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El costo invisible de la menstruación en Chile

by 17 enero, 2026 in Nacional Comments are Disabled

La menstruación sigue siendo, para miles de niñas, adolescentes y mujeres en Chile, una experiencia atravesada por el dolor, la incomodidad y la desigualdad. Así lo confirman los resultados de la Encuesta de Salud Menstrual presentada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un estudio que pone cifras concretas a una realidad históricamente invisibilizada y que hoy se instala con fuerza en la agenda pública como un problema de equidad y salud.

La investigación, desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con el apoyo de Softys, evidencia que la menstruación continúa limitando la participación plena de mujeres en espacios educativos, sociales y laborales. Lejos de ser un tema íntimo o meramente biológico, el estudio revela cómo el ciclo menstrual impacta directamente en la vida cotidiana y en las trayectorias personales.

Los datos son elocuentes. Un 66% de las mujeres declara experimentar dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual, mientras que un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas. A ello se suman experiencias de estigmatización: un 11% se ha sentido discriminada, rechazada o acosada; un 10% ha optado por ocultarse mientras menstrúa; y un 7% ha sentido vergüenza, confirmando que el tabú sigue operando con fuerza.

En el ámbito educativo, las brechas se profundizan. Solo 4 de cada 10 mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro durante la menstruación, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales. Estas condiciones precarias no son anecdóticas: un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% vio restringida su vida social durante el período menstrual.

La encuesta también pone el foco en el acceso desigual a la salud. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados en salud menstrual, mientras que un 16% nunca ha accedido a este tipo de atención. Este déficit dificulta el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de patologías asociadas al ciclo menstrual, perpetuando la normalización del dolor extremo.

El impacto no es solo físico. El 70% de las mujeres reporta síntomas de salud mental durante la fase premenstrual, como baja energía, ansiedad, angustia, irritabilidad o cansancio, afectando su desempeño académico, laboral y social. En este contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar que “estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”.

Desde una mirada experta, Camila Herrera Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago y magíster en Nutrición, Medicina y Salud de la Mujer, advierte que los resultados reflejan un problema estructural. “La menstruación es un proceso fisiológico que tiene implicancias en múltiples determinantes sociales de la salud”, explica, subrayando que factores educativos, culturales y económicos condicionan profundamente cómo se vive el ciclo menstrual en Chile y en América Latina.

Para la especialista, uno de los datos más alarmantes es que un 63% de las encuestadas haya dejado de participar en actividades sociales. “Muchas personas dejan de participar porque experimentan dolor menstrual que se ha normalizado y no se trata adecuadamente. A eso se suma el estigma del miedo a mancharse, la vergüenza y la idea de que la menstruación debe ocultarse. También influye la falta de infraestructura adecuada y la dificultad para acceder a insumos en contextos de pobreza menstrual. En conjunto, estos factores generan inseguridad y limitan la participación plena”, comenta.

La brecha en el acceso a atención especializada también responde, según Herrera, a falencias del sistema de salud. “La atención primaria tiene una alta carga asistencial y muchas veces no dispone de profesionales capacitados en salud hormonal o dolor pélvico”, explica, agregando que la desigual distribución territorial de especialistas golpea con mayor fuerza a zonas rurales y regiones extremas. A ello se suma, sostiene, una deuda histórica en políticas públicas: “Falta integrar la salud menstrual como un eje formativo y asistencial en todos los niveles del sistema”.

La Encuesta de Salud Menstrual no solo entrega cifras, sino que interpela directamente a un país que aún arrastra silencios, prejuicios y desigualdades en torno al cuerpo y la experiencia de menstruar. Visibilizar estos datos es un primer paso; el desafío ahora es traducirlos en políticas, educación y acceso real, para que menstruar en Chile deje de ser un obstáculo y pase a ser, simplemente, parte de la vida.

Experto explica baja en índices de pobreza que confirmó nueva medición social

by 16 enero, 2026 in Nacional Comments are Disabled

Chile cerró 2024 con una radiografía social que obliga a leer entre líneas. Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Casen 2024, la pobreza por ingresos alcanzó el 17,3%, mientras que la pobreza extrema se situó en 6,9%. En paralelo, la pobreza multidimensional llegó al 17,7% y la pobreza severa descendió a 6,1%. Las cifras fueron presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en una entrega marcada por un giro metodológico que el Ejecutivo no dudó en calificar como más exigente y acorde a los cambios sociales de la última década.

El dato no pasó desapercibido en La Moneda. El Presidente Gabriel Boric subrayó que la Casen sigue siendo una herramienta clave para elevar los estándares con los que el Estado observa su propia realidad, aunque puso el acento en la tensión de fondo que persiste. “En Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes”, advirtió, reconociendo que detrás de los porcentajes hay trayectorias de vida que aún no logran despegar.

Uno de los hitos centrales de la Casen 2024 fue la incorporación de una nueva metodología para medir la pobreza, construida a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, cuyo informe final se entregó en julio de 2025. Ese trabajo fue posteriormente afinado por una mesa técnica integrada por organismos del Estado y entidades internacionales, en un intento por actualizar una medición que, para muchos expertos, había quedado desfasada frente a la realidad cotidiana de los hogares.

Los cambios no son menores. En la medición de la pobreza por ingresos se eliminó el alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos de los hogares y se establecieron líneas de pobreza diferenciadas entre hogares arrendatarios y no arrendatarios, reconociendo que el acceso a la vivienda pesa de manera distinta según la condición habitacional. A esto se sumó la incorporación de una canasta de alimentos saludables, que reduce en un 50% la presencia de productos ultraprocesados y alinea la medición con estándares nutricionales más actuales.

Al presentar los resultados, Boric insistió en que la nueva metodología “es más exigente, fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”. En esa misma línea, sostuvo que las cifras reflejan “decisiones que pusieron a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente en momentos económicos difíciles”, en un contexto donde el crecimiento no ha sido precisamente el motor del período.

Desde el mundo académico, la lectura también fue positiva, aunque matizada. René Fernández, economista y académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, valoró tanto los resultados como el cambio metodológico. “Los datos de la Casen en 2024 son una excelente noticia, reflejan un avance sostenido en la superación de la pobreza. Se ha incorporado una nueva metodología, pero es relevante mencionar que incluso si se hubiera mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos habría seguido bajando, así como las otras variables también habrían tenido una mejora notable”, señaló a Diario Usach.

Fernández fue más allá y planteó que estas cifras representan “un logro no tan destacado, pero un logro importante para el Gobierno que está despidiéndose”, en alusión a la tendencia a la baja de los indicadores sociales pese a un escenario económico complejo. En un país donde la discusión sobre pobreza suele oscilar entre el triunfalismo y la catástrofe, la Casen 2024 instala una lectura incómoda pero necesaria: se avanza, sí, pero bajo una lupa más estricta que deja en evidencia cuánto falta todavía para que el crecimiento social se sienta en la vida diaria.

Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

by 12 enero, 2026 in Nacional Comments are Disabled

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.

Leche infantil bajo la lupa tras alerta por toxina en Chile

by 9 enero, 2026 in Nacional Comments are Disabled

El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras emitir una alerta alimentaria por la presencia de una toxina en Alfamino, una leche de fórmula destinada a niños y niñas con necesidades especiales, particularmente aquellos con alergias alimentarias severas. El producto es elaborado e importado por Nestlé y se distribuye en Chile a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, lo que eleva la preocupación por su alcance dentro del sistema público de salud.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud, los lotes involucrados presentan riesgo de contaminación con una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus. La autoridad fue enfática en advertir que quienes tengan el producto en sus hogares no deben consumirlo y deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, mientras se activan los protocolos para frenar su distribución y comercialización en el país.

La sustancia detectada corresponde a la cereulida, una toxina asociada a brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético, cuyos síntomas principales son los vómitos. Se trata de un compuesto altamente estable, lo que significa que es muy poco probable que se inactive mediante procesos térmicos habituales. Este detalle no es menor, considerando que hablamos de una fórmula infantil que suele ser preparada bajo estrictas normas de higiene doméstica, pero que en este caso escapa al control de las familias.

Desde el Minsal también se recalcó que, ante la eventualidad de que un niño o niña haya consumido alguno de los lotes afectados y presente síntomas compatibles, se debe acudir de inmediato a un centro de salud. El mensaje busca evitar la normalización de señales de alerta que podrían confundirse con cuadros alérgicos previos, retrasando una atención oportuna.

La relevancia del caso fue abordada por el pediatra y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Tito Pizarro, quien explicó que, aunque se trata de un grupo reducido de pacientes, la alerta es crítica. “La alergia a la proteína de leche de vaca afecta aproximadamente a un 1 por ciento de los niños y niñas que nacen en Chile. Pero dentro de ese grupo hay un porcentaje más pequeño que presenta una alergia más severa y que requiere este tipo de productos. No son muchos, pero son importantes, y por eso es clave que se avise a las mamás y papás para que revisen sus productos y consulten en su centro de salud”, señaló.

Pizarro detalló que Alfamino es una leche especialmente formulada para lactantes que no pueden consumir leches habituales derivadas de la leche de vaca. “Es una fórmula con proteínas hidrolizadas, con los aminoácidos separados, de muy fácil absorción, diseñada para no provocar reacciones alérgicas en estos niños”, explicó, subrayando que su uso responde a indicaciones médicas precisas y no a una elección de consumo general.

El académico también puso énfasis en el impacto social de esta alerta, recordando que se trata de productos de alto costo que son entregados gratuitamente por el Estado. “Son leches extremadamente caras y se entregan solo a niños con alergias alimentarias graves, que suelen manifestarse en los primeros dos o tres años de vida, con rechazo a la leche, vómitos, diarrea y dificultad para subir de peso. El Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud las entrega gratuitamente, tanto a pacientes de Fonasa como de Isapre, siempre con diagnóstico médico”, indicó.

Respecto al origen del problema, Pizarro relató que la primera señal no vino de un laboratorio, sino de las propias familias. “Algunos niños comenzaron a presentar vómitos y malestar, como si les hubiera reaparecido la alergia. Las mamás y papás avisaron en los consultorios, se estudiaron las leches y se descubrió que estaban contaminadas con una toxina producida por una bacteria”, afirmó. Un recordatorio incómodo de que, incluso en productos diseñados para proteger a los más vulnerables, la vigilancia sanitaria y la escucha activa de la comunidad siguen siendo claves.

Corredores humanitarios y la difusa frontera entre control y protección

by 25 diciembre, 2025 in Nacional Comments are Disabled

La propuesta del presidente electo José Antonio Kast de impulsar corredores humanitarios para enfrentar la crisis migratoria que vive Chile volvió a encender un debate que cruza la política, la academia y el terreno social. La idea tomó forma tras su viaje relámpago a Quito, con escala en Lima, y su reunión con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, donde planteó la necesidad de coordinar a los países de la región para facilitar el retorno de personas migrantes en situación irregular a sus países de origen, principalmente Venezuela.

Antes de regresar a Santiago, Kast fue explícito en el planteamiento. “Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria”, señaló, agregando que, pese a no reconocer al gobierno venezolano, espera que ese país “reciba a sus connacionales”. El énfasis en la coordinación regional busca instalar la iniciativa como una respuesta ordenada a un fenómeno que ha tensionado las capacidades del Estado chileno.

Sin embargo, la propuesta no tardó en generar reparos desde el mundo académico. En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, la socióloga Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, puso en duda tanto la viabilidad como el carácter humanitario del concepto aplicado al contexto migratorio latinoamericano.

Desde su análisis, Margarit advierte que hablar de corredores humanitarios en migración puede ser confuso y hasta riesgoso si se importan modelos pensados para otras realidades. “No podemos aplicar medidas que funcionan en Europa de la misma forma que en América Latina. Las geografías, las distancias, las historias y las trayectorias migratorias son completamente distintas”, señaló, recordando recorridos extremos como el cruce del Darién o las caminatas que atraviesan Colombia, Ecuador y Perú rumbo al sur del continente.

Uno de los puntos más críticos, según la académica, es que estos corredores tienden a crear lo que denomina “espacios de la espera”, zonas donde las personas quedan detenidas en un limbo administrativo. “Son espacios que pueden volverse eternos y que también vulneran derechos. Aunque se garantice cierta protección, las personas pierden su derecho a la movilidad, y la movilidad es un derecho humano”, afirmó, marcando distancia con la narrativa de solución rápida que suele acompañar estas iniciativas.

En ese marco, Margarit plantea que estabilizar la migración a través de corredores puede derivar más en una lógica de control que en una respuesta genuinamente humanitaria. “Pensar en ‘tener controladas’ a las personas a través de un corredor migratorio es una medida que requiere un sentido mucho más humanitario y un análisis profundo de sus consecuencias”, sostuvo. La advertencia apunta a un dilema de fondo: cómo enfrentar la crisis migratoria sin vaciar de contenido los principios que dicen defenderse.

Chile revisa su normativa para enfrentar la contaminación acústica

by 24 diciembre, 2025 in Nacional Comments are Disabled

El ruido urbano volvió al centro del debate público. Esta vez no como una molestia pasajera, sino como un problema estructural que impacta directamente en la salud y la calidad de vida en las ciudades chilenas. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, anunció el inicio del proceso de revisión del Decreto Supremo N°7, la norma que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas, con un foco claro en un vacío histórico de la regulación: las motocicletas en circulación.

Desde el Ejecutivo, el diagnóstico es contundente. “El ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas”, afirmó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al presentar la iniciativa. Una definición que conecta con una experiencia cotidiana en Santiago y otras grandes urbes del país, donde el tránsito vehicular se ha consolidado como la principal fuente de contaminación acústica.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, puso el acento en las limitaciones del marco actual y en la necesidad de avanzar hacia mecanismos de control más efectivos. “Este trabajo busca analizar nuevas maneras para controlar el cumplimiento de los niveles de ruido de un vehículo, especialmente si consideramos que hoy sólo podemos certificar ese aspecto, cuando el vehículo ingresa al país y es homologado”, explicó, subrayando que la revisión abre la puerta a herramientas como controles en plantas de revisión técnica u otras instancias de fiscalización en terreno.

Desde el mundo académico, la advertencia es clara respecto a los efectos del ruido prolongado. “La contaminación acústica puede generar efectos graves en la salud de las personas, desde estrés y trastornos del sueño hasta pérdida auditiva y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando existe una exposición prolongada a altos niveles de ruido”, señaló Daniel Arancibia, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago. Una realidad que, según el experto, obliga a tratar el ruido con la misma seriedad que otros contaminantes ambientales.

Arancibia enfatiza que la solución no pasa por una única medida, sino por una combinación de acciones coordinadas. “Efectivamente se pueden disminuir los niveles de emisión acústica y existen varios ámbitos de acción”, afirmó, mencionando desde la mantención y fiscalización de los vehículos, hasta la gestión del tránsito, la instalación de pantallas acústicas en sectores sensibles y una transición decidida hacia la electromovilidad como horizonte de largo plazo.

El foco inicial de la revisión normativa estará puesto en las motocicletas, un parque vehicular que ha crecido un 40% en apenas cuatro años. Estudios del propio Ministerio del Medio Ambiente revelan diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, una brecha asociada principalmente a modificaciones irregulares o al deterioro de los sistemas de escape. Hoy, la norma solo controla el ruido al momento de la homologación, dejando sin herramientas efectivas el control posterior.

La publicación del decreto en el Diario Oficial marca el inicio de una etapa técnica y regulatoria que buscará cerrar ese vacío, en un contexto donde cerca del 70% de los niveles de ruido ambiental se concentran en Santiago. Más que un ajuste burocrático, la revisión del Decreto Supremo N°7 aparece como una señal política y sanitaria: el ruido dejó de ser el telón de fondo de la ciudad y pasó a ser un problema que exige respuesta.

El recorte fiscal que tensiona el arranque el gobierno de Kast

by 23 diciembre, 2025 in Nacional Comments are Disabled

La economía asoma como el terreno donde se medirá, desde el primer minuto, la impronta del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Durante los primeros 90 días de administración, el foco estará puesto en un paquete de medidas que promete rebajas de impuestos a las grandes empresas, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda y la reintegración del sistema tributario. Todo esto ocurre mientras las proyecciones del Banco Central de Chile anticipan un escenario de mayor crecimiento para 2026, con un techo cercano al 3%, un dato que abre expectativas, pero también tensiones.

El punto de partida, sin embargo, es menos frágil de lo que muchos imaginan. En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, planteó que Chile llega al cambio de mando en una posición relativamente sólida. “El crecimiento del año pasado fue de 2,6% del PIB, con un crecimiento del empleo importante y también de las remuneraciones, y estas cifras son bastante parecidas al cerrar el 2025”, señaló, describiendo un desempeño “razonable” que se ha sostenido por dos años consecutivos.

Ese escenario es, según Martner, la consecuencia de un ciclo económico abrupto y cambiante. Desde la recesión pandémica hasta la “súper expansión” de 2021, seguida por la contracción de 2022 y una posterior fase de recuperación, el país parece haber encontrado un ritmo más estable. “Esa recuperación es la que nos tiene con este ritmo ya de 2,5 o 3% de crecimiento y que permite que el próximo gobierno entre en condiciones mucho mejores en términos de crecimiento, producción, empleo e inflación, que está estrictamente bajo control”, afirmó el académico.

La advertencia aparece cuando se mira hacia adelante. Para Martner, el efecto real del programa económico de Kast dependerá de cuán rápido y profundo se implementen sus anuncios. En el corto plazo, el economista prevé un impacto contractivo. “Serían medidas que tenderían más bien a comprimir un poco la economía, porque quieren bajar gastos y bajar impuestos, compensando con una reducción del gasto y no con un aumento de impuestos en otros ámbitos”, explicó, sumando a ese cuadro las propuestas de flexibilización laboral incluidas en el programa.

El punto más sensible del debate es la idea impulsada por Jorge Quiroz, jefe del equipo económico del presidente electo, de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares en apenas 18 meses. Martner no duda en calificarla como “un choque fiscal enorme” y pone en cuestión su real alcance. “Corregir ineficiencias o gastos inútiles siempre es positivo, pero en esa magnitud solo tiene sentido con un giro muy fuerte en la política económica”, sostuvo.

En el trasfondo, según el académico, está la rebaja del impuesto a las empresas, especialmente a las de mayor tamaño. “No estamos hablando de bajar el IVA ni de ampliar el impuesto a la renta, sino de reducir el impuesto a las empresas”, dijo, advirtiendo que, sin un aumento de impuestos a las personas de altos ingresos, el ajuste recaerá inevitablemente en el gasto público. “La única manera de bajar esos 6.000 millones de dólares en 18 meses implica reducir alguna parte del gasto social”, afirmó, apuntando a áreas como pensiones, educación y salud. El dilema, concluye, no es solo técnico, sino profundamente político: cómo equilibrar crecimiento, responsabilidad fiscal y cohesión social en un nuevo ciclo de poder.

Responsabilidad parental en cifras

by 16 diciembre, 2025 in Nacional Comments are Disabled

A poco más de tres años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el balance que entrega el gobierno es claro: una política pública que incomodó, tensionó y finalmente empezó a mover una estructura cultural profundamente arraigada. Así lo sostuvo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, donde abordó los impactos concretos de una herramienta que ha permitido identificar deudores, forzar pagos y transferir recursos directamente a niños, niñas y adolescentes.

La Ley 21.389, que comenzó a regir el 21 de noviembre de 2022, creó un sistema electrónico gratuito administrado por el Registro Civil, destinado a inscribir a quienes adeudan pensiones de alimentos por tres meses continuos o cinco discontinuos, siempre que exista una causa en tribunales de familia. Su alcance no es menor: el registro puede ser consultado por instituciones públicas y privadas obligadas por ley, como tribunales, bancos, notarías, municipalidades y servicios financieros, cerrando espacios históricos de evasión.

Las consecuencias de figurar en este registro no pasan desapercibidas. Retención de devoluciones de impuestos, imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir o pasaporte, y bloqueo de operaciones de crédito desde las 50 UF son parte de las sanciones. Para la ministra, estas medidas dialogan directamente con una normalización cultural del incumplimiento. “Es un fenómeno que está muy arraigado en la cultura de nuestro país. Incluso desde la cultura popular, ‘papito corazón’ para algunos sigue siendo un nombre gracioso, asociado a la pillería de esconderse para no responder ante la justicia”, señaló Orellana.

Las cifras respaldan el impacto. Desde noviembre de 2022 se han inscrito 331.787 deudas, de las cuales 226.680 fueron canceladas o llegaron a acuerdo de pago, lo que equivale a una tasa de resolución del 68,32%. En términos simples, siete de cada diez inscripciones terminan resolviéndose. Hoy existen 295.263 deudores vigentes, de los cuales el 95,3% son hombres y el 4,7% mujeres, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la dimensión de género del problema.

La ministra también reconoció que el camino no estuvo exento de ajustes. “Cuando se aprobó la ley durante el gobierno del Presidente Piñera, el registro no permitía salir una vez inscrito. Era como un Dicom histórico. Nosotras lo pusimos en marcha, pese a que no traía recursos, y rápidamente identificamos ese problema”, relató, destacando el rol del Registro Civil para corregir una falla estructural que podía transformar una herramienta de cumplimiento en un castigo permanente.

El verdadero punto de inflexión llegó en mayo de 2023 con la entrada en vigencia de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, conocida como Ley Papito Corazón. Esta normativa habilitó a los tribunales para ordenar de oficio el pago de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros, APV e incluso, en ciertos casos, desde los fondos previsionales obligatorios del deudor. A noviembre de 2025, el Poder Judicial ha ordenado pagos por más de 2,9 billones de pesos, equivalentes a más de 62 teletones, beneficiando a más de 322 mil familias en todo el país.

“Gracias a este mecanismo, los tribunales han logrado que el pago se ejecute efectivamente. ¿A dónde van estos recursos? A la cuenta de los niños y niñas a quienes se les debía la pensión”, subrayó Orellana. Sin embargo, el desafío persiste: un 26,33% de quienes cancelaron reincidió y volvió a ingresar al registro. Con la mayor concentración de deudores en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío, el mensaje del gobierno apunta a consolidar lo avanzado. “Siete de cada diez casos se resuelven. Eso muestra que las herramientas funcionan, pero también que debemos seguir reforzando el cambio cultural y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales”, concluyó la ministra.

Valparaíso vuelve a encender la alarma sobre drogas y transporte público

by 14 diciembre, 2025 in Nacional Comments are Disabled

Valparaíso carga otra vez con una herida abierta. El 15 de mayo de 2024, el puerto fue escenario de una tragedia que estremeció a la ciudad: Mauro Alberto Gómez, un adolescente de 14 años, murió tras ser atropellado por un microbús en el Cerro Alegre. El conductor, Humberto Fuenzalida Ojeda, de 54 años, manejaba bajo los efectos de la cocaína y la marihuana. Meses después, el pasado 4 de diciembre, una historia igual de brutal volvió a repetirse con la muerte de Paloma Ulloa, universitaria de 19 años, también atropellada por un chofer de buses que se encontraba drogado.

Ambos casos no solo remecieron a la opinión pública, sino que empujaron nuevamente al centro del debate una iniciativa que llevaba tiempo dormida en el Congreso: el proyecto de ley Alberto, nombrado así en memoria de Mauro Gómez. La seguidilla de muertes terminó por acelerar los tiempos políticos y el Gobierno decidió ponerle urgencia a una propuesta que busca endurecer el control sobre los conductores del transporte público.

El corazón del proyecto es claro y directo. La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Marzán, establece que las empresas de transporte deberán realizar y financiar, cada seis meses, test de detección de drogas a sus conductores. Además, contempla la creación de un registro de estos controles, información que deberá ser puesta a disposición de las autoridades competentes, junto con un régimen de sanciones que va desde multas hasta la revocación de la autorización para operar en caso de reincidencia.

La discusión no es solo legal, sino también sanitaria. En conversación con Diario Usach, el toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Usach, Leonel Rojo, explicó que los efectos de las drogas al conducir pueden variar ampliamente según la sustancia y su combinación con alcohol. “Algunas sustancias aumentan el efecto depresor del etanol y otras lo contrarrestan. Las anfetaminas tienden a estimular la atención y vigilia de las personas. Los derivados de la morfina, el fentanilo, el diazepam y los antihistamínicos aumentan los efectos depresores del alcohol y, por eso, afectan negativamente a la conducción”, señaló.

Rojo añadió que a este listado se suman medicamentos y drogas de uso relativamente común, como el clonazepam, la clorfenamina, los antiepilépticos, la codeína, la ketamina y distintos opioides, todos con potencial impacto negativo en la capacidad de reacción y toma de decisiones al volante. Un escenario que vuelve especialmente delicada la conducción de vehículos de transporte público, donde el riesgo no es individual, sino colectivo.

Desde el punto de vista normativo, la legislación chilena ya establece prohibiciones explícitas. La Ley de Tránsito 18.290 sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Sin embargo, para Daniel Arancibia, ingeniero civil en Geografía y académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial de la Usach, el problema no es solo la existencia de la norma, sino su aplicación efectiva. “La legislación chilena estipula penas de cárcel, multas y la suspensión o cancelación de la licencia, todo de acuerdo y al nivel de la falta”, explicó, agregando que las atenuantes se evalúan en función de “la peligrosidad para la sociedad que puede tener un conductor”.

La urgencia legislativa impuesta por el Ejecutivo busca precisamente cerrar esa brecha. Según Arancibia, la señal es inequívoca: “La Moneda le está exigiendo al Congreso su discusión y despacho en un plazo no mayor al de los 15 días”. Una carrera contra el tiempo que, para muchos, responde a una sensación de deuda acumulada frente a tragedias que ya no se perciben como hechos aislados.

Para Leonel Rojo, el foco debe estar en la prevención sistemática. En el cierre de la discusión, el académico fue enfático al señalar que, frente a la realidad que vive el país, es fundamental “que los empleadores implementen controles periódicos de drogas en orina para sus conductores”. Una frase que resume el espíritu del proyecto Alberto y que hoy, tras dos muertes que marcaron a Valparaíso, suena menos a advertencia y más a urgencia impostergable.

Visibles marca un nuevo estándar de apoyo para personas LGBTIQA+ en Santiago

by 8 diciembre, 2025 in Nacional Comments are Disabled

En un país donde la discriminación aún marca el ritmo de muchas experiencias cotidianas, la Universidad de Santiago vuelve a mover el piso desde la política pública y la inclusión. Esta vez lo hace con Visibles, un programa que ofrece orientación social y jurídica gratuita a personas LGBTIQA+ de toda la Región Metropolitana, en una alianza inédita entre la Dirección de Género, Equidad y Diversidad (DGDE) de la Usach y el Gobierno de Santiago. No se trata solo de trámites ni de formularios. Es una puerta real a derechos que, para miles, siguen siendo demasiado difíciles de alcanzar.

El programa está dirigido a todas las personas LGBTIQA+, incluyendo orientaciones sexuales diversas, identidades de género no normativas y cuerpos con variaciones en sus características sexuales, como las personas intersex. Visibles nace tras dos años de trabajo de base, investigación cualitativa y escucha activa. “Durante dos años se levantaron necesidades, demandas y propuestas de estas actorías sociales, insumos que permitieron estructurar los componentes que hoy ejecutamos desde la academia”, explicó Johanna Chacón, directora del Departamento de Género, Diversidad y Equidad de la Usach. Ese diagnóstico, recogido desde experiencias concretas y no desde la teoría, se transformó en un programa con impacto directo en la vida de las personas.

La iniciativa se levanta con un objetivo claro: reducir las barreras que históricamente han enfrentado las disidencias sexuales y de género en el acceso a beneficios estatales, justicia, empleo y acompañamientos especializados. “A través de sus distintos componentes, buscamos que estas comunidades accedan a apoyos concretos, fortalezcan su autonomía y enfrenten menos situaciones de discriminación en una región tan diversa como la nuestra”, puntualizó Chacón. En un contexto donde las violencias y la burocracia siguen operando como filtros de acceso, este tipo de programas son un contrapeso necesario y urgente.

El lema que articula Visibles —Ver personas, no prejuicios— opera como una declaración política y ética. Es una invitación frontal a desmontar estigmas que se reproducen incluso en instituciones que deberían proteger. “La frase busca transmitir que las personas LGBTIQA+ son, ante todo, personas con derechos, con protección legal y merecedoras de un trato digno. Invita a dejar atrás prejuicios basados en la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales, y a comprender que vivimos en una región diversa en la que ninguna persona debe ser objeto de discriminación”, enfatizó Chacón. En un Chile donde aún se discuten derechos básicos, el mensaje cobra una fuerza que incomoda, pero necesaria para avanzar.

El programa ya está en funcionamiento y ofrece servicios como orientación en beneficios sociales, procesos de transición, postulación a becas y subsidios, apoyo en programas de inclusión, así como asesorías jurídicas gratuitas en casos de discriminación, cambio de nombre legal o formalización de emprendimientos LGBTIQA+. Las personas interesadas pueden solicitar hora a través de los formularios oficiales disponibles en sus plataformas. Más allá del acceso puntual, lo que ofrece Visibles es acompañamiento informado, libre de prejuicios y con un enfoque de derechos.

El 2025 traerá una expansión significativa. Se sumará apoyo psicológico especializado para personas LGBTIQA+, un servicio largamente esperado en comunidades donde la salud mental sigue siendo una urgencia. Además, se realizará la primera Feria de Empleos sin prejuicios, un espacio donde empresas comprometidas con la inclusión recibirán currículums sin filtros discriminatorios y donde se ofrecerá orientación laboral y charlas sobre empleabilidad, entrevistas y LinkedIn. La agenda también incluye el podcast Voces Visibles, transmitido los miércoles y sábados a las 14:00 horas por Radio Usach y radios comunitarias, disponible en línea para llegar a más territorios. Con una narrativa ágil y voces diversas, el espacio se proyecta como un soporte clave para visibilizar experiencias, relatos y desafíos de la comunidad.

Lo que construye Visibles no es solo un programa universitario, sino un modelo posible de acceso a derechos para una ciudad que todavía arrastra estructuras excludentes. Es una invitación a mirar distinto, a escuchar con más cuidado y a actuar con responsabilidad colectiva. Porque en una región tan diversa como Santiago, la igualdad real no puede seguir siendo una promesa aplazada.