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Codelco y la academia apuestan por cobre de pureza extrema

Chile vuelve a redefinir su relación histórica con el cobre, esta vez mirando más allá de la exportación tradicional y apostando por la ciencia aplicada y la tecnología de alto impacto. Codelco, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso de la Universidad Técnica Federico Santa María, el Instituto Milenio SAPHIR y la Universidad Andrés Bello firmaron un Memorándum de Entendimiento que busca establecer una colaboración estratégica para el desarrollo y aplicación de cobre de muy alta pureza, un material clave para industrias y proyectos científicos de escala global.

El acuerdo apunta a coordinar capacidades técnicas y científicas para explorar la producción de cobre “oxygen-free” (OF/OFE), con niveles de pureza iguales o superiores al 99,9995%. Se trata de un estándar que abre la puerta a usos altamente especializados, donde la mínima impureza puede afectar el funcionamiento de sistemas críticos. Junto con ello, el Memorándum propone una ruta gradual para enfrentar la complejidad asociada a la manufactura de piezas y componentes elaborados a partir de este tipo de cobre, integrando conocimiento académico, experiencia industrial y una visión de largo plazo.

Las instituciones firmantes pondrán sobre la mesa sus capacidades en ciencia, ingeniería y manufactura avanzada para definir prototipos, cronogramas y modelos de financiamiento, resguardando al mismo tiempo el manejo de la propiedad intelectual que pueda surgir del proceso. En este engranaje, Codelco Ventanas tendrá un rol protagónico al explorar alternativas tecnológicas para obtener cobre OF/OFE a partir de cátodos grado A, además de participar en la definición de estándares de calidad, certificaciones y especificaciones de producto con potencial aplicación en sectores como energía, electrónica avanzada e infraestructuras tecnológicas de alta complejidad.

“Este memorándum es coherente con la calidad de nuestros cátodos y con el valor estratégico que tiene el cobre refinado de alta pureza para el país. Como División Ventanas, asumimos con orgullo el desafío de aportar al desarrollo de investigación aplicada y a la exploración de nuevos productos”, señaló Ricardo Weishaupt, gerente general de Codelco Ventanas, subrayando la relevancia de avanzar hacia una minería que agregue valor y conocimiento.

Uno de los elementos más simbólicos y estratégicos del acuerdo es el destino potencial de este cobre de altísima pureza. El material podría ser utilizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, el principal centro mundial de investigación en física de partículas. La incorporación de Chile a esta red, que reúne a más de 23 Estados miembros y decenas de organizaciones asociadas, representa un paso decisivo para posicionar al país en la gran ciencia internacional y fortalecer su desarrollo tecnológico.

Desde el Estado, el Ministerio de Ciencia asumirá un rol articulador para asegurar que esta colaboración se mantenga alineada con las políticas nacionales en ciencia, tecnologías emergentes, minería y manufactura avanzada. “Tenemos la convicción de que el crecimiento económico y social se construye cuando la ciencia dialoga con las necesidades del país. Por eso, lo que estamos construyendo aquí es una hoja de ruta para que Chile no sólo participe de la gran ciencia, sino que transforme ciencia de frontera en desarrollo productivo, empleo de calidad e innovación con impacto real en la vida de las personas. Entendemos el vínculo con el CERN no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para fortalecer nuestro desarrollo, articulando Estado, academia e industria, con estándares, evidencia y resultados verificables”, destacó el ministro Aldo Valle Acevedo.

Las universidades e institutos científicos involucrados aportarán capacidades en ingeniería, simulación, diseño, prototipado, metrología e investigación aplicada, además de integrar a estudiantes y profesionales mediante tesis, pasantías y actividades formativas. Para el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz, el acuerdo marca un hito tanto para el país como para la academia. “Hoy se concreta este proyecto de poder producir cobre de altísima pureza para aplicaciones con el CERN, pero que abre una batería de oportunidades para el desarrollo nacional y de nosotros como Universidad. Estamos felices de contribuir a ese rol, a esa historia de éxito y poner en valor las capacidades que hay en la Universidad y también asociadas a la formación de capital humano, desde el nivel técnico hasta el doctorado”.

El Memorándum de Entendimiento tendrá una duración inicial de dos años, periodo en el cual se definirán las iniciativas específicas que permitan materializar esta visión. Para Codelco, el desafío es tanto tecnológico como estratégico. “Esto implica que nos vamos a poner a trabajar con mucha energía y con mucha fuerza en desarrollar un proceso que nos permita, a partir del cobre que refina División Ventanas, producir este cobre libre de oxígeno, que nos va a abrir oportunidades de mercado y usos de cobre distintos a los que tiene actualmente”, explicó Felipe Lagno, Gerente Corporativo de Innovación y Tecnología de la estatal.

Más allá de los plazos, el acuerdo deja una señal clara sobre el rumbo que busca tomar Chile: pasar de ser un país exportador de materias primas a uno capaz de transformar sus recursos naturales en conocimiento, innovación y tecnología de clase mundial.

El dólar pierde fuerza y abre un verano de oportunidades e incertidumbre

El dólar arrancó el año con una señal inesperada para los mercados: una tendencia a la baja que no pasó desapercibida ni para inversionistas ni para quienes miran el tipo de cambio pensando en vacaciones, ahorro o consumo. Durante enero, la divisa estadounidense cayó con fuerza y llegó a tocar los $875, su nivel más bajo desde el 20 de diciembre de 2023, para luego seguir deslizándose hasta bordear actualmente los $865. Un movimiento que, más allá de lo local, se conecta con un escenario global cada vez más volátil.

Entre los factores que explican este retroceso aparece un nombre que nunca está lejos de la polémica. Los recientes anuncios de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, especialmente su insistencia en adquirir Groenlandia, han sido leídos por diversos analistas como una señal más de incertidumbre política y económica a nivel internacional. Esa incertidumbre, paradójicamente, ha terminado debilitando al dólar en los mercados globales, afectando de rebote su valor en economías abiertas como la chilena.

“La tendencia a la baja del dólar en Chile en el último mes se explica principalmente por la debilidad que presenta en términos globales la divisa de Estados Unidos y también, claro, por el alto nivel de precios que ha logrado en este periodo el cobre”, indicó Víctor Salas, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Santiago. El diagnóstico apunta a un fenómeno doble: un dólar menos atractivo como refugio y un cobre que vuelve a posicionarse como protagonista.

Según el académico, esta debilidad se refleja con claridad en los indicadores internacionales. “Respecto de la debilidad del dólar, observamos que el dólar index, que mide justamente la potencia del dólar en el mundo, ha llegado hasta 96,9 puntos mínimos en los últimos cuatro meses en Estados Unidos, por la apreciación de otras monedas como el yen”. Un dato que confirma que el retroceso no es exclusivo de Chile, sino parte de un ajuste mayor en el tablero financiero global.

En paralelo, los capitales están buscando nuevas anclas de seguridad. “El aumento de la incertidumbre mundial hace que los inversionistas financistas busquen refugio y el dólar hoy no es un refugio. En cambio, esta situación ha hecho subir el precio del oro de nuevo en estos días sobre 5.000 dólares la onza. También ha subido la plata”, afirmó Salas. El mensaje es claro: el miedo se mueve y el dinero lo sigue.

En el plano local, el impacto es directo y se siente con fuerza en el principal commodity chileno. “Lo más relevante es que este factor de riesgo y respuestas financieras ha hecho subir el precio del cobre y lo mantiene en niveles sobre 6 dólares la libra de cobre. Esto significa que se espera que aumente la oferta de dólares en el mercado cambiario nacional, lo que hace que nuestra moneda se aprecie respecto del dólar y llegue a estar como está hoy en 870,71 pesos el dólar”. Más cobre, más dólares circulando y un peso que gana oxígeno.

La gran pregunta, sin embargo, sigue abierta: ¿es este un buen momento para comprar dólares o invertir? Pensando en el verano, las vacaciones y las decisiones financieras de corto plazo, Salas pone paños fríos al entusiasmo. “La perspectiva de que estos precios del dólar duren mucho dependerá de que se despejen los niveles de incertidumbre en la economía mundial, lo que puede durar algunos meses. Mientras tanto, para aquellos que les interese hacer apuestas y estén dispuestos a esperar precios más altos en el mediano plazo, deberán, claro, salir a comprar dólares a este precio tan bajo. Creo que no va a seguir bajando tanto, digamos, más allá de 860 pesos por dólar”.

El dólar, como siempre, se mueve entre la economía dura y el pulso político global. En ese vaivén, Chile observa, calcula y decide, sabiendo que cada peso que sube o baja también refleja un mundo que sigue lejos de encontrar estabilidad.

El lado oscuro del fuego en Chile

Los incendios forestales que azotaron recientemente a la Región del Biobío no solo dejaron un saldo devastador en términos materiales y humanos —con miles de viviendas destruidas y, hasta ahora, 21 víctimas fatales—, sino que también abrieron una discusión incómoda pero necesaria sobre las causas que están detrás de estas tragedias. Hace unos días, el gobernador regional Sergio Giacaman fue claro al señalar que los antecedentes técnicos apuntan a un comportamiento inusual del fuego, con focos simultáneos y una propagación acelerada, descartando de plano la casualidad y afirmando que el origen de la emergencia fue intencional.

La autoridad fue más allá y puso sobre la mesa la responsabilidad humana, planteando un escenario que incomoda tanto como preocupa. “Yo no tengo ninguna duda de que en este caso existe responsabilidad de personas que, no sé con qué fin —pueden ser enfermos pirómanos o incluso algún tipo de organización—, quisieron generar daño”, declaró Giacaman, instalando una pregunta clave: ¿qué lleva a una persona a prender fuego, aun sabiendo las consecuencias devastadoras que puede provocar?

Desde la psiquiatría, el fenómeno de la piromanía ofrece algunas respuestas, aunque lejos de simplificar el problema. El psiquiatra Pedro Lucero, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, explica que no se trata de un perfil psicológico único o fácilmente identificable. “Más que una personalidad típica, hablamos de alguien con una gran dificultad para controlar impulsos, que siente una tensión creciente antes de prender fuego y luego un alivio o sensación de placer al hacerlo”, señala el especialista, subrayando que el acto responde a una lógica emocional intensa y desregulada.

Lucero agrega que, en muchos casos, existe una fascinación por el fuego desde edades tempranas, la que suele coexistir con otros factores de riesgo. Trastornos de personalidad, consumo de sustancias o antecedentes de violencia aparecen con frecuencia en la historia de estas personas, configurando un escenario complejo donde el incendio no es un hecho aislado, sino la expresión de conflictos más profundos. Desde la psiquiatría forense, además, se advierte que no todos los incendios intencionales responden a la misma motivación. “Es importante diferenciar la piromanía propiamente tal de otros incendios intencionales que tienen motivaciones económicas, ideológicas o de encubrimiento”, precisa el académico.

En el caso específico de la piromanía, el fuego no es un medio para lograr otra cosa: es el objetivo en sí mismo. “En la piromanía el fuego no es un medio para otra cosa, es el fin en sí mismo. Les atrae la intensidad del fuego, la sensación de poder y control, y el ‘espectáculo’ que se genera alrededor: sirenas, bomberos, noticias”, explica Lucero. El incendio se convierte así en una escena cargada de simbolismo, donde destrucción y visibilidad se entrelazan.

El relato de quienes padecen este trastorno suele repetirse con matices similares. “Muchos describen que se sienten tensos o vacíos antes, y que el incendio les produce alivio o excitación”, afirma el psiquiatra. A esto se suma un componente simbólico potente: el fuego como transformación, como ruptura, como una forma extrema de llamar la atención o de canalizar rabias y vacíos profundos. Desde fuera puede parecer un acto irracional e incomprensible, pero para quien lo ejecuta existe una coherencia emocional interna que no puede ser ignorada si se busca prevenir la reincidencia.

La piromanía, además, no afecta de manera homogénea a la población. Según Lucero, se trata de un trastorno del control de los impulsos que aparece predominantemente en hombres, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, etapas en las que el control inhibitorio aún está en desarrollo. En edades más avanzadas, cuando este tipo de conductas emerge, suele estar asociado a otros cuadros, como el consumo problemático de alcohol o trastornos neuropsiquiátricos, lo que complejiza aún más su abordaje.

Frente a este escenario, la pregunta por el tratamiento es inevitable. ¿Es posible que una persona con piromanía cambie su conducta? Para el académico de la Usach, la respuesta es cautelosa pero clara. “Puede disminuir mucho el riesgo, pero requiere un trabajo largo y estructurado”, señala, destacando que el tratamiento combina psicoterapia orientada al control de impulsos, comprensión de los factores gatillantes y, en algunos casos, apoyo farmacológico. Todo esto, advierte, debe darse bajo supervisión y con límites claros del entorno, especialmente cuando existen responsabilidades penales de por medio.

En esa línea, Lucero enfatiza que tratamiento no es sinónimo de impunidad. “La responsabilidad penal se evalúa caso a caso. Lo ideal es que el abordaje combine sanción, tratamiento y seguimiento, porque solo castigar sin intervenir el problema de fondo aumenta el riesgo de reincidencia, especialmente en conductas tan graves como los incendios forestales”, concluye. Una reflexión que cobra especial relevancia en un país donde el fuego, cada verano, vuelve a recordarnos que detrás de las llamas no solo hay sequía y viento, sino también decisiones humanas que no pueden seguir siendo ignoradas.

Casas bajo presión térmica en un Chile cada vez más caliente

El calor dejó de ser una excepción para transformarse en una constante. Así lo confirma la Dirección Meteorológica de Chile, que proyecta para el primer trimestre de 2026 temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del país, con episodios de calor más frecuentes e intensos. Un escenario que no solo redefine los veranos, sino que también tensiona el consumo energético de los hogares, cada vez más dependientes de ventiladores y aire acondicionado para sobrevivir a jornadas extremas.

El impacto ya comienza a sentirse en las cuentas de la luz. De acuerdo con estimaciones del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca, el uso intensivo de equipos de climatización podría generar hasta un 85% más de consumo energético durante los meses más calurosos del año. Una cifra que prende alertas en un contexto de alza sostenida de tarifas eléctricas y de una crisis climática que empuja a repensar cómo habitamos nuestras viviendas.

En ese marco, el foco empieza a desplazarse desde la climatización artificial hacia el acondicionamiento térmico de los hogares. Para Mauricio Medina, experto técnico de Poweroof, la clave está en atacar el problema desde su origen. Preparar las viviendas frente al aumento de temperaturas y radiación permite reducir la carga térmica interior, limitar el uso de equipos eléctricos y mejorar la habitabilidad sin depender exclusivamente del consumo energético, una estrategia que gana terreno frente a los veranos cada vez más agresivos.

Uno de los puntos críticos es la techumbre. Diversos estudios urbanos han demostrado que los techos concentran gran parte de la acumulación térmica de una vivienda, funcionando como verdaderos radiadores durante el día. Soluciones de aislamiento térmico aplicadas directamente sobre la techumbre, como las que desarrolla Poweroof, han mostrado resultados concretos, logrando reducir la temperatura interior hasta en 15 grados Celsius. Esta disminución no solo mejora el confort en verano, sino que también reduce la pérdida de calor en invierno, impactando positivamente en la eficiencia energética anual del hogar y generando ahorros de hasta un 20% en la cuenta de electricidad.

El control del calor no se limita al techo. El manejo de la radiación solar al interior de las viviendas se ha vuelto otro factor decisivo. En ese sentido, las cortinas térmicas comienzan a posicionarse como una evolución de las clásicas blackout, ofreciendo una mayor capacidad de bloqueo del calor y contribuyendo a mantener temperaturas más estables durante el día, especialmente en espacios expuestos al sol directo.

A estas soluciones se suman estrategias naturales que vuelven a cobrar valor en medio del debate climático. El uso de plantas de interior como helechos, ficus, sansevierias o potus no solo cumple una función estética, sino que también ayuda a reducir la temperatura ambiente y mejorar la calidad del aire, aportando a un enfriamiento pasivo que dialoga con una forma más sostenible de habitar los espacios.

Finalmente, la eficiencia también pasa por los hábitos cotidianos. Reducir el uso de electrodomésticos durante las horas de mayor calor y optar por iluminación LED permite disminuir la carga térmica interior y el consumo eléctrico asociado. Pequeñas decisiones que, en conjunto, marcan la diferencia en un país que se prepara para convivir con veranos más largos, más intensos y energéticamente más demandantes.

En un Chile que se recalienta año tras año, el desafío ya no es solo sobrevivir al calor, sino adaptarse de forma inteligente. La vivienda, como primer refugio frente al clima, se instala así en el centro de una discusión que cruza energía, bienestar y futuro.

El costo invisible de la menstruación en Chile

La menstruación sigue siendo, para miles de niñas, adolescentes y mujeres en Chile, una experiencia atravesada por el dolor, la incomodidad y la desigualdad. Así lo confirman los resultados de la Encuesta de Salud Menstrual presentada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un estudio que pone cifras concretas a una realidad históricamente invisibilizada y que hoy se instala con fuerza en la agenda pública como un problema de equidad y salud.

La investigación, desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con el apoyo de Softys, evidencia que la menstruación continúa limitando la participación plena de mujeres en espacios educativos, sociales y laborales. Lejos de ser un tema íntimo o meramente biológico, el estudio revela cómo el ciclo menstrual impacta directamente en la vida cotidiana y en las trayectorias personales.

Los datos son elocuentes. Un 66% de las mujeres declara experimentar dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual, mientras que un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas. A ello se suman experiencias de estigmatización: un 11% se ha sentido discriminada, rechazada o acosada; un 10% ha optado por ocultarse mientras menstrúa; y un 7% ha sentido vergüenza, confirmando que el tabú sigue operando con fuerza.

En el ámbito educativo, las brechas se profundizan. Solo 4 de cada 10 mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro durante la menstruación, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales. Estas condiciones precarias no son anecdóticas: un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% vio restringida su vida social durante el período menstrual.

La encuesta también pone el foco en el acceso desigual a la salud. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados en salud menstrual, mientras que un 16% nunca ha accedido a este tipo de atención. Este déficit dificulta el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de patologías asociadas al ciclo menstrual, perpetuando la normalización del dolor extremo.

El impacto no es solo físico. El 70% de las mujeres reporta síntomas de salud mental durante la fase premenstrual, como baja energía, ansiedad, angustia, irritabilidad o cansancio, afectando su desempeño académico, laboral y social. En este contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar que “estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”.

Desde una mirada experta, Camila Herrera Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago y magíster en Nutrición, Medicina y Salud de la Mujer, advierte que los resultados reflejan un problema estructural. “La menstruación es un proceso fisiológico que tiene implicancias en múltiples determinantes sociales de la salud”, explica, subrayando que factores educativos, culturales y económicos condicionan profundamente cómo se vive el ciclo menstrual en Chile y en América Latina.

Para la especialista, uno de los datos más alarmantes es que un 63% de las encuestadas haya dejado de participar en actividades sociales. “Muchas personas dejan de participar porque experimentan dolor menstrual que se ha normalizado y no se trata adecuadamente. A eso se suma el estigma del miedo a mancharse, la vergüenza y la idea de que la menstruación debe ocultarse. También influye la falta de infraestructura adecuada y la dificultad para acceder a insumos en contextos de pobreza menstrual. En conjunto, estos factores generan inseguridad y limitan la participación plena”, comenta.

La brecha en el acceso a atención especializada también responde, según Herrera, a falencias del sistema de salud. “La atención primaria tiene una alta carga asistencial y muchas veces no dispone de profesionales capacitados en salud hormonal o dolor pélvico”, explica, agregando que la desigual distribución territorial de especialistas golpea con mayor fuerza a zonas rurales y regiones extremas. A ello se suma, sostiene, una deuda histórica en políticas públicas: “Falta integrar la salud menstrual como un eje formativo y asistencial en todos los niveles del sistema”.

La Encuesta de Salud Menstrual no solo entrega cifras, sino que interpela directamente a un país que aún arrastra silencios, prejuicios y desigualdades en torno al cuerpo y la experiencia de menstruar. Visibilizar estos datos es un primer paso; el desafío ahora es traducirlos en políticas, educación y acceso real, para que menstruar en Chile deje de ser un obstáculo y pase a ser, simplemente, parte de la vida.

Experto explica baja en índices de pobreza que confirmó nueva medición social

Chile cerró 2024 con una radiografía social que obliga a leer entre líneas. Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Casen 2024, la pobreza por ingresos alcanzó el 17,3%, mientras que la pobreza extrema se situó en 6,9%. En paralelo, la pobreza multidimensional llegó al 17,7% y la pobreza severa descendió a 6,1%. Las cifras fueron presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en una entrega marcada por un giro metodológico que el Ejecutivo no dudó en calificar como más exigente y acorde a los cambios sociales de la última década.

El dato no pasó desapercibido en La Moneda. El Presidente Gabriel Boric subrayó que la Casen sigue siendo una herramienta clave para elevar los estándares con los que el Estado observa su propia realidad, aunque puso el acento en la tensión de fondo que persiste. “En Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes”, advirtió, reconociendo que detrás de los porcentajes hay trayectorias de vida que aún no logran despegar.

Uno de los hitos centrales de la Casen 2024 fue la incorporación de una nueva metodología para medir la pobreza, construida a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, cuyo informe final se entregó en julio de 2025. Ese trabajo fue posteriormente afinado por una mesa técnica integrada por organismos del Estado y entidades internacionales, en un intento por actualizar una medición que, para muchos expertos, había quedado desfasada frente a la realidad cotidiana de los hogares.

Los cambios no son menores. En la medición de la pobreza por ingresos se eliminó el alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos de los hogares y se establecieron líneas de pobreza diferenciadas entre hogares arrendatarios y no arrendatarios, reconociendo que el acceso a la vivienda pesa de manera distinta según la condición habitacional. A esto se sumó la incorporación de una canasta de alimentos saludables, que reduce en un 50% la presencia de productos ultraprocesados y alinea la medición con estándares nutricionales más actuales.

Al presentar los resultados, Boric insistió en que la nueva metodología “es más exigente, fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”. En esa misma línea, sostuvo que las cifras reflejan “decisiones que pusieron a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente en momentos económicos difíciles”, en un contexto donde el crecimiento no ha sido precisamente el motor del período.

Desde el mundo académico, la lectura también fue positiva, aunque matizada. René Fernández, economista y académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, valoró tanto los resultados como el cambio metodológico. “Los datos de la Casen en 2024 son una excelente noticia, reflejan un avance sostenido en la superación de la pobreza. Se ha incorporado una nueva metodología, pero es relevante mencionar que incluso si se hubiera mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos habría seguido bajando, así como las otras variables también habrían tenido una mejora notable”, señaló a Diario Usach.

Fernández fue más allá y planteó que estas cifras representan “un logro no tan destacado, pero un logro importante para el Gobierno que está despidiéndose”, en alusión a la tendencia a la baja de los indicadores sociales pese a un escenario económico complejo. En un país donde la discusión sobre pobreza suele oscilar entre el triunfalismo y la catástrofe, la Casen 2024 instala una lectura incómoda pero necesaria: se avanza, sí, pero bajo una lupa más estricta que deja en evidencia cuánto falta todavía para que el crecimiento social se sienta en la vida diaria.

Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.

Leche infantil bajo la lupa tras alerta por toxina en Chile

El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras emitir una alerta alimentaria por la presencia de una toxina en Alfamino, una leche de fórmula destinada a niños y niñas con necesidades especiales, particularmente aquellos con alergias alimentarias severas. El producto es elaborado e importado por Nestlé y se distribuye en Chile a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, lo que eleva la preocupación por su alcance dentro del sistema público de salud.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud, los lotes involucrados presentan riesgo de contaminación con una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus. La autoridad fue enfática en advertir que quienes tengan el producto en sus hogares no deben consumirlo y deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, mientras se activan los protocolos para frenar su distribución y comercialización en el país.

La sustancia detectada corresponde a la cereulida, una toxina asociada a brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético, cuyos síntomas principales son los vómitos. Se trata de un compuesto altamente estable, lo que significa que es muy poco probable que se inactive mediante procesos térmicos habituales. Este detalle no es menor, considerando que hablamos de una fórmula infantil que suele ser preparada bajo estrictas normas de higiene doméstica, pero que en este caso escapa al control de las familias.

Desde el Minsal también se recalcó que, ante la eventualidad de que un niño o niña haya consumido alguno de los lotes afectados y presente síntomas compatibles, se debe acudir de inmediato a un centro de salud. El mensaje busca evitar la normalización de señales de alerta que podrían confundirse con cuadros alérgicos previos, retrasando una atención oportuna.

La relevancia del caso fue abordada por el pediatra y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Tito Pizarro, quien explicó que, aunque se trata de un grupo reducido de pacientes, la alerta es crítica. “La alergia a la proteína de leche de vaca afecta aproximadamente a un 1 por ciento de los niños y niñas que nacen en Chile. Pero dentro de ese grupo hay un porcentaje más pequeño que presenta una alergia más severa y que requiere este tipo de productos. No son muchos, pero son importantes, y por eso es clave que se avise a las mamás y papás para que revisen sus productos y consulten en su centro de salud”, señaló.

Pizarro detalló que Alfamino es una leche especialmente formulada para lactantes que no pueden consumir leches habituales derivadas de la leche de vaca. “Es una fórmula con proteínas hidrolizadas, con los aminoácidos separados, de muy fácil absorción, diseñada para no provocar reacciones alérgicas en estos niños”, explicó, subrayando que su uso responde a indicaciones médicas precisas y no a una elección de consumo general.

El académico también puso énfasis en el impacto social de esta alerta, recordando que se trata de productos de alto costo que son entregados gratuitamente por el Estado. “Son leches extremadamente caras y se entregan solo a niños con alergias alimentarias graves, que suelen manifestarse en los primeros dos o tres años de vida, con rechazo a la leche, vómitos, diarrea y dificultad para subir de peso. El Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud las entrega gratuitamente, tanto a pacientes de Fonasa como de Isapre, siempre con diagnóstico médico”, indicó.

Respecto al origen del problema, Pizarro relató que la primera señal no vino de un laboratorio, sino de las propias familias. “Algunos niños comenzaron a presentar vómitos y malestar, como si les hubiera reaparecido la alergia. Las mamás y papás avisaron en los consultorios, se estudiaron las leches y se descubrió que estaban contaminadas con una toxina producida por una bacteria”, afirmó. Un recordatorio incómodo de que, incluso en productos diseñados para proteger a los más vulnerables, la vigilancia sanitaria y la escucha activa de la comunidad siguen siendo claves.

Corredores humanitarios y la difusa frontera entre control y protección

La propuesta del presidente electo José Antonio Kast de impulsar corredores humanitarios para enfrentar la crisis migratoria que vive Chile volvió a encender un debate que cruza la política, la academia y el terreno social. La idea tomó forma tras su viaje relámpago a Quito, con escala en Lima, y su reunión con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, donde planteó la necesidad de coordinar a los países de la región para facilitar el retorno de personas migrantes en situación irregular a sus países de origen, principalmente Venezuela.

Antes de regresar a Santiago, Kast fue explícito en el planteamiento. “Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria”, señaló, agregando que, pese a no reconocer al gobierno venezolano, espera que ese país “reciba a sus connacionales”. El énfasis en la coordinación regional busca instalar la iniciativa como una respuesta ordenada a un fenómeno que ha tensionado las capacidades del Estado chileno.

Sin embargo, la propuesta no tardó en generar reparos desde el mundo académico. En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, la socióloga Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, puso en duda tanto la viabilidad como el carácter humanitario del concepto aplicado al contexto migratorio latinoamericano.

Desde su análisis, Margarit advierte que hablar de corredores humanitarios en migración puede ser confuso y hasta riesgoso si se importan modelos pensados para otras realidades. “No podemos aplicar medidas que funcionan en Europa de la misma forma que en América Latina. Las geografías, las distancias, las historias y las trayectorias migratorias son completamente distintas”, señaló, recordando recorridos extremos como el cruce del Darién o las caminatas que atraviesan Colombia, Ecuador y Perú rumbo al sur del continente.

Uno de los puntos más críticos, según la académica, es que estos corredores tienden a crear lo que denomina “espacios de la espera”, zonas donde las personas quedan detenidas en un limbo administrativo. “Son espacios que pueden volverse eternos y que también vulneran derechos. Aunque se garantice cierta protección, las personas pierden su derecho a la movilidad, y la movilidad es un derecho humano”, afirmó, marcando distancia con la narrativa de solución rápida que suele acompañar estas iniciativas.

En ese marco, Margarit plantea que estabilizar la migración a través de corredores puede derivar más en una lógica de control que en una respuesta genuinamente humanitaria. “Pensar en ‘tener controladas’ a las personas a través de un corredor migratorio es una medida que requiere un sentido mucho más humanitario y un análisis profundo de sus consecuencias”, sostuvo. La advertencia apunta a un dilema de fondo: cómo enfrentar la crisis migratoria sin vaciar de contenido los principios que dicen defenderse.

Chile revisa su normativa para enfrentar la contaminación acústica

El ruido urbano volvió al centro del debate público. Esta vez no como una molestia pasajera, sino como un problema estructural que impacta directamente en la salud y la calidad de vida en las ciudades chilenas. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, anunció el inicio del proceso de revisión del Decreto Supremo N°7, la norma que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas, con un foco claro en un vacío histórico de la regulación: las motocicletas en circulación.

Desde el Ejecutivo, el diagnóstico es contundente. “El ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas”, afirmó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al presentar la iniciativa. Una definición que conecta con una experiencia cotidiana en Santiago y otras grandes urbes del país, donde el tránsito vehicular se ha consolidado como la principal fuente de contaminación acústica.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, puso el acento en las limitaciones del marco actual y en la necesidad de avanzar hacia mecanismos de control más efectivos. “Este trabajo busca analizar nuevas maneras para controlar el cumplimiento de los niveles de ruido de un vehículo, especialmente si consideramos que hoy sólo podemos certificar ese aspecto, cuando el vehículo ingresa al país y es homologado”, explicó, subrayando que la revisión abre la puerta a herramientas como controles en plantas de revisión técnica u otras instancias de fiscalización en terreno.

Desde el mundo académico, la advertencia es clara respecto a los efectos del ruido prolongado. “La contaminación acústica puede generar efectos graves en la salud de las personas, desde estrés y trastornos del sueño hasta pérdida auditiva y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando existe una exposición prolongada a altos niveles de ruido”, señaló Daniel Arancibia, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago. Una realidad que, según el experto, obliga a tratar el ruido con la misma seriedad que otros contaminantes ambientales.

Arancibia enfatiza que la solución no pasa por una única medida, sino por una combinación de acciones coordinadas. “Efectivamente se pueden disminuir los niveles de emisión acústica y existen varios ámbitos de acción”, afirmó, mencionando desde la mantención y fiscalización de los vehículos, hasta la gestión del tránsito, la instalación de pantallas acústicas en sectores sensibles y una transición decidida hacia la electromovilidad como horizonte de largo plazo.

El foco inicial de la revisión normativa estará puesto en las motocicletas, un parque vehicular que ha crecido un 40% en apenas cuatro años. Estudios del propio Ministerio del Medio Ambiente revelan diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, una brecha asociada principalmente a modificaciones irregulares o al deterioro de los sistemas de escape. Hoy, la norma solo controla el ruido al momento de la homologación, dejando sin herramientas efectivas el control posterior.

La publicación del decreto en el Diario Oficial marca el inicio de una etapa técnica y regulatoria que buscará cerrar ese vacío, en un contexto donde cerca del 70% de los niveles de ruido ambiental se concentran en Santiago. Más que un ajuste burocrático, la revisión del Decreto Supremo N°7 aparece como una señal política y sanitaria: el ruido dejó de ser el telón de fondo de la ciudad y pasó a ser un problema que exige respuesta.