Nacional

El frenesí del Black Friday y el riesgo de comprar sin pensar

El Black Friday vuelve a encender las pantallas, las notificaciones y la ansiedad colectiva. A pocas horas de que arranque oficialmente uno de los eventos comerciales más masivos del país, miles de personas afinan sus listas, comparan precios y se preparan para lanzarse a una avalancha de descuentos que prometen “oportunidades únicas”. Sin embargo, mientras los banners brillan con porcentajes tentadores, también se activa un riesgo habitual en estas fechas: las compras impulsivas, decisiones que nacen del entusiasmo más que de la necesidad y que pueden terminar dejando más de un bolsillo en números rojos.

Para la psicóloga Isabel Puga, académica de la Universidad de Santiago de Chile, este fenómeno no ocurre por casualidad. Responde a una mezcla de factores emocionales, cognitivos y socioculturales que se potencian en eventos como el Black Friday. No solo se trata de vitrinas digitales atractivas, sino de dinámicas colectivas que avalan el consumo como un acto compartido. De acuerdo con la experta, estas fechas pueden “desordenar gravemente el presupuesto personal o familiar”, especialmente cuando los estímulos externos superan al pensamiento racional.

Según Puga, el Black Friday dejó de ser una simple liquidación y hoy opera desde una arquitectura psicológica muy potente. Elementos como la urgencia temporal, los relojes regresivos y la idea de escasez activan el ya conocido FOMO, el miedo a perderse algo importante. “La idea de que ‘es el momento de comprar’ se valida colectivamente, y muchas personas sienten que deben sumarse para no quedar fuera de una oportunidad compartida”, explica la académica. En ese escenario, artículos jamás considerados pueden transformarse en compras aparentemente sensatas solo porque vienen acompañados de un descuento explosivo.

Distinguir una compra necesaria de una impulsiva parece, a veces, más difícil de lo que debería. Sin embargo, Puga sostiene que la diferencia es clara. Las compras necesarias nacen de una planificación concreta y responden a una carencia u objetivo previamente definido. Las impulsivas, en cambio, se gatillan por estímulos externos —una oferta, un anuncio demasiado atractivo o el clásico contador regresivo— y suelen ejecutarse de inmediato, sin reflexión previa. “El descuento genera la ilusión de oportunidad, pero muchas veces no resuelve un problema real del consumidor. Más bien produce una satisfacción momentánea que desaparece rápidamente”, afirmó a Diario Usach.

Con el frenesí del Black Friday a la vuelta de la esquina, la invitación es a enfrentar la jornada con una mirada más consciente. No se trata de renunciar a una buena oferta, sino de evitar que el entusiasmo nos pase por encima. Puga propone acciones concretas que permiten mantener los pies en la tierra: elaborar previamente una lista breve y realista de productos necesarios, comparar precios con calma y reconocer cuándo un deseo repentino es solo una reacción emocional frente al bombardeo comercial. Mantener un presupuesto exclusivo para el evento también ayuda a poner límite al impulso y transforma la compra en una decisión más informada.

Mientras el país se prepara para otro maratón de ofertas, es evidente que el verdadero desafío no es llenar un carrito, sino aprender a equilibrar deseo, necesidad y salud financiera. El consumo responsable no tiene por qué ser enemigo del disfrute, pero requiere pausa, criterio y la voluntad de no dejarse arrastrar por la presión del momento. En un Black Friday donde los estímulos sobran, la mejor compra puede ser, simplemente, la que se piensa dos veces.

La violencia sexual infantil como emergencia nacional

Chile vive una de las crisis más duras y profundas de su historia reciente: la protección infantil está en jaque tras el aumento explosivo de denuncias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entre 2018 y 2024 se han registrado más de 114.000 causas, una cifra que refleja un crecimiento del 186% y que instala un escenario alarmante. Solo en 2023, las denuncias superaron las 40 mil, mientras estudios revelan que uno de cada cuatro niños en el país ha sufrido algún tipo de violencia sexual. En medio del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, conmemorado el pasado 19 de noviembre, la situación ha sido descrita sin medias tintas como una “emergencia nacional”.

Las organizaciones especializadas han insistido en que el fenómeno no es nuevo, sino que simplemente dejó de estar oculto. Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile, lo expresa con crudeza: “No se trata de episodios aislados; hablamos de una problemática que avanza en silencio y que sigue dejando huellas profundas”. Su advertencia no solo apunta a la gravedad del problema, sino al peso cultural que ha permitido que estos delitos se mantengan por décadas fuera de la discusión pública.

Para entender el aumento de denuncias, especialistas explican que las cifras no necesariamente responden a un crecimiento real del abuso, sino a una mayor capacidad para detectarlo. La psicóloga infanto-juvenil y académica de la Usach, Mariela Muñoz, lo plantea con claridad: “Me parece que el aumento de denuncias no responde únicamente a que hay más abusos que antes; sino que podemos estar detectando mejor que antes”. A su juicio, la mayor disponibilidad de información y la sensibilización social han permitido identificar señales que antes eran minimizadas o ignoradas por las familias, los colegios e incluso los organismos del Estado.

La académica insiste en que la violencia sexual no se limita al imaginario más extremo, sino que abarca cualquier conducta de connotación sexual por parte de un adulto hacia un menor. “Estamos accediendo a mayor información, por lo tanto, estamos más atentos a indicadores que nos pueden hacer sospechar y con esto activar alertas y denuncias de abuso sexual infantil”, explica. Sin embargo, advierte que este avance convive con una realidad estructural dolorosa: miles de niños crecen en soledad, sin adultos disponibles que acompañen, escuchen o identifiquen situaciones de riesgo. Jornada laborales extensas, estrés constante y la falta de apoyo estatal generan un caldo de cultivo para dinámicas abusivas que avanzan sin freno.

La falta de escucha hacia la infancia sigue siendo uno de los mecanismos más crueles de perpetuación del abuso. Muñoz lo describe como un problema cultural profundamente arraigado en la visión adultocéntrica: “Cuando nos movemos en visiones adultocéntricas… caemos en discursos de invalidación a niños y niñas, y entonces se generan dinámicas de abuso”. La especialista explica que muchos menores sí intentan revelar lo que les ocurre, pero encuentran respuestas que minimizan, dudan o desconfían, empujándolos a guardar silencio y reforzando una sensación de desesperanza e indefensión. A esto se suma una de las características más estremecedoras del fenómeno: la mayoría de los agresores pertenece al entorno más cercano del niño, dentro de su propia familia o círculo de confianza, lo que dificulta aún más la denuncia y la intervención temprana.

Frente a un escenario tan desolador, los especialistas coinciden en que la protección no puede recaer solo en profesores, psicólogos o médicos. “Todos como ciudadanos y sociedad somos responsables de cuidarnos y cuidar especialmente a niños y niñas”, enfatiza Muñoz. La psicóloga señala que esta responsabilidad involucra a cualquier adulto cercano: vecinos, tíos, apoderados, amigos. Todos pueden convertirse en el punto de ruptura que permite detener un abuso antes de que escale y deje secuelas irreparables.

El primer paso, dice la académica, es creer. “Es muy importante nunca cuestionar, ni dudar, sólo creer”, subraya, recordando que un niño que confiesa haber sido vulnerado ha atravesado un proceso emocional devastador para poder verbalizarlo. Acompañar, transmitir seguridad y actuar de inmediato son acciones cruciales. Dependiendo del rol de cada adulto, la denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía o Tribunales de Familia es indispensable para activar las redes de protección que ofrecen apoyo psicológico, social y jurídico. Estos programas especializados son clave para que los niños puedan resignificar lo vivido y avanzar en su recuperación. “La evidencia es clara sobre la relevancia de este tipo de intervención”, añade Muñoz, destacando el impacto positivo de la psicoterapia en la reparación emocional de las víctimas.

La crisis actual no deja espacio para la indiferencia. El país enfrenta una urgencia impostergable: proteger a la infancia exige educación, políticas públicas robustas y una responsabilidad compartida. La violencia sexual contra niños no puede seguir siendo un tema silenciado ni relegado al ámbito privado. Si Chile quiere mirar de frente su futuro, debe comenzar por cuidar a quienes lo representan.

Elecciones bajo el sol y la presión del voto obligatorio en todo Chile

Este domingo se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, una jornada decisiva donde millones de personas deberán elegir al próximo Presidente de la República y a los representantes del Congreso que acompañarán ese mandato durante los próximos cuatro años. Aunque para algunas regiones también implica escoger senadores, el peso real del día estará en la masividad del proceso, en la obligatoriedad del voto y en las condiciones climáticas que acompañarán a quienes salgan a ejercer su derecho. En un contexto político y social especialmente sensible, el llamado transversal es a llegar preparado, informado y protegido.

Para quienes trabajan, la normativa vigente permite ausentarse por tres horas para votar o excusarse si el contexto laboral lo exige, un recordatorio clave considerando que la participación no es optativa. El académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Gonzalo Parra, destacó que uno de los errores más recurrentes que cometen los electores es llegar al local equivocado o confundirse de mesa. “Reconozcan y obtengan información sobre su local de votación. Gran parte de los errores que suelen cometerse y que llevan a equivocaciones de las personas es no saber bien sobre su local de votación, cambio de domicilio electoral y eventualmente, su mesa”, señaló, apuntando a una problemática que en cada elección genera aglomeraciones y retrasos.

Parra advirtió además que este año las papeletas serán particularmente extensas en algunos distritos, debido a la cantidad de candidaturas parlamentarias. Frente a ese escenario, su consejo es llegar preparado, habiendo revisado previamente nombres, listas y referencias. Según explicaba, “en cuanto a las papeletas este año, dependiendo de los distritos van a ser muy grandes por la cantidad de candidaturas. Entonces, un consejo es con anticipación revisar cuál es el candidato o candidata y ver a qué lista representa para poder identificar más rápido en la papeleta gigante y así no confundirse y no perder tiempo”. Información simple, pero clave para evitar pérdidas de tiempo bajo un sol que se anticipa intenso.

Y es que el calor será uno de los protagonistas de la jornada. La Región Metropolitana podría bordear temperaturas entre 29 y 30 grados durante la tarde, lo que encendió las alertas sanitarias. La Dra. Vivian Luchsinger, del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, recomendó evitar las horas de mayor exposición entre las 12 y las 15. “Usar gorro o sombrero, protegerse la cabeza de la posición al sol, usar bloqueador solar, aplicárselo en toda la piel expuesta. En cuanto a la ropa, lo mejor es usar ropa de algodón, no tela sintética. Y existen incluso bloqueadores que se aplican a la ropa”, indicó. También insistió en preferir colores claros y mantener hidratación constante, sumando un detalle práctico: calzado cómodo para quienes caminen hasta su local de votación.

El calor no será el único factor a considerar. El doctor Cristian Rebolledo, jefe del programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, recordó la importancia de la hidratación, tanto para electores como para vocales de mesa, y advirtió sobre el escenario de virus respiratorios que ha aumentado en las últimas semanas. Por eso, destacó que quienes presenten síntomas como tos, congestión o dolor de garganta deberían asistir con mascarilla a sus centros de votación, además de mantener medidas instaladas desde la pandemia, como el lavado de manos, el uso de alcohol gel y las toallitas desinfectantes. Un recordatorio oportuno considerando la alta afluencia de público que se espera.

El voto obligatorio también marca un punto inflexible de estas elecciones. La ley establece multas que van entre 0.5 y 3 UTM, es decir, entre $34.771 y $104.313 aproximadamente, para quienes no acudan a sufragar sin causa justificada. “El Servel hoy en día ha establecido una serie de multas en el caso de no presentarse a sufragar”, puntualizó Parra, añadiendo que las personas en el extranjero quedan exceptuadas si se encuentran a más de 200 kilómetros del local donde les correspondería votar. Las mesas permanecerán abiertas desde las 8 hasta las 18 horas, con la excepción de que continúe habiendo personas esperando para votar dentro o fuera del recinto al momento del cierre.

A pocas horas del proceso electoral, el mensaje es claro: votar es obligatorio, informarse es indispensable y cuidarse es una responsabilidad colectiva. Entre el calor, la alta concurrencia, la extensión de las papeletas y el contexto sanitario, la clave será anticiparse para vivir una jornada ordenada, segura y participativa.

Cómo las campañas chilenas están mutando para conquistar el voto conectado

El llamado “rap de Matthei” apareció como un golpe de efecto en medio de una campaña presidencial que ya venía cargada de gestos hacia la cultura digital. Con versos como “No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa’ delante”, la candidata de Chile Vamos entró de lleno al terreno de los virales, acumulando más de un millón de reproducciones en Instagram y superando el medio millón en Facebook. La jugada no solo generó memes, críticas y debates encendidos, sino que instaló una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llega la influencia real de las redes sociales en una elección?

La respuesta, al menos en el mapa político chileno de 2025, es compleja. Jeannette Jara apuesta por un tono de cercanía, José Antonio Kast insiste en cápsulas breves y efectivas, y los ocho candidatos despliegan omnipresencia digital en Instagram, TikTok y YouTube. Este ecosistema les permite hablar en un lenguaje adaptado al flujo cultural de la pantalla: clips cortos, estética callejera, storytelling emocional y una intensidad que se filtra directo al feed del votante. Pero la pregunta de fondo es si ese impacto se traduce en algo más que reproducciones. Juan Francisco Ugarte, académico del Departamento de Publicidad e Imagen de la Universidad de Santiago, sostiene que sí. “Esto facilita la micro-segmentación de mensajes y la creación de comunidades de apoyo, que pueden ser cruciales para la movilización en días de elección”, señaló a Diario Usach, subrayando que las redes permiten saltarse intermediarios y establecer una comunicación directa.

Sin embargo, ese acceso sin filtros también trae riesgos. Ugarte advierte que las plataformas “pueden ser caldo de cultivo para la desinformación (‘fake news’) y la polarización, afectando la calidad del debate”. En un país donde la tensión política es combustible disponible en cada scroll, el equilibrio entre visibilidad y responsabilidad se vuelve delicado. La velocidad con que se replican los contenidos supera cualquier capacidad editorial, y en esa zona gris es donde las campañas pueden ganar tracción o cometer errores costosos.

El modelo del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani —híbrido entre redes hiperactivas y terreno cara a cara— también entra en la ecuación. Su estética urbana y sus mensajes claros sobre vivienda, cuidados y costo de vida demuestran que lo digital es importante, pero no suficiente. Ugarte lo resume de forma precisa: “Los tipos de mensajes que logran viralidad suelen ser aquellos que son simples, fáciles de compartir y que abordan temas que generan una respuesta más emocional”. Pero en Chile, recuerda el académico, los medios tradicionales aún sostienen una parte relevante del electorado. La televisión abierta, la radio y la prensa siguen marcando presencia, especialmente en votantes mayores, conformando un ecosistema donde lo digital funciona como motor, no como territorio exclusivo.

La figura del “vecino digital” ilustra esta mutación. Mientras el puerta a puerta sigue siendo clave, las plataformas sociales permiten replicar esa intimidad a escala masiva. Ugarte explica que el mensaje del candidato puede aparecer directamente en el feed personalizado del votante, creando una sensación de proximidad sin necesidad de tocar una puerta física. Herramientas de segmentación permiten que un contenido sobre pensiones llegue a personas mayores, mientras que uno sobre el costo de la vida se dirija a millennials. “El mensaje A llega solo a la Audiencia A”, señala el experto, gracias a modelos de publicidad como Facebook Ads o Google Ads, que empujan la campaña hacia territorios hiperdefinidos y medibles.

Captar el voto joven, sin embargo, exige códigos específicos. Ugarte lo define como infotainment: contenido informativo pero entretenido, breve, visualmente atractivo y técnicamente bien producido. En un ecosistema donde la vida útil de un video puede ser de apenas horas, las campañas requieren equipos capaces de producir, editar y responder en tiempo real. Y hacia adelante, la tendencia es clara: “Las futuras elecciones serán inherentemente híbridas, donde la estrategia digital será el eje central que coordine el resto de las actividades”, sostiene el académico. La irrupción de la realidad aumentada, la IA generativa y el análisis de Big Data prometen volver las campañas más sofisticadas, más segmentadas y más competitivas, profundizando la idea de que la política, hoy más que nunca, se juega en muchas capas a la vez.

En ese escenario, el “rap de Matthei” no es simplemente una curiosidad viral. Es una señal del tipo de contienda que se está configurando en Chile: acelerada, emocional, digitalizada y cada vez más estratégica. Y aunque los votos aún se cuentan en urnas físicas, buena parte de la batalla se libra en la pantalla.

La justicia ordena reincorporar a vecina a un grupo de WhatsApp y abre debate sobre la convivencia digital en Chile

En Arica, un caso judicial aparentemente menor terminó convirtiéndose en un precedente para la convivencia digital en Chile. La Corte de Apelaciones resolvió que una vecina del condominio Terrazas del Alto debía ser reincorporada al grupo de WhatsApp de su edificio, tras haber sido expulsada por decisión de la mitad de sus vecinos. El tribunal consideró que la medida vulneraba su derecho a ser informada y participar en los asuntos comunitarios, al haberse transformado el chat en el principal medio de comunicación y deliberación del condominio. En otras palabras, el grupo de WhatsApp no era solo un espacio social: era, en la práctica, la nueva asamblea vecinal.

“El grupo de WhatsApp, aunque informal, se ha constituido en la práctica como el medio de información, deliberación y votación de las decisiones internas”, estableció la resolución judicial. Con esa frase, la Corte no solo resolvió un conflicto puntual, sino que también reconoció algo más profundo: la digitalización de la vida comunitaria ha llegado a un punto donde la exclusión virtual puede equivaler a una exclusión real. En la era de los teléfonos inteligentes, ser silenciado en un chat puede significar quedar fuera del vecindario.

La socióloga Teresa Pérez, académica de la Universidad de Santiago e investigadora del Centro de Estudios Migratorios (CEM), explica que este tipo de conflictos no son meramente tecnológicos, sino culturales. “El lenguaje escrito, sobre todo cuando es informal, se presta a malas interpretaciones. No todos tienen las mismas habilidades para expresarse digitalmente, y eso genera confusiones, malentendidos y conflictos”, señaló en conversación con Diario Usach. Para Pérez, el problema no está en WhatsApp ni en la hiperconectividad, sino en la falta de normas y educación digital.

“Estos canales debiesen iniciarse con reglas explícitas, compartidas por todos. Y cuando se incorpora un nuevo miembro, es necesario resocializar esas normas constantemente”, enfatizó. La académica sostiene que los grupos vecinales —como los de condominios o colegios— son microcosmos de la sociedad: reproducen dinámicas de liderazgo, exclusión y conflicto. En ese sentido, sugiere crear una suerte de reglamento de convivencia digital, que defina los objetivos del grupo, la veracidad de la información compartida y los mecanismos para resolver desacuerdos sin llegar a la expulsión.

El caso de Arica también reveló vacíos en la forma en que se toman decisiones dentro de las comunidades. La expulsión de la vecina se votó con un 50% de apoyo, lo que para Pérez es insuficiente. “Un 50% no es una mayoría. La votación debe tener reglas claras: si será mayoría simple, calificada o 50% más uno. Estas definiciones son esenciales para legitimar decisiones y evitar arbitrariedades”, comentó. Su análisis expone una paradoja del mundo digital: mientras la tecnología facilita la participación, también puede amplificar la desigualdad cuando no existen mecanismos transparentes.

Pérez advierte que la exclusión digital puede ser emocionalmente dañina. En contextos donde el grupo de WhatsApp es el único canal de comunicación, la expulsión puede afectar el bienestar de la persona y la cohesión del grupo. “Incluso quienes no estuvieron de acuerdo con la exclusión pueden sentirse censurados o temerosos de expresar sus opiniones”, señaló. Para evitar este tipo de fracturas, sugiere que los municipios apoyen con programas de orientación digital que entreguen herramientas para la convivencia y resolución de conflictos en línea. “No se trata de formalizarlos, sino de darles reglas básicas que otorguen seguridad y sentido comunitario”, añadió.

El fallo de la Corte de Apelaciones no solo reinsertó a una vecina en un grupo de chat; también encendió una conversación sobre cómo habitamos los espacios digitales en comunidad. En una época donde los pasillos, las plazas y las juntas de vecinos han sido reemplazadas por pantallas, la justicia chilena reconoce que el mundo digital también es territorio cívico. “Estamos frente a una extensión del espacio público en formato digital”, concluyó Pérez. “No se trata de demonizar el WhatsApp, sino de aprender a habitarlo con empatía, responsabilidad y normas claras”.

Incendios forestales y el negocio de la catástrofe en Chile

En el Aeródromo de Tobalaba, el Presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales, un programa que destina 160 mil millones de pesos para enfrentar uno de los problemas más persistentes del país. Durante la actividad, el mandatario fue enfático: “la prevención es un deber, una responsabilidad compartida, porque como hemos dicho año tras año, el 99% de los incendios son por causa humana”. La frase resonó en un contexto en el que Chile acaba de registrar su peor temporada en más de una década, con 5.815 incendios forestales durante 2024, la cifra más alta desde 2010.

Sin embargo, para muchos especialistas, las causas del fuego no se apagan con discursos ni cifras récord de inversión. El académico Jorge Morales, exdirector regional de Conaf en la Región del Biobío y actual docente de la Universidad de Santiago, fue categórico al evaluar el anuncio presidencial: “En Chile no se hace prevención de incendios forestales”. En conversación con Diario Usach, el experto explicó que la verdadera prevención no se mide por campañas comunicacionales, sino por la reducción efectiva de los siniestros. “El único indicador real es el número de incendios ocurridos. Y esos números no dejan de crecer”, enfatizó.

Morales critica el enfoque superficial con el que el país ha enfrentado el problema. Según él, el concepto de “campaña” es obsoleto, y los esfuerzos actuales no van más allá del marketing político. “La prevención de incendios es una rama de la Ingeniería Forestal y una labor que dura todo el año. Pero Chile todavía cree que prevenir es hacer spots de verano”, sostuvo. Para el especialista, la raíz del problema está en la inacción estructural, más que en la falta de conocimiento ciudadano. “No es que la gente no sepa que los incendios son malos; es que los provoca de forma intencional o accidental. Esto no se resuelve con charlas escolares”, añadió.

El diagnóstico es lapidario: Chile trata los incendios como si fueran desastres naturales cuando en realidad son fallas humanas y políticas. “Cada vez que ocurre un incendio, significa que la prevención fracasó”, apunta Morales. En su análisis, la Senapred sigue actuando bajo la lógica de la emergencia y no de la anticipación. “Somos fantásticos para apagar incendios, tenemos bomberos, brigadistas, aviones y camiones aljibe. Pero no hacemos nada para prevenirlos. El negocio es el incendio, no la prevención”, sentencia el académico, con una ironía que refleja frustración más que cinismo.

Sobre el proyecto de Ley de Incendios presentado en 2023, Morales tampoco se guarda críticas. “Esa es una ley que no sirve para nada. Chile no necesita una ley para prevenir incendios forestales, lo que necesita es hacerlo”, afirmó. Para él, las respuestas legislativas tras cada catástrofe son una constante histórica. “En nuestro país, cuando hay un problema, se crea una ley. Tenemos vocación de catástrofe: sabemos cómo apagar incendios, cómo hacer colectas y hasta cómo vender más en ferreterías después de un desastre. Pero seguimos sin invertir en evitar que ocurran”.

Mientras tanto, los riesgos crecen con el calor. Morales advierte que “donde haya una persona, puede haber un incendio forestal”. Según sus datos, las regiones de Valparaíso y O’Higgins concentran los siniestros más graves entre noviembre y diciembre, mientras que en enero y febrero el fuego se traslada al sur del país. Pero también hay una nota de esperanza en medio del caos: junto al académico Leoncio Briones, Morales trabaja en un proyecto de inteligencia artificial capaz de predecir incendios forestales mediante modelos de gemelos digitales y una base de datos de más de 150 mil siniestros. “Estamos probando algoritmos que permiten anticipar con un alto grado de certeza dónde podrían iniciarse nuevos incendios. Como estos son provocados por humanos, se pueden presagiar”, concluye.

El desafío está sobre la mesa: transformar la “vocación de catástrofe” en una cultura real de prevención. Porque si algo demuestran las cifras y las cenizas, es que en Chile el fuego no se extingue con promesas, sino con acciones concretas y una voluntad política que aún no termina de encenderse.

El paseo Bandera deja de ser peatonal y se abre a la locomoción colectiva

Tras más de diez años convertido en uno de los pocos corredores peatonales icónicos de la capital, el paseo Bandera dejará de ser exclusivamente para la gente. La Municipalidad de Santiago confirmó que la arteria volverá a recibir transporte público, en una jugada que busca reconectar el centro con un trazado pensado solo para buses RED, la mayoría eléctricos. La decisión, tomada junto al Ministerio de Transportes y el Serviu Metropolitano, implica una inversión de $1.600 millones y una transformación que ya genera debate entre ciudadanos, urbanistas y autoridades.

El rediseño contempla una pista de 3,5 metros de ancho, con límite de velocidad de 30 km/h y un trazado en zigzag en algunos tramos para compatibilizar la circulación de buses con terrazas gastronómicas, mobiliario urbano y espacios peatonales. Según el alcalde Felipe Alessandri Desbordes, “vamos a reconectar Bandera, manteniendo el 90% del espacio para uso peatonal y destinando solo 3,5 metros para locomoción colectiva de primer nivel. No habrá autos ni camiones en esta vía”.

Para algunos expertos, el cambio abre una puerta a mejorar la movilidad en el centro. Carlos Muñoz, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach, sostuvo que la medida es comparable con experiencias internacionales. “Es una oportunidad para mejorar aún más el transporte público y desincentivar el uso de los vehículos motorizados. La experiencia efectivamente demuestra que en otras partes ha funcionado. El tema es acostumbrar a la ciudadanía a que esto pudiera ocurrir”, señaló. Muñoz incluso arriesga un pronóstico: “Tiene más posibilidades de éxito que de error, diría un 65% de éxito”.

Sin embargo, otros especialistas miran la decisión con preocupación. Américo Ibarra, académico de la Usach e integrante del Centro de Políticas Públicas del Territorio, plantea que más que una visión de ciudad, se trata de una respuesta táctica. “Desde la perspectiva de la planificación urbana y la gobernanza territorial, la decisión de reabrir el paseo Bandera al transporte público podría entenderse como una respuesta funcional a necesidades inmediatas. Pero es difícil considerarla como una política positiva en el largo plazo, si se evalúa desde la perspectiva de la recuperación del espacio público”, indicó.

Para Ibarra, la pérdida va más allá de los metros cuadrados. “Bandera había logrado consolidarse como un referente del urbanismo táctico, donde la ciudadanía se había apropiado de ese espacio y donde se comenzaban a desarrollar actividades culturales en centro de Santiago. Resignificaba ese espacio público de una manera positiva. Es la pérdida de un espacio simbólico que había sido ganado en el centro de Santiago, debilita la experiencia urbana que ha sido gratamente aplaudida por la comunidad. Es un retroceso en la política de recuperación del centro como lugar de encuentro ciudadano”, advirtió.

En el fondo, lo que está en juego no es solo si circulan o no buses eléctricos, sino qué modelo de ciudad quiere construir Santiago en su corazón. El paseo Bandera era un símbolo del derecho a caminar, a encontrarse y a ocupar la calle como escenario cultural. Ahora será también una vía de transporte, con la promesa de compatibilizar ambos mundos. Lo que ocurra en los próximos meses será clave para ver si este experimento logra equilibrar movilidad, espacio público y vida urbana o si, como temen algunos, será recordado como una oportunidad perdida.

Violencia política digital amenaza la participación de mujeres en Chile

Un estudio elaborado por la Universidad de Santiago en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género encendió una alerta sobre un fenómeno que crece en la misma medida que las campañas electorales se digitalizan. La investigación reveló que la violencia política digital de género es una realidad persistente que afecta directamente a candidatas en distintos niveles de representación, limitando su libertad de expresión y debilitando su capacidad de acción en la esfera pública.

El informe se realizó en el marco de las elecciones locales y regionales de 2024, con una metodología que combinó análisis automatizados de casi un millón de interacciones en Facebook, X e Instagram, además de una encuesta enviada a las más de seis mil candidatas del proceso electoral, de las cuales 740 respondieron. Los resultados no dejan espacio para la duda: las redes sociales son una plataforma clave para la visibilización política, pero también un campo minado donde la violencia y el acoso son cotidianos.

El dato más revelador es que el 69% de las candidatas encuestadas afirma haber experimentado algún tipo de violencia digital, con expresiones que van desde insultos sexistas y mensajes de odio, hasta campañas de desinformación y ataques dirigidos a sus características corporales. La violencia no es solo anecdótica: un 51% de las afectadas reconoce que estos episodios le quitaron las ganas de exponerse, un 41% pensó en abandonar la política y un 30% se sintió directamente limitada en su libertad de expresión.

El impacto emocional y político de este acoso es evidente, pero la respuesta institucional es débil. Mientras un 61% de las candidatas dice recibir apoyo familiar y un 59% de sus amistades, apenas un 10% señala respaldo desde sus partidos políticos. Solo el 11% de las mujeres que enfrenta violencia digital presenta denuncias, un número alarmante considerando que menos de la mitad de las encuestadas sabe efectivamente dónde acudir para reportar estas agresiones.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, subrayó la urgencia del problema: “Los datos son claros, las mujeres sufren acoso en redes, se autocensura respecto a sus opiniones y creemos que esto es un riesgo para la democracia”. Desde la Usach, Débora Jana, coordinadora del Observatorio de Género y Diversidad, reforzó la misma línea al afirmar que “el estudio corrobora lo que se percibe en etapas de campaña política”. El académico René Jara, en tanto, precisó que “se trata de un fenómeno transversal, no de candidaturas contra otras. Y también contra la clase y la etnia. Es un tema global que hay que estar monitoreando”.

La reiteración de insultos como “regalada”, “incapaz” y “feminazi” contra mujeres en cargos de mayor visibilidad, como alcaldías y gobernaciones, da cuenta de cómo la violencia política digital no es un problema periférico, sino estructural. En un país que se prepara para nuevas elecciones presidenciales, los hallazgos del estudio ponen presión sobre partidos, autoridades y plataformas digitales para asumir responsabilidades concretas. La violencia digital no solo afecta a las mujeres en lo personal, sino que erosiona las bases mismas de la democracia al limitar quiénes se atreven a participar en ella.

El nuevo protocolo que une a agricultores y apicultores en defensa de las abejas

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acaba de poner sobre la mesa un recordatorio que toca directamente a la sobrevivencia de la apicultura nacional: durante todo octubre, los apicultores y apicultoras del país deberán declarar sus apiarios y colmenas en el Sistema de Información Pecuaria Apícola (SIPEC Apícola). Lejos de ser un mero trámite burocrático, esta actualización de datos será clave para que la industria apícola pueda acceder a subsidios estatales, programas oficiales de control sanitario y, lo más importante, resguardar a las abejas frente a la amenaza de plaguicidas.

La declaración puede hacerse en línea a través de la plataforma sipecweb.sag.gob.cl o directamente en las oficinas regionales del organismo, mediante el Formulario de Registro de Apicultores y Declaración de Apiarios (FRADA). El llamado del SAG no es casual: la apicultura no solo se enfrenta a desafíos de producción, sino también a riesgos ambientales cada vez más urgentes.

Uno de los cambios más relevantes que trae el SIPEC Apícola es que desde enero de 2026 comenzará a operar el Sistema de Avisaje de Plaguicidas para productos catalogados como muy tóxicos para las abejas, y desde abril de ese mismo año para los considerados moderadamente tóxicos. Esto implica que los agricultores tendrán la obligación de avisar con al menos 48 horas de anticipación a los apicultores registrados cuando realicen aplicaciones de químicos que puedan poner en riesgo a las colmenas.

La medida busca generar una red de protección real y efectiva. Para que funcione, la información declarada por los apicultores será el eje central: ubicación de apiarios, cantidad de colmenas y datos de contacto deben estar siempre actualizados. Solo así se podrá garantizar una notificación directa y oportuna frente al uso de pesticidas. Es, en la práctica, una herramienta de alerta temprana para evitar muertes masivas de abejas.

En un contexto donde la polinización es esencial para la producción agrícola del país y donde los apicultores suelen verse invisibilizados en la cadena de valor, la implementación del sistema es un paso significativo hacia un modelo más responsable y coordinado. La relación entre agricultores y apicultores, que históricamente ha tenido tensiones, ahora contará con un canal formal que podría reducir riesgos y, al mismo tiempo, elevar la calidad de los procesos productivos.

El mensaje del SAG es claro: sin información actualizada no hay forma de proteger a las abejas ni de potenciar la apicultura nacional. Declarar los apiarios no es una opción, es una obligación que podría marcar la diferencia en la sostenibilidad de uno de los sectores más vulnerables y estratégicos de la agricultura chilena.

El Metro como escenario del dolor urbano en Santiago

En Santiago, el aviso por parlantes de “persona en la vía” se ha vuelto una frase repetida en los últimos días dentro del Metro. Para muchos usuarios significa interrupciones, atrasos e incomodidad, pero tras esa fórmula se esconde un drama silencioso: intentos de suicidio que activan el código interno conocido como Sigma. Esta señal, utilizada por funcionarios del Metro, es un eufemismo que evita nombrar directamente lo que ocurre, aunque cada vez más santiaguinos entienden lo que realmente significa.

El fenómeno no es aislado. Durante esta última semana, en al menos dos jornadas consecutivas, se ha informado de personas que se lanzaron a las vías, confirmando que el tema ya no es esporádico sino que comienza a marcar pauta en la experiencia urbana. La psicóloga Isabel Puga, del Centro de Salud de la Universidad de Santiago, explica que detrás de estas conductas hay un componente estacional clave: la llamada “primavera gris”. Este término alude a cómo el aumento de la luz y la llegada de días más largos, lejos de animar a todos, puede agudizar los sentimientos de angustia, vacío y desesperanza en quienes enfrentan cuadros de depresión.

“Tenemos un factor estacional, es complejo y multifactorial, donde este patrón ocurre tanto en Chile como en otras partes del mundo”, señala Puga. De acuerdo con la especialista, las cifras de suicidio tienden a aumentar hacia el final de la primavera y el inicio del verano. La razón está en los cambios químicos que provoca la luminosidad en el cerebro: alteraciones en la serotonina y la dopamina, neurotransmisores vinculados al ánimo y al sueño. Estos cambios pueden descompensar a personas que ya viven con condiciones previas de salud mental.

La paradoja de la primavera, dice la psicóloga, está en la energía. Durante el invierno, muchas personas con depresión grave atraviesan una especie de ralentización psicomotora, que les impide incluso concretar un plan suicida. Con la llegada de la luz y el aumento de energía, esa inercia se disipa, pero la desesperanza persiste. “Ahora, con el aumento de la luminosidad, la energía y la primavera, se alivia un poco la falta de energía, pero la ideación suicida y la desesperanza aún persisten, entonces les permite planificar y ejecutar el acto”, explicó Puga.

El Metro, por su parte, se ha convertido en escenario de este drama urbano por su visibilidad y accesibilidad. Es un espacio público, céntrico, donde la inmediatez facilita un acto impulsivo. Puga lo sintetiza así: “Existe mayor accesibilidad, mayor disponibilidad, es un lugar donde puede llegar el público, está en el centro de la ciudad, no hay mayores obstáculos”. Además, la psicóloga sugiere que existe un componente simbólico en hacerlo frente a otros, casi como un acto final de visibilidad.

El aumento de casos Sigma es también un llamado de alerta para el Estado y para la propia empresa de transporte. Expertos recomiendan capacitaciones para que los trabajadores del Metro puedan detectar señales de alerta y acercarse de manera empática a personas en riesgo. Paralelamente, se recuerda que en Chile existe el Fono de Prevención del Suicidio (*4141), un canal disponible para quienes necesiten ayuda inmediata. Mientras tanto, en las estaciones de Santiago, los pasajeros siguen escuchando esa frase que interrumpe el trayecto diario, pero que revela un problema mucho más profundo: la crisis silenciosa de salud mental que atraviesa la ciudad.