Una nueva investigación de Derechos Digitales arroja un pobre desempeño de algunas de las plataformas comerciales más importantes operando en América Latina, en relación a la transparencia de sus políticas. Los resultados se suman a las preocupaciones existentes sobre los impactos que dichas plataformas tienen en el ejercicio de los derechos fundamentales de usuarios y trabajadores.
“Plataformas de reparto de alimentos y comercio electrónico en América Latina” es el primer informe de este tipo en la región y pretende ofrecer un análisis comparativo de los compromisos de los principales actores del mercado digital en relación con los derechos de sus usuarios. El estudio se centró en plataformas de venta en línea (Mercado Libre, AliBaba, Shopee/Sea Limited) y en plataformas de entrega de alimentos (Pedidos Ya, Rappi, iFood, DiDi Food, aiqfome) que operan en Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador.
Derechos Digitales adaptó la metodología de Ranking Digital Rights para evaluar las políticas de las empresas en tres áreas relevantes para los derechos humanos: gobierno corporativo, información y libertad de expresión, y privacidad. El estudio evalúa si las empresas divulgan información relativa a cada una de esas áreas, según diferentes indicadores. A mayor cantidas y detalle de la información, mejores puntuaciones.
Los malos resultados fueron generalizados. Esto debería llamar la atención de funcionarios y autoridades públicas encargadas de supervisar el funcionamiento de estas empresas, particularmente aquellas que son actores dominantes del sector y que, en algunos casos, llevan operando más de una década en la región.
En relación a la gobernanza corporativa, las plataformas de venta en línea están generalmente mejor evaluadas que las plataformas de reparto de comida a domicilio. Aiqfome, Pedidos Ya y Mercado Libre parecen estar liderando en este ítem, con buenos resultados en cuanto a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, aplicación de salvaguardas y cumplimiento interno de sus propias políticas. Rappi y DiDi fueron las plataformas peor valoradas debido a la falta de información pública sobre sus políticas.
En el ítem información y libertad de expresión, las plataformas de venta en línea vuelven a estar a la cabeza, mientras que las plataformas de reparto de comida a domicilio se quedan bastante rezagadas en la escala de resultados. Mercado Libre lidera el grupo, pues divulga; parcial o totalmente, información sobre sus términos y condiciones de servicio, políticas de moderación de contenidos y solicitudes gubernamentales para restringir contenidos o cuentas, entre otros aspectos. Por otro lado, Pedidos Ya y Rappi fueron las empresas peor clasificadas, por no haber publicado ni siquiera las políticas más básicas sobre sus servicios y sus términos y condiciones.
En privacidad y protección de datos, no es ninguna sorpresa que tanto las plataformas de venta en línea como las plataformas de entrega de comida a domicilio tuvieron los resultados más bajos de las tres áreas evaluadas. iFood y Shopee lograron clasificaciones comparativamente mejores entre sus competidores, mientras que DiDi y AliBaba ocuparon las dos últimas posiciones. Esta situación supone un reto importante en una región en la que las leyes de privacidad son heterogéneas y las autoridades de protección de datos carecen a menudo de las herramientas o la capacidad necesarias para supervisar activamente prácticas como la publicidad dirigida, el intercambio de datos de información de los usuarios o el seguimiento a través de medios técnicos que llevan a cabo estas empresas.
Los mercados en línea y los servicios de entrega de alimentos se han vuelto parte de la vida cotidiana en todo el mundo y son especialmente relevantes en el contexto latinoamericano, donde el trabajo informal es un problema permanente y los mercados son grandes, lo que ofrece enormes oportunidades para las empresas que buscan extraer valor de la intermediación basada en plataformas.
Las conclusiones sobre “Plataformas de reparto de alimentos y comercio electrónico en América Latina” demuestra el papel fundamental que desempeña la transparencia como catalizador de los derechos humanos en las empresas. Según Jamila Venturini, codirectora de Derechos Digitales, el informe “abre espacios para un necesario análisis de los derechos humanos en los mercados digitales y para la colaboración entre los actores encargados de vigilar sus impactos. Esperamos que se sume a la evidencia ya existente en el campo y permita avanzar en nuevas estrategias para presionar por un mejor cumplimiento en América Latina”.
Todas las empresas se beneficiarían si informaran, de forma clara y accesible, sobre las prácticas que aplican en sus principales servicios empresariales, que están diversificando su naturaleza y ampliando su impacto. “A medida que los gobiernos prestan atención a la regulación de los trabajadores de la economía de plataformas, es clave que tengan en cuenta también el papel que el acceso a la información, la libertad de expresión y la privacidad pueden tener a la hora de impedir o facilitar el ejercicio de otros derechos, y que establezcan mecanismos para perseguir mejores prácticas que puedan mejorar el cumplimiento basado en los marcos internacionales de derechos humanos”, explica Venturini.