Una encuesta entre 78 entidades financieras de América Latina y el Caribe, que representan 54% de los activos totales manejados por el sector bancario en la región, reveló que 38% de los bancos incorpora lineamientos asociados al cambio climático en su estrategia y 24% tiene una política de evaluación y divulgación de riesgos climáticos.
El estudio “Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos – 1era encuesta en América Latina y el Caribe” fue presentado hoy durante un seminario web y elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de la ONU para el Ambiente (UNEP FI) y CAF – banco de desarrollo de América Latina, con la colaboración de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
En la encuesta, 69% de los bancos indicaron que el sector económico que se percibe como más expuesto a riesgos climáticos es el silvoagropecuario, seguido del sector de generación de energía, con 44%. Además, 80% de los bancos indicó que el principal riesgo físico a incorporar en su evaluación y gestión de riesgos es la “inundación”, seguido por la “sequía”, que fue mencionado por 41 % de los encuestados.
El estudio señala que el sector bancario de América Latina y el Caribe tiene una gran oportunidad de avanzar en la evaluación de los riesgos asociados al cambio climático en sus planes y estrategias, con el objetivo de aumentar su resiliencia y prepararse mejor para apoyar la transición hacia economías bajas en carbono.
De acuerdo con el análisis, 41% de los bancos encuestados en la región sostiene que no tiene mecanismos para identificar, analizar y gestionar riesgos climáticos.
Los autores de la encuesta concluyen que los riesgos climáticos no se gestionan, principalmente, por falta de información respecto al impacto financiero del cambio climático y por la ausencia de exigencias de parte de los entes reguladores.
Aún los bancos tienden a percibir los riesgos climáticos desde la perspectiva de cómo impactan las empresas al medio ambiente, y no de cuál es el grado de exposición de esas empresas frente a las amenazas climáticas, lo cual es clave de cara al aumento esperado de impactos relacionados con un clima más extremo, señala el reporte.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 ˚C sobre los niveles preindustriales, esto vendrá con aumentos en el nivel del mar y una mayor frecuencia e intensidad de los impactos del cambio climático.
“En la última década, los bancos de América Latina y el Caribe han avanzado significativamente en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus distintas áreas de trabajo. El estudio que hoy presentamos contribuirá además a que puedan oportunamente gestionar riesgos climáticos en sus carteras de financiamiento”, dijo Julián Suárez Migliozzi, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF.
“La evaluación de riesgos climáticos es clave para el objetivo de alinear a la industria bancaria con una economía global sostenible y equitativa en el siglo XXI, que adquiere aún más relevancia hoy que necesitamos reconstruir mejor tras la pandemia de la COVID-19”, señaló Eric Usher, director de UNEP FI.
El reporte llama a seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo internacional sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD), y a replicar iniciativas como el proyecto piloto de UNEP FI con 16 de los principales bancos del mundo para desarrollar herramientas analíticas e indicadores que ayuden a fortalecer la evaluación y divulgación de riesgos climáticos. Esto está incluido en el Curso Virtual de “Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para el sector bancario” de UNEP FI con la colaboración de CAF.
La encuesta reveló que 53% de los bancos utilizan el Reporte de Sustentabilidad como mecanismo para divulgar riesgos asociados al cambio climático, mientras que solo 16% de los bancos reporta a través de formularios financieros regulatorios conforme a las recomendaciones del TCFD.
Debido al desconocimiento y poca claridad respecto a definiciones relacionadas a los riesgos climáticos, los autores también llaman al sector bancario de la región a trabajar en la elaboración de una taxonomía que permita dar a conocer definiciones comunes en la banca latinoamericana sobre estos temas.
La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es una alianza única entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero a escala mundial a través de la membresía de más de 300 instituciones financieras, entre bancos, aseguradoras e inversionistas, y su red de más de 100 instituciones de apoyo, para ayudar a crear un sector financiero que sirva a las personas y al planeta al tiempo que genera impactos positivos.
Veinticinco instituciones de gobierno, instancias de cooperación internacional, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas de toda América Latina, además de agencias y programas de Naciones Unida, lanzaron hoy la quinta edición de la campaña #MujeresRurales, mujeres con derechos.
La campaña regional de comunicación, liderada por la FAO, busca reconocer las formas de organización, los conocimientos, capacidades y las necesidades urgentes de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes de la región, acrecentadas por la pandemia de COVID-19.
Las 25 organizaciones e instituciones destacaron el rol central que juegan las mujeres rurales en la producción, abastecimiento y comercialización de alimentos, así como en la preservación de conocimientos y saberes tradicionales.
Las mujeres rurales continúan trabajando para responder a la demanda de alimentos en las ciudades, comunidades rurales y en sus propias familiasNo obstante, muchas de ellas enfrentan serias limitaciones para acceder a recursos productivos, como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros y capacitación, además de diversas barreras para colocar sus productos en los mercados; esta situación puede llegar a ser aún más compleja para las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Además, muchas de ellas trabajan de manera informal, por lo que no cuentan con mecanismos de protección social, que hoy se han vuelto una necesidad fundamental.
En América Latina y el Caribe, donde el hambre ha alcanzado a 47,7 millones de personas en 2019 –cifra que podría llegar a casi 67 millones para 2030, incluso sin considerar el impacto de la pandemia–, la quinta edición de la Campaña busca difundir información y propuestas de soluciones para la situación de las mujeres rurales, con énfasis en la seguridad alimentaria y nutricional, en la reducción de la pobreza, en la eliminación de la violencia de género, así como apoyar las políticas públicas que impulsan las instituciones de gobierno en los países para atender esta situación.
Desde antes de la pandemia, las mujeres rurales enfrentaban una gigantesca sobrecarga de trabajo no remunerado, labores productivas, familiares y domésticas por las cuales no reciben pago alguno.
Los desafíos de la pandemia no han hecho más que complejizar esta situación, pues además de sus actividades productivas, las mujeres deben dedicar una mayor parte de su tiempo a cuidar de niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad.
A esta situación crítica, se suman los recientes reportes sobre posibles incrementos de la violencia de género, a raíz de las necesarias medidas sanitarias y de aislamiento social que se han implementado en los países de la región para hacer frente a la pandemia.
La Campaña busca visibilizar a las mujeres como guardianas e impulsoras del desarrollo sostenible, en línea con la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás.
Asimismo, busca sumar esfuerzos y continuar avanzando en la implementación de políticas y programas públicos y privados intersectoriales que reconozcan y actúen sobre los desafíos que enfrentan las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, colocándolas al centro de las estrategias de desarrollo sostenible.
Las instituciones que organizan la quinta edición de la campaña son:
1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO 2. Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes – ALMA 3. Banco Mundial 4. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP 5. Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL 6. Consejo Indígena de Centro América – CICA 7. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA 8. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA 9. Fundación Microfinanzas BBVA 10. Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer de Chile – PRODEMU 11. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA 12. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias – IFPRI 13. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México 14. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina 15. Ministerio de Ganadería, Pesca y Agricultura de Uruguay 16. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 17. ONU Mujeres 18. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI 19. Organización Internacional para las Migraciones – OIM 20. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 21. Programa Mundial de Alimentos – PMA 22. Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur – REAF Mercosur 23. Secretaria de Agricultura Familiar y Cooperativismo de Brasil 24. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile 25. Sistema de la Integración Centroamericana – SICA
Las instituciones que trabajan en el empoderamiento de mujeres rurales en América Latina y el Caribe pueden sumarse a la campaña mediante el siguiente registro. Así también, pueden seguir y difundir las historias y contenidos en Twitter, Facebook e Instagram.
La actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto hace unos meses como consecuencia de la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y, con ello, aumentan los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe a través del canal comercial, de términos de intercambio, de turismo y de remesas. Además, la región se encuentra hoy en el epicentro de la pandemia y, si bien algunos gobiernos han comenzado a aliviar las medidas de contención, otros han debido continuarlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de los casos diarios de la enfermedad.
Según el informe, dado que tanto el choque externo como el interno se han intensificado, la región evidenciará una caída del producto interno bruto (PIB) de -9,1% en 2020, con disminuciones de -9,4% en América del Sur, -8,4% en América Central y México y -7,9% para el Caribe excluyendo Guyana, cuyo fuerte crecimiento lleva al total subregional a una contracción menor (de -5,4%).
El documento plantea que la caída en la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010, es decir, habrá un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso por habitante.
“Se prevé ahora un aumento también mayor del desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad”, declaró Alicia Bárcena en su presentación.
Se espera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor del 13,5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza (2 puntos porcentuales) de la estimación presentada en abril y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desocupados). Estas cifras son significativamente mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 6,7% en 2008 al 7,3% en 2009 (0,6 puntos porcentuales), indica el reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Por otro lado, la caída de -9,1% del PIB y el aumento del desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.
La CEPAL también proyecta una mayor desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países de la región: el índice de Gini se incrementaría entre un 1% y un 8% en los 17 países analizados, y los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
Según el informe, los países de la región han anunciado grandes paquetes de medidas fiscales para hacer frente a la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos sociales y económicos. Además, la magnitud de la crisis actual ha llevado a las autoridades monetarias a incluir herramientas convencionales y no convencionales en su accionar. Las acciones de los bancos centrales de la región han estado encaminadas no solo a atenuar los efectos de la crisis y sentar las bases para una eventual reactivación, sino también a la preservación de la estabilidad macro-financiera de las economías.
“Si bien los países de la región han anunciado medidas muy importantes, en la medida que se extiende el confinamiento se requieren esfuerzos adicionales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. La CEPAL ha realizado varias propuestas incluyendo la implementación de un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social, un bono contra el hambre -equivalente al 70% de una línea de regional pobreza extrema (67 dólares de 2010) y cuyo costo total se estima en 27,1 miles de millones de dólares (0,52% del PIB regional), y varias iniciativas de apoyo a empresas y trabajadores en riesgo. Para la implementación de cualquiera de estas líneas de acción es necesario fortalecer el rol de las instituciones financieras internacionales de forma que puedan apoyar mejor a los países”, enfatizó Alicia Bárcena.
La UNESCO ha lanzado una campaña mundial para poner en cuestión nuestra percepción de la normalidad bajo el nombre de 2’20’’, la cual no necesita argumentos complejos para hacerlo. Simplemente presenta información objetiva sobre el mundo antes y durante la pandemia. En conjunto, estos hechos invitan a los espectadores a reflexionar sobre lo que es normal, sugiriendo que hemos aceptado lo inaceptable durante demasiado tiempo.
Como agencia intelectual de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la necesidad de un cambio duradero debe arraigarse en los corazones y las mentes de las personas de todo el mundo antes de que pueda hacerse realidad.
La campaña forma parte de un esfuerzo más amplio de la UNESCO para reflexionar sobre el mundo del mañana, en particular a través de la iniciativa del Foro de la UNESCO, un laboratorio de ideas que reúne a destacadas pensadoras, el movimiento Resiliart, una serie de mesas redondas sobre el futuro de la cultura y las industrias culturales, la Red de Alfabetización del Futuro, así como el programa Los futuros de la educación y las recomendaciones mundiales sobre la Ciencia Abierta y la ética de la Inteligencia Artificial.
La campaña fue creada por la agencia DDB de París y trata de temas importantes en las que la UNESCO empezó a trabajar mucho antes de que la pandemia las pusiera en el centro de atención.
Esta crisis es verdaderamente global, no hay región que se esté escapando de este gran shock. Hay que regresar a los años ’30 para poder tener un punto de comparación”, afirmó Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, respecto a la magnitud del impacto de la pandemia en la economía global.
Advirtió además que, desde su perspectiva, “Latinoamérica lamentablemente va a ser una región muy impactada por mucho tiempo por esta pandemia. No solamente por el tema de la vulnerabilidad de más alta deuda, que será bien global, también ya habían problemas de más bajo crecimiento, y la dependencia de los commodities primarios y el turismo”.
Esto fue parte del análisis que realizó Reinhart, quien hoy destaca como la mujer y latinoamericana más citada del mundo en la disciplina, en un webinar organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el MIT Sloan School of Management.
En la transmisión, la también académica de la Universidad de Harvard dialogó sobre las secuelas de la crisis del COVID-19y las medidas de apoyo a las economías emergentes de la región junto al decano de la Facultad de Economía y Negocios, José De Gregorio, y al académico del MIT Sloan School of Management, Roberto Rigobón.
La brusca y profunda paralización de gran parte de los mercados es la mayor consecuencia económica de la pandemia a nivel planetario, recalcó Reinhart, marcando las diferencias respecto a la última crisis del 2008-2009.
Para dimensionar la magnitud de lo que ha significado, señaló que en el caso de Estados Unidos “tomó un año llegar al punto de contracción que tuvimos ahora en seis semanas. Este punto aplica no solamente a los indicadores de flujo de capital, la gráfica de desempleo refleja lo mismo. En el 2008-2009 tomó 64-65 semanas llegar al nivel de desempleo al que se ha llegado en mes y medio”.
Sobre el impacto en nuestra región, planteó que “otro paralelo con la crisis de los años ’30 es que impacta mucho a Latinoamérica, ya que -a diferencia de la crisis del 2008 y 2009- esta crisis es acompañada por una fuerte caída en el precio del petróleo y de los commodities primarios. El 2008-2009, en contraste, fue una crisis donde si bien Estados Unidos, Europa y Japón entraron en recesión, China estaba creciendo en un promedio superior al 10 por ciento, y eso fue una gran locomotora para los emergentes”.
A la depresión del mercado de commodities actual, se suma una peor condición financiera precrisis. “Cuando la crisis del 2008-2009 golpeó a América Latina muchos países emergentes habían bajado considerablemente sus niveles de deuda pública y externa, e incluso algunos registraban superávit en cuenta corriente”, apuntó.
Sostuvo, asimismo, la posibilidad de que “los sistemas bancarios de la región, y fuera de ella también, incluyendo Estados Unidos, van a ser muy impactados por la morosidad y los préstamos que no se van a poder recuperar… Estos problemas de solvencia son algo que recalco porque históricamente lo que comienza como deuda privada termina siendo deuda pública también”.
Este escenario de alto riesgo en las economías emergentes, incluso para países más robustos financieramente como Perú y Chile, generaría un período donde habrán mayores dificultades en el acceso a mercados de capitales. Por esta razón, advirtió el riesgo que puede significar la emisión de deuda hoy.
Afirmó que la pandemia traerá secuelas duraderas, sobre todo si se traduce en crisis bancarias, donde la recuperación puede tardar cinco a siete años. En este sentido, indicó que se podrá ver una reactivación, pero que una recuperación que nos haga volver a los niveles de ingreso y empleo anteriores a la crisis, tomará mucho más tiempo. A todo esto se sumaría la inflación. “No es un mensaje bonito, pero es realista”, sentenció.
Otra de las posibles consecuencias observadas por Reinhart es el avance hacia un ciclo de desglobalización.
Al respecto, planteó que “un tema importante para entender el impacto y secuelas del COVID-19 es que éste no sólo es un enorme shock a la demanda agregada, también lo es sobre la oferta. Eso puede llevar a otra ola de desglobalización, porque todos los canales que se habían establecido de comercio se han visto de distinta forma impactados por los cierres de las economías a nivel internacional”.
Este fenómeno, agrega, “alimenta la percepción de que los países tienen que depender de sí mismos mucho más que antes, es decir, en vez de mirar hacia afuera, esto va a dejar una percepción de que muchas políticas van a mirar más hacia adentro”.
A la realidad actual, indica, se suma el hecho de que el crecimiento del volumen del comercio global los 10 años antes de la crisis financiera del 2008-2009 fue de alrededor del 6 por ciento, mientras que en la última década ha sido menos de la mitad, en torno a un 2,5 por ciento.
Reinhart aseguró que en este escenario es fundamental buscar mecanismos de apoyo para países emergentes ante la falta de liquidez, acción que -indicó- requiere de una gran arquitectura financiera.
El mayor problema, señaló, está dado por el acceso al mercado financiero internacional, ya que “no existe un prestamista para el financiamiento de la expansión fiscal… algo que es necesario para mantener vivas las economías durante este período”.
En el caso de los países donde el problema más que de liquidez es de solvencia propuso comenzar a pensar en una reestructuración de la deuda desde ya.
Las instituciones multilaterales pueden jugar un rol en el proceso de renegociación de deuda, pero esos procesos son complicados y pueden tomar hasta siete años en un escenario como el actual.
La pandemia del coronavirus (COVID-19) impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para 2020, informó hoy la CEPAL durante el lanzamiento de un nuevo informe.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó este martes 21 de abril el Informe especial COVID-19 N⁰ 2, titulado Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus en la región (cuya primera entrega se efectuó el 3 de abril pasado). En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde la sede central del organismo regional de las Naciones Unidas en Santiago de Chile, Bárcena dio a conocer también las nuevas proyecciones de crecimiento para cada uno de los países miembros de la Comisión.
Según el informe, desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019. La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%).
La pandemia del coronavirus (COVID-19) impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para 2020, informó hoy la CEPAL durante el lanzamiento de un nuevo informe.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó este martes 21 de abril el Informe especial COVID-19 N⁰ 2, titulado Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus en la región (cuya primera entrega se efectuó el 3 de abril pasado). En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde la sede central del organismo regional de las Naciones Unidas en Santiago de Chile, Bárcena dio a conocer también las nuevas proyecciones de crecimiento para cada uno de los países miembros de la Comisión.
Según el informe, desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019. La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%).
El documento plantea también que la crisis del coronavirus se ha transmitido a América Latina y el Caribe a través de cinco canales: una reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas.
“Los efectos del COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad”, declaró Alicia Bárcena en su presentación.
“Los países de la región han anunciado medidas importantes, las que deben ser reforzadas mediante la ampliación del espacio fiscal. Es urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales, acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios del servicio de la deuda y eventuales condonaciones. Además, se requiere repensar el modelo de inserción de la región y las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y el mundo post COVID-19”, agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
En el detalle de sus proyecciones, el organismo prevé que América del Sur se contraiga -5,2% debido a que varios países de esta zona se verán muy afectados por la caída de la actividad de China, que es un importante mercado para sus exportaciones. En tanto, en América Central la caída sería de -2,3%, afectada por la caída en el turismo y la reducción de la actividad de Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de remesas; mientras que el Caribe se contraería en -2,5%, debido a la reducción de la demanda de servicios turísticos.
La interrupción de las cadenas de valor producida por la pandemia impactará con mayor intensidad en las economías brasileña y mexicana, que poseen los sectores manufactureros más grandes de la región.
En tanto, el valor de las exportaciones de la región caería cerca de 15%. Los mayores impactos se darían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son más vulnerables a la disminución de sus precios. Por su parte, el valor de las exportaciones de Centroamérica, el Caribe y México sufrirá el impacto de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. México además se verá golpeado por la caída del precio del petróleo.
Las proyecciones también anticipan un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020. La tasa de desempleo se ubicaría en torno a 11,5%, un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al nivel de 2019 (8,1%). De esta forma, el número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones. Asimismo, la elevada participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la creación del empleo (más del 50% del empleo formal) aumenta los impactos negativos, pues este sector ha sido duramente afectado por la crisis, mientras que la desigualdad de género se acentuará con medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres.
Por otro lado, la caída de -5,3% del PIB y el aumento del desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, la tasa de pobreza en la región aumentaría en 4,4 puntos porcentuales durante 2020 al pasar de 30,3% a 34,7%, lo que significa un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza. Por su parte, la pobreza extrema crecería en 2,5 puntos porcentuales pasando de 11,0% a 13,5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas.
“Los líderes del G-20 deben apoyar que las organizaciones multilaterales presten a tasas de interés favorables y alivien de la deuda de los países altamente endeudados, aplazándola o condonándola. De lo contrario, los pagos serán imposibles y se comprometerá el espacio fiscal. Se requieren medidas excepcionales para enfrentar una crisis sin precedentes. No habrá progreso sin cooperación y solidaridad internacionales”, recalcó Alicia Bárcena.
La crisis productiva traerá cambios que persistirán más allá de la pandemia sanitaria, explica el reporte. Se necesitará mayor resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas, privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring). Las empresas ya están adecuando su funcionamiento interno a las medidas de distanciamiento social, acelerando la tendencia a la automatización y digitalización, y se aprecia una agudización en la fragilidad del multilateralismo. La CEPAL agrega que no se revertirá la globalización, pero sí habrá una economía mundial más regionalizada en torno a tres polos: Europa, América del Norte y Asia oriental.
“Hay que prepararse para el mundo post COVID-19. Debemos pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica ante la elevada dependencia de manufacturas importadas”, indicó Bárcena. “Se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas y generar nuevas capacidades en sectores estratégicos”, agregó.
“Para incidir en la nueva economía mundial, la región debe avanzar hacia una mayor integración regional tanto en lo productivo, comercial y tecnológico. La coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva es crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad, particularmente en una dimensión urgente en la actual crisis y en el mediano plazo: la del financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental”, enfatizó la máxima autoridad de la CEPAL.
Entre las principales preocupaciones de los gobiernos del mundo ante el avance de la pandemia del Covid-19, está mantener el equilibrio entre la protección de la salud y el funcionamiento de la economía para evitar una crisis social. Ante esta disyuntiva, el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, psicólogo y antropólogo, Sergio González, sostuvo que existe una falsa dicotomía entre salud y economía.
“No existe esa dicotomía de salud pública versus economía. Los gobiernos se deben primero a la sociedad y, en esa línea, la economía es un instrumento de la sociedad”, afirmó González.
“Hoy, lo que hemos perdido, son acuerdos fundamentales acerca de cómo construir sociedad, país, nación. Y, en ese sentido, esta es una tremenda oportunidad para repensar el pacto social. Los gobiernos, por ejemplo, en el tema economía, tienen la responsabilidad de llamar a la mesa a todos los actores relevantes para repensar esta lógica del acuerdo que implica una nueva mirada a lo que es la convivencia de la sociedad”, agregó el psicólogo.
A juicio del experto, “la economía, hoy más que nunca, estará en una situación de reformulación en términos de lo que sean los acuerdos sociales y el gran pacto social que se pueda construir, incluso pensando en una nueva Constitución para Chile”.
Para Sergio González, estas inquietudes ya estaban sobre la mesa desde el estallido social de octubre, “y ahora, con la pandemia, claramente se transforma en un tema irrenunciable, para pensar en lo que viene postpandemia. Tenemos la oportunidad de repensar nuevas formas de cohesión social”.
Otro de los aspectos relevantes abordados por González, es el, en sus palabras, “fracaso de las estrategias de acción individuales o de grupos pequeños, y de la lógica del sálvese usted solo y por sí mismo”.
“Hoy está claro que la función del Estado es fundamental, no solo respecto a la salud de la población, sino para generar las medidas que permitan construir un mejor futuro para todos”, señaló, poniendo como ejemplo las medidas adoptadas a favor de la ciudadanía y las pequeñas empresas en países como Nueva Zelanda y Alemania, y el vuelco en las políticas que guiaron el actuar del Primer Ministro de Inglaterra.
“Lo de Boris Johnson, quien estaba en la lógica de privatizar el sistema de salud público, y que hoy reconoce que su vida se la debe al servicio público y, específicamente a una enfermera y enfermero migrante que lo cuidaron, nos llama a entender estos temas desde una mirada del Estado y desde las políticas públicas”, puntualizó Sergio González.
El riesgo del gasto público mínimo
Por su parte, el sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, Vicente Espinoza, concordó en que las proyecciones económicas, al menos a un año, estarán cruzadas por las medidas que adopten los gobiernos para lidiar con la pandemia del COVID-19.
No obstante, afirmó que se debe colocar especial atención en “la carta de ex Presidentes latinoamericanos y ex ministros de Hacienda, que ven en el dogmatismo del gasto público mínimo, el mayor factor de riesgo para el futuro de la economía, ya que crearía y profundizaría una recesión, deteriorando las condiciones de vida de la población”.
El Director del Magíster en Ciencias Sociales del IDEA-Usach hace alusión a la misiva firmada por ex mandatarios como el chileno Ricardo Lagos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Ernesto Zedillo, quienes reclamaron por políticas más audaces de organismos multilaterales de crédito.
El doctor en sociología y experto tanto en fenómenos como transformaciones de las sociedades americanas contemporáneas hizo hincapié en el perjuicio que provocan las medidas de distanciamiento social para quienes no tienen empleos formales o posibles de desempeñar a distancia.
“La mejor alternativa en ese caso sería proveer un ingreso universal permanente incondicional mientras dure la crisis sanitaria, al estilo de lo aplicado experimentalmente en años anteriores en Canadá, algunos países de Europa y también en Kenya (por razones no asociadas con la pandemia, sino con la eventual pérdida de empleos por la robotización)”, planteó.
“Algo de este estilo, por razones diferentes en cada país, se está haciendo a propósito de la pandemia en Canadá y Estados Unidos. Por cierto, ello involucra incremento del gasto público, pero esto no es indeseable en las actuales condiciones”, concluyó.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resaltó que es necesario diseñar e implementar políticas públicas integrales desde una perspectiva de género y de derechos para responder a la pandemia del COVID-19 en el corto, mediano y largo plazo.
La actividad contó con la participación especial de María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres, y Carolina Cuevas, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género del Gobierno de Chile, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Los principales objetivos del encuentro fueron analizar los distintos escenarios económicos y sociales de la crisis actual y su impacto diferenciado en las mujeres en el corto, mediano y largo plazo; intercambiar información en torno a las principales iniciativas que los gobiernos de la región están llevando adelante, teniendo en especial consideración las necesidades de las mujeres y las desigualdades de género en el marco de la crisis actual; y promover iniciativas de cooperación regional, subregional y bilateral que permitan una respuesta coordinada a la crisis del coronavirus, incorporando lecciones aprendidas de la región y otras partes del mundo.
En su presentación ante las ministras y autoridades, Alicia Bárcena recalcó que la pandemia de la enfermedad por coronavirus ha puesto de relieve las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también ha cristalizado la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. “Es clave hoy reflexionar y actuar sobre la poca visibilidad que tienen los cuidados y las diversas actividades de las mujeres en las economías de la región. Urge pensar las respuestas a las necesidades de la población desde un enfoque de género”, enfatizó.
En la reunión de este miércoles, Alicia Bárcena invitó a las autoridades a pensar cómo las medidas que se están tomando en los Estados de la región afectan los nudos estructurales de la desigualdad de género planteados en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030: “Esto es, cómo lo que se planifique e implemente en este escenario de crisis no agudice aquellos fenómenos de desigualdad e injusticia que durante tanto tiempo trabajamos para revertir. Hemos avanzado muchísimo en acuerdos y compromisos que conforman nuestra Agenda Regional de Género y hace un par de meses los gobiernos adoptaron el Compromiso de Santiago (en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en enero), dando un importante paso más hacia el logro de la igualdad de género”, indicó.
En ese sentido, insistió en la importancia de asegurar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, de protección social y de empleo, entre otras.
Según la CEPAL, los siete años de lento crecimiento económico que se han venido acumulando en América Latina y el Caribe, con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, podrían afectar significativamente a las mujeres. Tal como advirtió el organismo hace pocos días, si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3,5 puntos porcentuales. Esto implicaría que 107 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza.
Además, las medidas de contención de la pandemia podrían tener efectos sobre el trabajo formal de las mujeres producto de su concentración en los sectores más afectados como servicios sociales, comercio al por mayor y al por menor, servicios empresariales y transporte, almacenamiento y comunicaciones. Estos cuatro sectores concentran el 78% de las mujeres ocupadas en la región. Por otro lado, las medidas de cuarentena y salud pública también tendrán un efecto adverso en las personas en el mercado informal y a las pequeñas empresas.
También, la cobertura limitada y desigual a los sistemas de salud afecta el acceso de las personas al cuidado y refuerza el trabajo no remunerado de las mujeres. De esta forma, las medidas de contención y cuarentena profundizan la crisis de los cuidados en la región: el 72,8% del total de personas ocupadas en el sector salud son mujeres, mientras que el trabajo doméstico remunerado representa el 11,4% de las mujeres ocupadas. En tanto, en el período previo a la crisis sanitaria, las mujeres destinaban un tercio de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Hoy con el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, la sobrecarga de trabajo no remunerado se intensifica.
En otro ámbito, la situación de cuarentena o confinamiento conlleva serias amenazas a la seguridad de muchas mujeres y niñas que sufren violencia en sus hogares, advierte la CEPAL, ya que aumenta el tiempo que las mujeres están solas con sus abusadores y reduce las posibilidades de buscar ayuda: en los países de la región que cuentan con mediciones, al menos una de cada cuatro mujeres ha experimentado un episodio de violencia física o sexual infligida por su pareja. En tanto, en la mayoría de los países latinoamericanos, los perpetradores de feminicidios son las parejas o exparejas de las víctimas. En Ecuador, Uruguay y Perú, por ejemplo, este tipo de feminicidio supera el 85% del total de las muertes de mujeres en el país.
En su presentación, Alicia Bárcena enfatizó que la Estrategia de Montevideo contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas para hacer frente al COVID-19 y sus consecuencias, ya que permite impulsar campañas de amplia difusión de los servicios disponibles para garantizar los derechos de las mujeres; promueve iniciativas de cooperación regional, subregional y bilateral; impulsa la disponibilidad de datos de los impactos sobre las personas y la economía, desagregados por sexo y de estudios prospectivos; fomenta la participación mediante plataformas virtuales para consultar con organizaciones de mujeres y feministas sobre las estrategias para enfrentar la pandemia; y amplía el espacio fiscal para movilizar recursos públicos suficientes para enfrentar el COVID-19 desde una perspectiva de género.
“Estamos frente a una crisis sin precedentes pero donde claramente el rol de los Estados y de organismos intergubernamentales será decisivo para coordinar acciones que nos lleven lo antes posible a la superación de la emergencia y a transitar hacia la recuperación económica y social, sin dejar a nadie atrás”, declaró Alicia Bárcena.
En el marco de la reunión, la CEPAL puso a disposición de los países un primer mapeo de las iniciativas anunciadas por los Ministerios y Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres para abordar las dimensiones de género, en las respuestas a la pandemia en los países de América Latina y el Caribe. Este mapeo se actualizará con los avances presentados en la reunión y se convertirá en un repositorio digital actualizado disponible para los países.
Además se dio a conocer el documento La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe que presenta la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región, estudio que ha sido incorporado al Observatorio sobre el COVID-19 en la región creado recientemente por la CEPAL, que agrupa información detallada sobre las políticas que se están tomando a nivel regional y mundial para enfrentar la pandemia de COVID-19, así como el análisis de los impactos económicos y sociales que éstas van a tener a nivel nacional y sectorial.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas afirmó que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región, en un nuevo documento divulgado hoy en su sede central en Santiago de Chile.
El informe titulado América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, fue dado a conocer en una conferencia de prensa virtual (vía video) por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. El reporte aborda la coyuntura, los escenarios y las proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis pandémica global, junto con recomendar acciones de política en diversos ámbitos para contrarrestar sus negativas consecuencias.
En el estudio la CEPAL señala que solo con un nuevo modelo de desarrollo la región evitará volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia del COVID-19 pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo.
El informe expresa la urgencia de implementar en la región acciones inmediatas que permitan aplanar la curva de contagio por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), sin aplanar la curva de la economía.
Asimismo, insta a los gobiernos de la región a tomar medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, la emergencia social y la emergencia económica. En el largo plazo, llama también a los países a repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e integración subregional y regional para asegurar las cadenas de suministro de bienes críticos, promover una migración voluntaria, no forzada, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad, y fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción, entre otras medidas.
“El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado. Los Estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social”, afirmó Alicia Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL agregó que en esta coyuntura la cooperación internacional juega un rol fundamental. “La salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, por lo tanto, dadas las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de la ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al financiamiento y sostener el gasto social y la actividad económica con medidas innovadoras”, indicó.
Precisó que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, la CEPAL ha puesto en marcha el Observatorio COVID-19, un esfuerzo coordinado por la CEPAL con el apoyo de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, que presentará información actualizada sobre los anuncios de política de cada país y otros materiales de interés. El Observatorio contiene información sobre movimientos dentro y entre los países, salud, trabajo, economía y escolaridad.
El estudio indica que América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no se puede descartar que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global, advierte la Comisión.
Según el informe, la crisis del COVID-19 tendrá efectos económicos directos en los sistemas de salud y las tasas de mortalidad, y efectos indirectos, que se materializarán por el lado de la oferta y la demanda en la economía.
Entre los efectos directos se cuenta el impacto en los sistemas de salud de la región, cuya infraestructura es insuficiente para enfrentar los problemas generados por la pandemia. La mayoría de los países de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Por ello, fortalecer los sistemas de salud requiere mayor y mejor gasto público: los países de la región gastan en promedio el 2,2% del PIB en salud; por lo tanto, es necesario encontrar espacio fiscal para fortalecerlos.
Los efectos indirectos de la crisis desatada por la pandemia se están sintiendo en la región a través de cinco canales externos de transmisión, tal como lo señaló Alicia Bárcena hace pocos días[1]: 1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; 2) La caída de los precios de los productos primarios; 3) La interrupción de las cadenas globales de valor; 4) La menor demanda de servicios de turismo; y 5) La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
De acuerdo con el estudio de la CEPAL, se prevé que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global. Además, dado que la propagación del virus ha acelerado el uso de internet y de las tecnologías digitales, este aumento puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos.
La integración regional es crucial para enfrentar la crisis, enfatiza el organismo de las Naciones Unidas. Los países de la región tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel regional, por lo que se requiere escalar las capacidades nacionales y regionales, principalmente en la producción y provisión de bienes de primera necesidad. Para ello es imperativo impulsar el comercio intrarregional, señala el informe.
En el área interna, las medidas de contención tendrán costos en la producción (hasta 67% del PIB regional) y el empleo (hasta el 64% del empleo formal). Asimismo, las medidas de prevención y contención profundizan la crisis de los cuidados en la región: en el período previo a la crisis sanitaria, las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a actividades de trabajo doméstico y de cuidados. La presión sobre los sistemas de salud impactará significativamente a las mujeres, pues son el 72,8% del total de personas ocupadas en este sector.
“El mundo y la región enfrentan una recesión que va a tener efectos de corto y largo plazo. La pregunta es cómo minimizar sus costos y retomar el crecimiento. La magnitud dependerá, entre otros factores, de la contundencia de la respuesta económica, en la que la política fiscal tiene un papel fundamental”, enfatizó Alicia Bárcena.
De acuerdo con la CEPAL, para abordar la emergencia sanitaria es imperativo aplicar inmediatamente y de manera eficiente las medidas de contención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fortalecer los sistemas de salud y garantizar acceso universal a pruebas, medicamentos y curas. Para abordar la emergencia social son necesarias medidas de protección de los ingresos para los grupos más vulnerables, medidas de protección del empleo, como los subsidios de desempleo e ingreso básico de emergencia, y medidas de apoyo a las pequeñas y medias empresas (PYMES) y los trabajadores por cuenta propia.
En tanto, para abordar la emergencia económica se requieren acciones de política fiscal, de política monetaria y de cooperación internacional, explica el estudio. En materia fiscal, se deben reorganizar presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal a fin fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía. En el área monetaria hay que procurar la estabilización de los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario. Y para incentivar la cooperación internacional es necesario reconsiderar las políticas de préstamos concesionales y de graduación de los organismos internacionales. También facilitar los préstamos a bajo interés y postergar el servicio de deuda a los países en vías de desarrollo, incluidos los de renta media.
En particular, el organismo de las Naciones Unidas llama a levantar las sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y pruebas de la COVID-19 y asistencia médica. “Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, indica el documento.
A largo plazo, la región deberá repensar sus estrategias de desarrollo para prevenir la severidad de futuros choques, enfatiza el informe. En este sentido, la CEPAL propone la creación de un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingresos medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva. Asimismo, enfatiza la importancia de contar con un apoyo flexible de las organizaciones financieras multilaterales. Los países en desarrollo deben negociar colectivamente préstamos en condiciones favorables y servicios de la deuda y revisar las políticas de graduación para los países de ingresos medios, explica.
“La CEPAL ofrece un espacio intergubernamental para convocar a las partes interesadas de los sectores público y privado, la sociedad civil y la academia para desarrollar soluciones políticas a los impactos a largo plazo de la crisis y monitorear sus impactos”, declaró Alicia Bárcena.
El reporte también advierte que la crisis del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS). En su análisis presenta ejercicios de simulación para 72 series estadísticas de los indicadores de los ODS. Según la Comisión, el 73% de los indicadores analizados muestra que hay problemas para lograr los ODS hacia el año 2030. En este sentido, la CEPAL enfatiza que evaluar los impactos de las políticas utilizadas para implementar la Agenda 2030 en los países de la región es crucial. De allí que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, el organismo ha desarrollado dos instrumentos concretos: el Portal de los ODS (SDG Gateway) y el Observatorio COVID-19, que estarán próximamente a disposición de la comunidad.
Se acaba de promulgar una ley de teletrabajo en nuestro país y una serie de medidas económicas para resguardar el flujo y la subsistencia de pymes y negocios desde el ejecutivo ya se dieron a conocer en medios de comunicación; pero ¿qué pasa en la realidad del día a día de los emprendedores?. Daniela Pesce, psicóloga de intervención en crisis, da algunas pistas para no desesperar.
CÓMO ADAPTAR LA NUEVA RUTINA AL NEGOCIO
Respecto de quienes puedan tomarse la cuarentena como una opción, según la profesional, es fundamental antes que cualquier orden de tareas, “considerar que éste es un periodo en el que se nos ha pedido un ajuste nunca antes visto. El cambio de rutina de esta envergadura, es en sí mismo un gran desafío, sobre todo cuando el estrés circundante, con tanta información y cifras alarmantes, interfiere con nuestra capacidad de organizarnos y tomar buenas decisiones. En este periodo de ajuste, es importante permitirse no ser perfecto. Hay muchas fórmulas y recomendaciones dando vueltas que orientan, pero es necesario ajustarla a nuestros estilos personales y organizacionales de funcionar, para que sean un aporte y no una fuente de estrés”. Para Daniela es imprescindible, además, resguardar el descanso y la desconexión real de trabajo incluidas las preocupaciones: “Date permiso para recuperarte, es la mejor inversión de tiempo que puedes hacer en estas circunstancias”.
Para lograr esto, el autocuidado debe incluir el comer balanceado, la actividad física y dormir bien o propiciar la instancia para el buen descanso.
DISMINUIR LA ANSIEDAD PARA ENFOCAR METAS EN UN NUEVO ESCENARIO
La ansiedad, la preocupación y el miedo ante una situación incierta es lo esperable. Si no estuvieran presentes en algún grado, sería anormal. En este sentido, “la mejor fórmula es la descompresión, es decir, conversar, compartir con un otro de confianza lo que nos agobia” aconseja Pesce, pero además en relación al emprendimiento indica que “el establecer alianzas o conversaciones con otras organizaciones parecidas o complementarias a la nuestra, cuyas estrategias de supervivencia puedan ser replicadas. puede ser una solución estratégica y saludable al mismo tiempo. Esta aproximación a la competencia puede ser una gran desafio, pero también nos abre ventanas hacia interesantes alianzas y emprendimientos a futuro”.
¿ES LA CRISIS UNA OPORTUNIDAD PARA MI NEGOCIO?
Hay decisiones técnicas de supervivencia de la empresa y la calculadora es una herramienta indispensable, “pero más allá de la viabilidad del proyecto, es clave entender que el éxito o supervivencia del emprendimiento en esta situación extraordinariamente difícil, no compromete mis capacidades como emprendedor, ni impide el éxito en el futuro con otros proyectos” reflexiona la experta.
Desmarcar la contingencia de las capacidades individuales debe ser una de las principales herramientas para enfrentar esta crisis, pues “se puede instalar una suerte de inseguridad en los propios recursos emprendedores y eso es lo que debemos evitar” concluye Daniela Pesce.
