de cerebro completo, un área que comienza a tomar fuerza en Chile y creemos es de suma importancia para establecer puentes entre la neurociencia experimental y sus aplicaciones en salud mental”, indican.

Según explican, los próximos pasos son “entender cómo la dinámica del cerebro se ve modificada por drogas psicodélicas, dándole especial énfasis al rol de los determinantes estructurales. La intuición que tenemos es que las drogas psicodélicas inducen una dinámica cerebral más flexible, lo que induciría a su vez mayor flexibilidad cognitiva, acelerando de esta forma el proceso terapéutico”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) instó hoy a garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos provocados por la pandemia del coronavirus (COVID-19) en la región. Para ello, propuso cinco líneas de acción que incluyen construir una sociedad digital inclusiva, impulsar la transformación productiva, promover la confianza y seguridad digital, fortalecer la cooperación digital regional, y avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza para asegurar un ‘Estado de bienestar digital’ que promueva la igualdad, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantice el uso seguro de datos, y genere el cambio estructural progresivo.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dio a conocer en conferencia de prensa el Informe especial COVID-19 N⁰ 7 de la institución, titulado “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19” el cual propone a los países de la región garantizar una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, con un costo anual inferior al 1% del PIB.

El reporte presentado hoy subraya que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia provocada por la enfermedad del coronavirus. Avances que se preveía que demorarían años en concretarse, se han producido en pocos meses. Sin embargo, las brechas de acceso condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas.

“Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”, afirmó Alicia Bárcena durante la presentación del informe.

Según el documento, en 2019, el 66,7% de los habitantes de la región tenían conexión a Internet. El tercio restante tiene un acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social, en particular su edad y localización. En 12 países de la región, la cifra de los hogares del quintil de ingresos más alto (quintil V) que tiene conexión a Internet es un 81%, en promedio; las cifras correspondientes a los hogares del primer y segundo quintil es del 38% y el 53%, respectivamente.

Las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas. En la región, el 67% de los hogares urbanos está conectado a Internet, en tanto que en las zonas rurales solo lo está el 23% de ellos. En términos de grupos etarios, los jóvenes y adultos mayores son los que tienen menor conectividad: el 42% de los menores de 25 años y el 54% de las personas mayores de 66 años no tienen conexión a Internet.

Agrega que la baja asequibilidad consolida la exclusión de los hogares de menores ingresos. El costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos llega al 14% y el 12% de su ingreso, respectivamente. Esto es alrededor de 6 veces el umbral de referencia de 2% del ingreso recomendado por la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas.

El estudio revela que los datos de movilidad durante los primeros meses de las cuarentenas muestran un mundo paralizado en lo físico, pero no en lo virtual. El tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación en línea o aprendizaje a distancia y compras en línea revelan un significativo aumento del uso de soluciones digitales. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324% y la educación a distancia más del 60%.

Sin embargo, el uso de soluciones de educación en línea solo es posible para quienes cuentan con conexión a Internet y dispositivos de acceso, y en América Latina el 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados. El acceso de los hogares a los dispositivos digitales es también desigual en la región: mientras entre el 70% y el 80% de los estudiantes en los niveles socioeconómicos más altos tiene computadoras portátiles en sus hogares, solo entre el 10% y el 20% de los estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores ingresos cuentan con estos dispositivos.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

En relación al porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al teletrabajo, el reporte precisa que está positivamente vinculado al nivel del PIB per cápita y a menores grados de informalidad.   En Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, mientras que, en el caso de América Latina, la CEPAL estima que alrededor del 21,3% de los ocupados podría teletrabajar.

El documento destaca que el Internet mitiga el impacto de la crisis en las empresas. Precisa que, entre marzo y abril de 2020, el número de páginas web empresariales aumentó 800% en Colombia y México y alrededor del 360% en Brasil y Chile. En junio de 2020, la presencia en línea de empresas de comercio minorista aumentó el 431% con respecto a junio de 2019.

Finalmente, el informe señala que la pospandemia estará caracterizada por una nueva demanda basada en canales en línea que implicarán un esfuerzo de los países y el sector privado por entregar un mejor servicio. La nueva oferta estará basada en la flexibilidad, la cercanía local y la capacidad de reacción.

“La productividad y el cambio estructural seguirán siendo factores ineludibles para el desarrollo. La región debe avanzar hacia sistemas productivos más diversificados, homogéneos e integrados para aumentar la productividad y la inclusión productiva, lo que se traduciría en mayores niveles de empleo y salarios”, concluyó Alicia Bárcena.

Un estudio realizado por Catalina González, doctora en Salud Pública y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, junto a la estudiante Paullette Hidalgo, advierte sobre los riesgos y el impacto que tendría el retorno de los tres millones y medio de alumnos de la enseñanza prebásica, básica y media al sistema escolar.

La investigadora llevó a cabo una recopilación bibliográfica de toda la evidencia científica disponible sobre Covid-19 en población infantil (de cero a 19 años de edad), análisis que incluyó información epidemiológica con datos obtenidos del Ministerio de Salud y su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), como también la revisión de artículos internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido e Italia, además de China y otros países asiáticos.

El estudio reportó que en Chile, al 23 de julio de 2020, se habían diagnosticado casi treinta mil casos (29.924) de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, con 51 casos fallecidos, correspondientes a la suma de defunciones de casos COVID-19 confirmados con PCR positivo y casos sospechosos. Además, mil 83 menores de edad han sido hospitalizados en algún momento por COVID-19. 

La doctora González afirmó que “la letalidad por COVID-19 es mayor en lactantes y preescolares, y menor en los adolescentes. Si se considera sólo las defunciones por COVID-19 en menores de edad de casos confirmados con PCR positivo, se registran 18 casos”.

Respecto a la transmisión del coronavirus en ámbitos escolares, la investigadora sostuvo que la literatura internacional señala que “uno de los modelos matemáticos hecho por la Universidad de Granada, España, estimó que en aulas de diez alumnos por sala, en el primer día de clases cada escolar interactuará en promedio con 74 personas y el segundo día llegará a estar expuesto a 808 personas. Otro caso analizado ocurrió en un establecimiento de enseñanza media en Francia, con alumnos de 15 y 17 años, donde se contagió dentro de la escuela el 40,9 por ciento de los alumnos y del personal. Otro modelo matemático hecho en Corea del Sur, en una escuela reabierta, estimó que la tasa de transmisión aumentaría diez veces, esperándose que en siete días el contagio abarcaría al 28,4 por ciento de los escolares y a los 14 días al 33,6 por ciento”.

Al consultar por el comportamiento de los escolares y las medidas de  autocuidado en los colegios, la académica mencionó un estudio realizado en Wuhan, China, que “mostró que sólo el 42,05 por ciento de los escolares realizó el lavado de manos y un 51,60 por ciento mantuvo las instrucciones de uso mascarillas. El resto de los niños no siguió las instrucciones”.

Catalina González aseguró que son muy pocos los casos en el mundo en que los colegios han regresado a clases presenciales y que, a pesar de que se tomen todas las medidas de autocuidado (uso de mascarilla, distanciamientos social y lavado de manos), al permanecer por un tiempo prolongado en una sala de clases, que es un lugar cerrado, aumentará el riesgo de contagio.

“Cuando se reabran los establecimientos educacionales ocurrirán rebrotes. Habrá un porcentaje de niños, niñas y adolescentes que desarrollará la enfermedad en forma moderada y grave. Además, aunque para esta enfermedad las muertes en este grupo etario son mucho menos frecuentes, esto no significa que no se producirán. También la evidencia científica alerta al sistema de salud pública que después de la liberación del bloqueo, los transportes públicos serán las principales fuentes de transmisión del SARS-CoV-2 en las ciudades metropolitanas. Por lo tanto, aunque en la escuela se tomaran todas las medidas en forma estricta, aquellos escolares que usen el transporte público podrían contagiarse durante el traslado y de ahí traspasar el virus a parte de la comunidad escolar”.

Finalmente, la doctora González afirmó que el objetivo del estudio es proporcionar los argumentos necesarios para decidir si los escolares deberían volver al sistema escolar presencial o permanecer en confinamiento hasta que se encuentre una vacuna que genere la inmunidad necesaria para que la población infantil esté protegida del coronavirus.

“En esta situación de pandemia, si se reabre la escuela se asegura el derecho a la educación a cambio de exponer a la enfermedad y muerte a niños, niñas y adolescentes. Por tanto, cabe preguntarse ¿cuál es la alternativa que producirá el bien mayor y el mal menor? En nuestra opinión, entre ambos imperativos -el derecho a la salud y el derecho a la educación- debiera primar el derecho a la salud”.
 

Una encuesta entre 78 entidades financieras de América Latina y el Caribe, que representan 54% de los activos totales manejados por el sector bancario en la región, reveló que 38% de los bancos incorpora lineamientos asociados al cambio climático en su estrategia y 24% tiene una política de evaluación y divulgación de riesgos climáticos.

El estudio “Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos – 1era encuesta en América Latina y el Caribe” fue presentado hoy durante un seminario web y elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de la ONU para el Ambiente (UNEP FI) y CAF – banco de desarrollo de América Latina, con la colaboración de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

En la encuesta, 69% de los bancos indicaron que el sector económico que se percibe como más expuesto a riesgos climáticos es el silvoagropecuario, seguido del sector de generación de energía, con 44%.  Además, 80% de los bancos indicó que el principal riesgo físico a incorporar en su evaluación y gestión de riesgos es la “inundación”, seguido por la “sequía”, que fue mencionado por 41 % de los encuestados.

El estudio señala que el sector bancario de América Latina y el Caribe tiene una gran oportunidad de avanzar en la evaluación de los riesgos asociados al cambio climático en sus planes y estrategias, con el objetivo de aumentar su resiliencia y prepararse mejor para apoyar la transición hacia economías bajas en carbono.

De acuerdo con el análisis, 41% de los bancos encuestados en la región sostiene que no tiene mecanismos para identificar, analizar y gestionar riesgos climáticos.

Los autores de la encuesta concluyen que los riesgos climáticos no se gestionan, principalmente, por falta de información respecto al impacto financiero del cambio climático y por la ausencia de exigencias de parte de los entes reguladores.

Aún los bancos tienden a percibir los riesgos climáticos desde la perspectiva de cómo impactan las empresas al medio ambiente, y no de cuál es el grado de exposición de esas empresas frente a las amenazas climáticas, lo cual es clave de cara al aumento esperado de impactos relacionados con un clima más extremo, señala el reporte.

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 ˚C sobre los niveles preindustriales, esto vendrá con aumentos en el nivel del mar y una mayor frecuencia e intensidad de los impactos del cambio climático.

“En la última década, los bancos de América Latina y el Caribe han avanzado significativamente en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus distintas áreas de trabajo. El estudio que hoy presentamos contribuirá además a que puedan oportunamente gestionar riesgos climáticos en sus carteras de financiamiento”, dijo Julián Suárez Migliozzi, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF.

“La evaluación de riesgos climáticos es clave para el objetivo de alinear a la industria bancaria con una economía global sostenible y equitativa en el siglo XXI, que adquiere aún más relevancia hoy que necesitamos reconstruir mejor tras la pandemia de la COVID-19”, señaló Eric Usher, director de UNEP FI.

El reporte llama a seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo internacional sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD), y a replicar iniciativas como el proyecto piloto de UNEP FI con 16 de los principales bancos del mundo para desarrollar herramientas analíticas e indicadores que ayuden a fortalecer la evaluación y divulgación de riesgos climáticos. Esto está incluido en el Curso Virtual de “Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para el sector bancario” de UNEP FI con la colaboración de CAF.

La encuesta reveló que 53% de los bancos utilizan el Reporte de Sustentabilidad como mecanismo para divulgar riesgos asociados al cambio climático, mientras que solo 16% de los bancos reporta a través de formularios financieros regulatorios conforme a las recomendaciones del TCFD. 

Debido al desconocimiento y poca claridad respecto a definiciones relacionadas a los riesgos climáticos, los autores también llaman al sector bancario de la región a trabajar en la elaboración de una taxonomía que permita dar a conocer definiciones comunes en la banca latinoamericana sobre estos temas.

La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es una alianza única entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero a escala mundial a través de la membresía de más de 300 instituciones financieras, entre bancos, aseguradoras e inversionistas, y su red de más de 100 instituciones de apoyo, para ayudar a crear un sector financiero que sirva a las personas y al planeta al tiempo que genera impactos positivos.