Una nueva arista de los “Pandora Papers” se dio a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en donde el nombre del presidente Sebastián Piñera salió a la palestra. En el reportaje, se reveló que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

Conocidas por ser un paraíso fiscal, este hecho generó un verdadero remezón político, con algunos parlamentarios pensando en una acusación constitucional y con el mandatario saliendo a dar explicaciones. “La decisión de vender minera Dominga no me fue consultada ni informada”, se defendió Piñera.

Para Pamela Figueroa, politóloga y académica de la Usach, esto “resulta muy dañino para la situación que vive la sociedad mundial en estos tiempos”. En ese sentido, apuntó su carácter de “gravedad” tanto para el gobierno chileno y el rol del presidente Piñera, como a nivel de impacto en todo el mundo.

Respecto a la defensa de Piñera, fue clara. “Me parece una respuesta que fue inadecuada para la gravedad del problema, creo que se esperaba que por lo menos dijera que el proyecto Dominga se congelara mientras se desarrollaba la investigación. Fue insuficiente”.

Consultada sobre una posible acusación constitucional, Figueroa sostuvo “que hay que estudiar bien el detalle, porque sería por conflicto de intereses, más que por hacer solamente transacciones a un paraíso fiscal”. “Es algo que deben investigar bien los parlamentarios”, cerró.