Luego de un aumento importante de cifras en niños y niñas internados por Coronavirus en Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades emitió una alerta ante la preocupación por la variante Delta. Con un promedio de 217 ingresos diarios desde el 31 de julio al 6 de agosto, la cifra casi igualó al promedio de internados en los peores momentos de la pandemia.

Para el pediatra y académico del Departamento Clínico Usach, Dr. Javier Bravo, el impacto de la variante Delta en niños, que también se ha replicado en Inglaterra, marca cierta diferencia con lo que tenemos en Chile. Con una política menos restrictiva en cuanto al uso de mascarillas, un retorno a la vida cotidiana mucho más holgado y menor protección, el país del norte se encontraría mucho más susceptible a una situación como la que están viviendo.

“Las características que ha tenido la variante Delta, primero que todo de la transmisión, o sea las posibilidades de contagio que tiene respecto al Covid normal es el doble. Haciendo una comparación, digamos que el Covid ya tiene el doble y un poquito más de la facilidad de contagio de una influenza, y este Covid Delta tiene el doble del doble de la influenza. Entonces realmente se vio que los números empezaron a avanzar rápidamente”, apuntó.

Con una sintomatología “un poquito diferente” a la del Covid habitual en donde la variante Delta “es muy similar a lo que es un resfrío común con coriza que es este moquito transparente, dolor de cabeza, garganta y luego tos y fiebre”, el también director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica y médico de la UCI pediátrica de la Clínica Dávila señaló que es una preocupación para el mundo pediátrico ante su rápida propagación, donde justamente una gran cantidad de población infantil aún no está vacunada.

“Se vuelven un público susceptible y por eso da la sensación del aumento de los casos infantiles. No es que sea una variante que se encargue de los niños, sino que los niños, hoy por hoy al no estar vacunados el público con mayor riesgo resulta ser que los números de infección en los niños aumentaron”, indicó.

Finalmente, el académico del Departamento Clínico de Usach enfatizó en el escenario de mayor movimiento en las urgencias pediátricas, y donde el desconfinamiento también ha hecho que los niños se vean más expuestos a virus invernales. Haciendo un llamado a “ser adultos responsables” y ayudar a los niños ante un invierno que está siendo un poco mixto con ambas infecciones respiratorias: el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y el Covid-19.

“El tema es que actualmente nos pilla a los equipos de salud pediátricos en un escenario donde no estamos completos, muchos equipos están con labores mixtas y realmente, en esta situación, llega a ser bastante estremecedor que se empiece a presentar un invierno como era en prepandemia. Realmente la actualidad del mundo pediátrico, hacerse frente a un Covid y a un alza de casos por VRS que se acerque a lo que veíamos previamente a los años prepandemia, es una situación súper compleja y va a traer consecuencias importantes”, concluyó Bravo.

Luego de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, este domingo los talibanes volvieron a tomar la capital de Kabul luego de casi dos décadas de conflicto con Estados Unidos. Con la huida del presidente afgano y cientos de personas colapsando el aeropuerto para salir del país, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las partes afganas a la moderación y protección de civiles.

El analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, explicó que el conflicto con los talibanes se arrastra desde hace varias décadas. El grupo fundamentalista, que fue ayudado en plena Guerra Fría por Estados Unidos, para hacer que el partido comunista afgano se retirara en 1989, se instaló en el poder en 1996 con un gobierno teocrático y radical.

“En 2001 vienen los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, adjudicados por Al Qaeda. El Gobierno de Bush los utiliza para justificar la invasión a Afganistán e Irak, pero este último no tenía nada que ver”, señaló. El analista sostuvo que fue esto último lo que impulsa a EE.UU. a quedarse 20 años e instalar regímenes de corte occidental. El académico afirma que, en 2020, bajo el gobierno de Donald Trump, llega la negociación con los talibanes y es la administración de Biden la que decide retirarse.

“Se dan cuenta de que no los podían derrotar, que han gastado una cantidad enorme de miles de millones de dólares y han muerto casi 300 mil personas entre afganos, talibanes, civiles y soldados occidentales. Todavía no se ha terminado de ir Estados Unidos, porque se pensaba que el ejército iba a resistir como tres o cuatro meses para luchar contra el avance talibán. Se fue el Presidente, los talibanes ya llegaron y todavía quedan estadounidenses que no hallan como salir ahora”, sostuvo.

A su juicio, actualmente, el país se encuentra “totalmente fraccionado, empobrecido y en una situación muy compleja, y los soldados con altos niveles de corrupción”. Para Estenssoro, la situación en Afganistán está peor o igual que cuando llegó Estados Unidos hace 20 años, con gente intentando huir por “la cantidad impresionante de gente que mataron los talibanes cuando estuvieron en el poder”. A su juicio, es poco probable que occidente intervenga en el corto plazo.

“Hay declaraciones de las Naciones Unidas. Pueden intentar algunos bloqueos, pero ¿qué van a bloquear, si el tráfico de opio es clandestino? Afganistán es un país que está muy empobrecido, entonces nadie de occidente ni de Naciones Unidas va a querer meterse”, consideró.

Finalmente, advirtió que existe gran preocupación de parte de países vecinos ante la posible desestabilización de la población musulmana.

El doctor Carlos Gaymer García Director del Núcleo Milenio Ecología y Manejo Sostenible de Islas Oceánicas (ESMOI); la Doctora Práxedes Muñoz Parra,  Oceanógrafa y Secretaria de Investigación, Extensión y Asistencia Técnica de la Facultad de Ciencias del Mar; el Doctor en Ciencias en Ecología, Julio Vásquez Castro; y Laura Ramajo, Doctora en Cambio Global e integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), todos (as) académicos y académicas de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte; indican que el fenómeno ya está instalado, por lo que se deben realizar acciones para disminuir sus consecuencias, afirman expertos.

Hace ya años se comenzó a registrar el notorio aumento de la temperatura media global, fenómeno que en la década de los 80 se llamaba efecto invernadero. Fue en el año 1988 que se reconoció la teoría del efecto invernadero y se creó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), por el Programa medioambiental de la ONU y la Organización Mundial Meteorológica, instancia que hace unos días entregó un lapidario informe de la situación actual.

Tras analizar más 14.000 artículos científicos, IPCC dio un contundente informe sobre el cambio que sufriría el planeta en los próximos años, ya que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían pasar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década, además se podría registrar una subida del nivel del mar cercana a los 2 metros, a finales de este siglo. De acuerdo al informe, la temperatura media mundial fue 1,09 °C más alta entre 2011-2020 que entre 1850-1900 y la tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901-1971. 

La sequía es lo más visible del cambio climático y las temperaturas extremas lo que más se siente. Pero ¿qué pasa a nivel de los océanos?, ante esta pregunta el Director de ESMOI, y científico asociado al CEAZA, Doctor Carlos Gaymer, dijo que junto al aumento de la temperatura hay una mayor frecuencia e intensidad de grandes fenómenos tipo marejadas, que ocurren en el océano y afectan la costa, lo que significa que hay zonas donde el mar le ha ganado terreno al continente. Esto implica que  hay destrucción de infraestructura y cada vez menos días hábiles para trabajar en la costa, ya sea en pesca o actividad portuaria. 

Gaymer mostró su preocupación sobre la aceleración de los cambios que se están registrando, pues son modificaciones de las condiciones que permiten que se desarrolle la biodiversidad y los recursos pesqueros. “Se deben generar planes para lograr la mejor adaptación a estas situaciones, pues el cambio climático ya existe y no se puede evitar, pero esto no significa que no se pueda hacer menos brusco y revertir el problema a mediano y largo plazo”

Sostiene que la principal forma para reducir el impacto del cambio climático en los océanos, es la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMPs), que son grandes  captadoras de CO2 atmosférico, protegen la costa, a sus comunidades de las tormentas, y a las especies que migran por el cambio climático, son los mejores “amortiguadores” frente a la amenaza del cambio climático. Por eso, recalcó el científico,  en el centro-norte de Chile es fundamental avanzar en la creación del Área Marina Protegida “Archipiélago de Humboldt”, zona reconocida a nivel mundial y que hace 17 años se trata de proteger, con una aprobación unánime del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Al respecto, la Oceanógrafa de la UCN Coquimbo y Secretaria de Investigación, Extensión y Asistencia Técnica de la Facultad de Ciencias del Mar, Doctora Práxedes Muñoz Parra, destacó que todo lo que sucede en la atmósfera está íntimamente ligado con los océanos, y terminado el siglo se podría llegar a aumentar a 3 grados la temperatura promedio, lo que implica también cambios en los océanos, pues el aumento del CO2 también los afecta, lo que en las últimas décadas ha generado una disminución en el pH del agua, de manera que es más ácida, esto también tiene implicancias en la circulación global, afectando la oxigenación de las aguas de fondo, que hace que el fondo marino tenga menos oxígeno, afectando a los organismos marinos. 

Práxedes Muñoz señaló que también se verá una intensificación y extensión del periodo temporal de las marejadas. Respecto a cómo hacer frente a esta situación, la Oceanógrafa agregó “debemos pensar cual es nuestro rol como país en este tema, somos un país pequeño, pero somos grandes consumidores. Es hora de que nos eduquemos en estas temáticas, que entendamos cual es nuestro rol como ciudadanos y qué podemos hacer para reducir las emisiones”. La solución, dijo, es reducir en parte el consumo y utilizar energías limpias, se puede aportar a reducir las emisiones con acciones como disminuir el consumo de diversos productos, evitar producir productos que sean de corta vida y  que las empresas indiquen cuál es su huella de carbono de sus productos para poder decidir responsablemente como consumidores.

En esta línea, y luego que el planeta se declara en “sobregiro ecológico” el Doctor en Ciencias en Ecología, y Académico del Departamento de Biología Marina de la Facultad Ciencias del Mar de la UCN, Julio Vásquez Castro, resaltó que somos un país que vive de la explotación y exportación de los recursos naturales, por lo que una mejor estrategia es aumentar su valor agregado y consecuentemente disminuir las emisiones de contaminación. Agregó que “debemos generar políticas públicas que nos permitan a nivel país, disminuir las emisiones, mejorar nuestros ecosistema a nivel global, por lo que como país estamos expectante en cómo incorporamos estas políticas públicas en la nueva constitución, el cuidado de nuestros recursos naturales y cómo los usaremos en el futuro, cómo cambiamos nuestra matriz energética y hacemos más interconexiones con energías renovables. Además, y central en toda la decisión a nivel país, es fundamental generar estrategias para incorporar a los niveles más básicos de la educación la conciencia ambiental, y también la igualdad de oportunidades que permita entender la importancia de la conservación de nuestros ecosistemas marinos y terrestres”.

El informe del IPCC fue claro, ahora continúan con su labor en materia de impacto, vulnerabilidad y adaptación sobre el cambio climático, trabajo que finalizará en septiembre. Este reporte se utilizará para generar el resumen técnico para los tomadores de decisiones en la materia, documento que se discutirá el próximo año, y debería estar aprobado en marzo del 2022, por parte de los representantes de Naciones Unidas, informó Laura Ramajo, Doctora en Cambio Global, profesora asistente de la UCN Coquimbo,  investigadora en el Grupo Mar del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) e integrante de los autores líderes del IPCC que trabajan sobre el impacto, vulnerabilidad y adaptación en  América Central y del Sur.

Laura Ramajo, explicó que estudian los impactos observados y proyectados en la atmosfera, océanos y tierra, y los riesgos de los impactos en los ecosistemas naturales, sociales y humanos, como en materia de salud y pobreza, por lo que se entregará un reporte de evaluación sobre las potenciales estrategias para adaptarse a los cambios e impactos y un análisis de lo que funciona o lo que no funciona, entre otras materias.

Este lunes se comunicó el último informe de situación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) que apuntaría el rápido aumento de la temperatura del mundo en 1,1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y un umbral crítico de precipitaciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el informe como “un código rojo para la humanidad” y advirtió que “nos quedan cero años para evitar un cambio climático peligroso”.

Para el experto en cambio climático y académico del Departamento de Física de la U. de Santiago, Dr. Raúl Cordero, “la situación en buena parte del mundo es mala”. Con incendios forestales masivos y apuntando los casos particulares en el Ártico, Grecia, Turquía, Norteamérica y la ola de calor en el sur de Europa, señaló que “no nos está golpeando en este momento los incendios o las olas de calor, pero sí nos está golpeando la sequía”.

“No hay país en el mundo que en este momento no esté experimentando las consecuencias del calentamiento global. Lo que básicamente dice el informe es que nada de lo que está sucediendo es coincidencia, sino que se trata desafortunadamente de eventos que estaban previstos, y que desafortunadamente va a continuar ocurriendo cada vez con mayor intensidad y frecuencia a medida que el cambio climático avance”, advirtió el climatólogo.

Indicando que la solución para el calentamiento es dejar de emitir gases de efecto invernadero, emitidos al quemar combustibles fósiles para energizarse, el académico enfatizó que no solamente Chile tiene que rápidamente abandonarlo, sino que todos los países del mundo y rápidamente porque “de otra manera el planeta irá y todos los países desafortunadamente van a estar expuestos a eventos extremos”.

“Mientras más rápido logremos estabilizar el clima, más fácil será lidiar con estos eventos extremos, es decir, la adaptación al clima actual y futuro depende de la rapidez con la que cambia el clima, y este está cambiando demasiado rápido. Por lo tanto, tenemos que hacer que cambie un poco más lento y que eventualmente deje de cambiar. La única manera de hacer eso es cumpliendo con los objetivos del Acuerdo de París, abandonando el uso de combustibles fósiles”, puntualizó.

El informe, hizo énfasis en cambios “generalizados y urgentes”, y donde concluyó que “inequívocamente” los humanos causaron la crisis climática hacen adelantarse al climatólogo advirtiendo que “tenemos que prepararnos para ese escenario”, donde vendrían eventos muy parecidos a lo que tenemos hoy, pero peor.

“Podríamos tener años como este, extraordinariamente secos mucho más frecuentes. ¿Qué significa eso? Que tenemos que prepararnos para ese escenario y eso probablemente signifique primero redistribuir los recursos de agua disponibles, y segundo, asegurarnos de ir progresivamente aumentando la oferta de recursos de agua disponibles”, indicó el académico de la Usach.

Apuntando en el corto y mediano plazo la construcción de más embalses y de plantas desalinizadoras para la zona central, el Dr. Raúl Cordero concluyó que “la única ventaja es que ya sabemos en qué dirección el cambio climático nos va a golpear. Entonces bueno, eso significa que estamos avisados de que más o menos deberíamos hacer para poder hacer frente a las consecuencias”.

El proyecto “Evaluación del bienestar subjetivo y de la cohesión social en el cumplimiento del  distanciamiento físico en el marco del COVID-19” – LatinWell, financiado por la Agencia Nacional de  Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) busca cuantificar y comparar el efecto de la pandemia en el bienestar de familias de seis ciudades chilenas (Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Temuco, Puerto Montt, Punta  Arenas) y de cinco de otros países de América Latina (Bogotá, Buenos Aires, Guayaquil, Lima, Santo Domingo).  

El estudio fue liderado por la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile Carmen Paz Castro, y en él participaron Alejandro Arrieta y Juan Pablo Sarmiento, ambos de la Florida Internacional University, y Svenska Arensburg, Gloria Soto, Marión Stock y Félix Liberona, por parte de la U. de Chile. 

La iniciativa revisó el impacto del COVID-19 y las políticas asociadas a su combate en el bienestar individual, entendiendo este último desde las dimensiones de cohesión social, información sobre el COVID 19, rasgos de personalidad, satisfacción de vida, características demográficas, vacunas, condiciones socioeconómicas y migración. Asimismo, el estudio propuso una serie de recomendaciones para un manejo sanitario que incorpore variables subjetivas y de cohesión social.

Sobre los resultados de la primera encuesta aplicada entre junio y septiembre de 2020, Carmen Paz Castro comentó que “las condiciones de bienestar social subjetivo han sufrido un fuerte deterioro debido a los efectos de las medidas de confinamiento tomadas. La mayor reducción del bienestar está asociado a factores  socioeconómicos, como pérdida de trabajo o ingresos, y estado civil (divorciados o separados). En tanto, los factores asociados al capital social han mostrado ser relevantes en la protección del bienestar subjetivo”. 

En este sentido, las variables que han resultado estadísticamente significativas en afectar de manera positiva el bienestar de las personas durante la pandemia son, principalmente, la mantención de un empleo estable, condiciones de cohesión social alta, tener una personalidad extrovertida y/o estable emocionalmente, estar casado o ser conviviente y ser trabajador dependiente. Las variables que afectan de manera negativa el bienestar psicológico, en tanto, son el haber perdido un familiar, el haber visto mermado el ingreso personal, la inseguridad laboral, el desempleo (y como contraparte el aumento de las deudas), la creciente incertidumbre respecto del futuro, el debilitamiento de los vínculos sociales, la exacerbación del individuo y atomización del colectivo y la agudización de la violencia al interior de los hogares.

Respecto a la violencia en hogares, las mujeres y la comunidad LGBTQI+ declaran que la violencia física y/o psicológica se ha visto agudizada en los meses de confinamiento. Esta realidad es especialmente acentuada en las ciudades de Lima (Perú); Santo Domingo (República Dominicana) y Santiago (Chile). Asimismo, se confirma una alta correlación entre mujeres, personas LGBTQI+, depresión y ansiedad con violencia al interior del  hogar y estrés. 

Si bien estas variables han sido explicitadas por diversas instituciones, la relevancia del estudio es que permite conocer con una alta significancia cómo las medidas adoptadas por las personas y sus entornos les han permitido enfrentar de mejor manera la pandemia, muy especialmente, respecto de aquellas que mantienen una cohesión social alta. 

“Las políticas públicas dirigidas a controlar y mitigar la pandemia, en particular las asociadas al distanciamiento físico, han tenido un impacto negativo en el bienestar de las personas. Aquellas comunidades que poseen un fuerte capital social, en particular donde hay fuertes vínculos entre familiares y vecinos, han podido amortiguar este impacto negativo, facilitando así el cumplimiento de las medidas de control de la pandemia”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, investigador del estudio y académico de la Florida International University.  

En relación a las políticas públicas, el trabajo ha recomendado algunas estrategias como el fortalecimiento de una acción vecinal, que contemple una evaluación de las condiciones sociales y de salud de los miembros de la comunidad para jerarquizar necesidades y optimizar la asistencia requerida, y el fortalecimiento de la acción barrial, a través del restablecimiento de los vínculos entre los vecinos y vecinas, haciéndolas partícipes en el proceso de gestión y toma de decisiones. 

El documento también apunta a robustecer la sociedad civil, en la forma de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y grupos voluntarios, apoyando sus acciones a través de procesos de coordinación territorial, incluyendo asistencia técnica y financiera, así como el monitoreo y evaluación de las diferentes acciones emprendidas a nivel nacional. 

Sobre este punto, el investigador Juan Pablo Sarmiento señaló que “desde las políticas públicas dirigidas a controlar y mitigar la pandemia, se deben incluir acciones específicas dirigidas a fortalecer el capital social de aquellos segmentos más vulnerables de la sociedad, permitiendo así una mejor adhesión y cumplimiento de las políticas de distanciamiento físico y de protección individual, así como contribuyendo decididamente al incremento de la resiliencia”.

Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la relación de confianza de la población para con la ciencia y la política. “Se reconoce que existe un problema de desconfianza hacia la ciencia y la política  que ha aumentado durante la pandemia y que influye en la decisión de vacunarse o no de las personas.  A medida que la relación entre ciencia y política continúa rompiéndose, los argumentos basados en la evidencia no serán suficientes para que adhieran a esta importante medida” señala el estudio.

Las tortugas marinas son uno de los símbolos más reconocidos de la lucha contra la contaminación marina y por la conservación. En esa línea, un nuevo proyecto sentará las bases para que instituciones -gubernamentales y no gubernamentales- de siete países de la costa sur del Pacífico Este, colaboren juntos buscando soluciones para este problema transversal para los países y las especies que habitan en sus costas.

Se trata del proyecto “Ciencia ciudadana latinoamericana para investigar la basura marina y mejorar la conservación de las tortugas marinas”, liderado por el programa de ciencia ciudadana chileno ‘Científicos de la Basura’, gracias a la adjudicación del fondo de la fundación japonesa Keidanren Nature Conservation Fund.

Elvira Badilla Poblete, Vicerrectora de Sede de la UCN Coquimbo, destacó que “la adjudicación de este fondo de carácter internacional, sin duda colabora al proceso de internacionalización de la Universidad Católica de Norte y de su Facultad de Ciencias de Mar. Es relevante, además, pues se enmarca en el ámbito de uno de los valores institucionales declarado en nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 2020-2024, cual es el compromiso social y ambiental que implica construir un futuro sostenible, considerar la protección del medio ambiente dentro de los contextos humanos, sociales y culturales y de manera integrada al proceso de desarrollo”. 

La vicerrectora, relevó asimismo la participación de investigadoras en esta actividad, “pues siendo este un proyecto de Ciencia Ciudadana, nuestras investigadoras se convierten en referentes de cientos y tal vez miles de niñas y adolescentes.  Con este proyecto se contribuye, sin duda, a dos objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Nº 5 sobre Igualdad de género y el Nº 14 sobre Vida submarina”.

Manuel Díaz, Biólogo Marino de la Universidad Católica del Norte (UCN) y coordinador del proyecto explica que el proyecto permitirá que Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile se unan en torno a una problemática ambiental, a través de guardaparques, funcionarios públicos, escolares y voluntarios. “Este proyecto es único. No hay información de que algo así se haya realizado en algún lugar del mundo. Los países podrán por primera vez compartir experiencias, ideas, acciones y estrategias ante el problema de la basura sobre sus playas”, explica. 

Nelson Vásquez Farreaut, cofundador de Científicos de la Basura, biólogo marino y académico de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCN, afirma que “esta es una oportunidad de generar una red colaborativa que busque disminuir el problema que la basura genera a la biodiversidad marina. Sentar las bases para que las administraciones de las reservas de los países se unan y trabajen juntas es fundamental para la conservación, no solo de las tortugas marinas sino de la biodiversidad en su conjunto pues para estas los territorios no se limitan por fronteras políticas. Este es uno de los mayores desafíos de nuestro proyecto”. 

Rocío Álvarez, veterinaria y experta en tortugas marinas, explica que en los países en que se ejecutará el proyecto, habitan cinco de las siete especies que existen en el mundo: Laúd (Dermochelys coriacea), Verde (Chelonia Mydas), Carey (Eretmochelys imbricata), olivácea (Lepdochelys olivacea) y la Cabezona o Boba (Caretta caretta), todas están catalogadas en peligro crítico, de extinción o vulnerables. 

Según Álvarez, estas se ven afectadas por la ingestión de basura y por la interacción con algunos elementos abandonados en el océano, como aparejos de pesca. Incluso, la experta señala que “hay estudios que sugieren que los microplásticos podrían incrementar la temperatura de las playas de anidación, pues este factor afecta la proporción de sexos de una nidada. Si la temperatura es más alta, nace una mayor cantidad de hembras”.

Son 13 las instituciones asociadas de las cuales saldrán profesionales y actores relevantes que participarán en las actividades del proyecto. Se trata de ONGs y  servicios públicos relacionados al medio ambiente, así como a la administración de áreas clave para las tortugas marinas. 

En Chile, las instituciones que participan son el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), y la ONG Qarapara, dedicada a la investigación y conservación de tortugas marinas y su hábitat en Chile. 

El proyecto capacitará a los participantes de cada país para que cuenten con herramientas y conocimientos sobre el problema de la basura y en conjunto  diseñar y poner a prueba medidas de prevención o de mitigación para proteger a las tortugas marinas. El proceso consta de 9 meses y el trabajo se ejecutará en tres fases.

En la primera fase, se ejecutarán talleres teóricos, en los cuales se contará con profesionales expertos en basura y tortugas marinas.  En la segunda fase, se hará una investigación colaborativa con escolares y/o voluntarios reclutados en la fase anterior para recolectar información sobre la basura presente en las playas. 

La tercera fase terminará en marzo del 2022 con la implementación y evaluación de una propuesta de mitigación y/o prevención. Cabe señalar que durante el proyecto no se manipulan tortugas ni sitios de anidación, sino que se concentrará en las acciones para evitar que la basura llegue a las tortugas.

Los expertos señalan que todas las acciones contempladas en el proyecto están pensadas para aportar en la conservación de estas especies, y sobre todo contra una de sus  principales amenazas: la basura marina.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer hoy.

El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.

“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, declaró.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.

El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.

Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.

En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.

El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).

Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y redución de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.

En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).

Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.

“A la luz de todos estos desafíos, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para responder a la emergencia y al desarrollo de la región”, enfatizó Alicia Bárcena. Indicó que se necesita un foro multilateral para debatir condiciones de emisión de nueva deuda y restructuración de deuda, una agencia multilateral de calificación crediticia, la inclusión de países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio y acceso a liquidez tanto concesional como no concesional, la implementación de          instrumentos de financiamiento innovadores, como bonos verdes y bonos SDG, la capitalización y fortalecimiento de la banca de desarrollo en todos sus niveles, acceso a mecanismos multilaterales para la aplicación de impuestos globales, eliminación de la elusión, evasión y flujos ilícitos, y repensar el sistema de cooperación para lograr una medición multidimensional más allá del PIB per cápita.

En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.

“Los esfuerzos para una recuperación transformadora deben aprender de la crisis ambiental: las otras ventanas de oportunidad también se irán cerrando si no se actúa ahora”, remarcó Bárcena.

La pandemia ha evidenciado la precariedad de los artistas y el riesgo de estandarización de las creaciones y los bienes culturales si no se promueve la diversidad cultural. En ese sentido, la UNESCO ha pedido a los Estados que no ignoren la cultura, sobre todo este 2021, cuando el mundo celebra el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. 

En esa línea, la Oficina de la UNESCO en Chile organiza el 7 y 8 de julio la primera Conferencia Nacional de Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, la cual convocará a diversos representantes del Estado, de las industrias culturales y creativas, de los gremios, de los territorios y del sector privado a reflexionar la situación actual e identificar los principales desafíos de este período marcado por la COVID-19. 

“Esta conferencia permitirá valorar la economía creativa como un modelo económico del futuro sostenible, una forma de hacer economía que no se base en la explotación de recursos naturales sino que pone a la creatividad, las artes y las ciencias, la cultura y las tecnologías a disposición de la innovación social para el bienestar de las personas”, señaló Nicolás del Valle, responsable del sector de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile.

Del Valle agregó que “los impactos socioeconómicos han sido severos en las industrias culturales y creativas, debido a las desigualdades a las que se enfrentan los artistas y trabajadores de la cultura en lo que respecta a las condiciones laborales y de seguridad social. Estas condiciones deben ser contempladas en su particularidad en comparación con otros sectores”.

La Conferencia Nacional de Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de CORFO y su programa Chile Creativo. 

El programa contará con la presencia del Subdirector General de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone; la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés; el Ministro de Economía, Lucas Palacios; los creadores de 31 minutos, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, entre otros invitados. 

Más de 11 mil kilómetros separan a la Universidad de Chile de la Universidad de Manchester, sin embargo, la distancia es relativa cuando hablamos de colaboración para abordar desafíos globales. Así lo destaca el video de lanzamiento del programa de doctorado/PHD en Ingeniería Eléctrica que, de ahora en adelante, ambas instituciones ofrecerán en conjunto, una iniciativa que busca profundizar la colaboración científica existente entre ambos planteles. La ceremonia de lanzamiento contó con la participación de la Presidenta y vicerrectora de la Universidad de Manchester, Nancy Rothwell; el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Aisén Etcheverry; y los embajadores Louise De Sousa y David Gallagher, entre otras autoridades, académicos y académicas.

Nancy Rothwell destacó que este programa busca consolidar la investigación conjunta de ambas instituciones en el área eléctrica. “En Manchester, una piedra angular de nuestra estrategia internacional son las asociaciones. Ningún país tiene el monopolio del talento y solo a través de asociaciones globales podemos abordar los principales desafíos para nuestro planeta y nuestra sociedad. Estas asociaciones también son esenciales para producir futuras generaciones de ciudadanos globales capacitados, capaces de llevar adelante nuestros valores y garantizar la paz mundial”, comentó.

El Rector Ennio Vivaldi, en tanto, valoró esta iniciativa que forma parte de una colaboración a largo plazo sustentada en una investigación conjunta para mejorar la resiliencia del suministro eléctrico nacional frente a desastres socionaturales, un trabajo que fue distinguido el año 2018 por el prestigioso Newton Prize que otorga el gobierno Británico.

“Creemos que este tipo de actividades colaborativas son la mejor contribución que podemos hacer en este momento de incertidumbre que enfrenta la humanidad. El trabajo transdisciplinario, la relación de las universidades y la complementariedad de nuestros esfuerzos para avanzar en el compromiso social son fundamentales para brindar soluciones en este contexto”, afirmó al respecto.

La directora nacional de ANID, Aisén Etcheverry, señaló además que “estas iniciativas también son una experiencia de aprendizaje para nuestra Agencia. Hoy nos encontramos acá como un actor en el ecosistema que aprende de nuestras instituciones que nos guían para crear una ciencia y tecnología más fuerte. Nosotros como país estamos pasando por un período de cambios profundos. Estamos discutiendo cómo crear una mejor sociedad para nuestros ciudadanos y en ese proceso la ciencia y el conocimiento tienen que desempeñar un papel clave. La Universidad de Chile ha sido líder en esas conversaciones al generar conocimiento para nuestro país y también al desplazar las fronteras del conocimiento y de las capacidades, y el lanzamiento de este programa de doble grado doctoral es un ejemplo de ello”.

Uno de los principales focos de esta nueva plataforma consistirá en el desarrollo de soluciones para una mayor resiliencia de los sistemas eléctricos, tema central de la investigación conjunta distinguida con el Newton Prize. Este proyecto, liderado desde Chile por el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Rodrigo Moreno, fue además un estudio de referencia para el nuevo “Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de Planificación de la Transmisión”, promulgado el pasado mes de marzo por el Ministerio de Energía. 

La investigación, mediante modelos matemáticos, realizó un diagnóstico de los puntos vulnerables de nuestro sistema eléctrico ante desastres naturales y entregó directrices para contribuir a una mayor resiliencia frente a este tipo de eventos y formas “inteligentes” de restaurar el suministro eléctrico. El trabajo también ha dado lugar a aplicaciones globales, incluidos varios países ubicados alrededor del Cinturón de Fuego del Pacífico que están expuestos al riesgo de terremotos y tsunamis.

De esta forma, el doctorado o PHD dual permitirá a jóvenes científicos de ambos planteles trabajar -entre otras líneas de investigación- en el desarrollo de soluciones en torno a este y otros desafíos comunes y globales asociados a la sustentabilidad eléctrica, como la descarbonización y desarrollo de las energías renovables no convencionales o en el ámbito de las telecomunicaciones. El programa fortalecerá el trabajo colaborativo en torno a proyectos que serán supervisados por académicos de ambas instituciones. Este contempla una duración de cuatro años en total, período en el que los investigadores deberán realizar dos años en la Universidad de Chile y dos años en la Universidad de Manchester.

Rodrigo Moreno subrayó la importancia de esta iniciativa conjunta que reúne a dos instituciones líderes y que a futuro busca extenderse hacia otras áreas y disciplinas. Sobre la Universidad de Manchester, el académico de la U. de Chile recalcó que es una institución pionera en la investigación eléctrica y en la formación avanzada en esta área, al ser la primera en el mundo en realizar un programa formal de postgrado en sistemas de potencia/energía hace más de 50 años y ser la cuna de avances significativos como el flujo de potencia desacoplado rápido. Destacó además que cuenta con 23 Premio Nobel en su historia y, actualmente, mantiene la mayor cantidad de profesores galardonados con este premio investigando y enseñando en sus aulas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron este lunes 14 de junio la edición N⁰ 24 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (junio 2021), disponible desde ahora en internet, en la cual analizan el efecto de la crisis provocada por el COVID-19 en los principales indicadores del mercado laboral en 2020.

Según el documento, los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año pasado cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Muchos trabajadores, principalmente informales no pudieron continuar con sus labores productivas y debieron retirarse del mercado lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma contra-cíclica como en crisis anteriores. Asimismo, el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares, que en general se reparte desequilibradamente sobrecargando especialmente a las mujeres. 

A partir del tercer trimestre del año se observa un regreso de los trabajadores al mercado laboral y un paulatino aumento del empleo. Sin embargo, el año 2020 finalizó con niveles inferiores de participación y ocupación y niveles superiores de desocupación respecto a los observados previo a la pandemia.

“Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 en los mercados laborales de la región, los países deberán implementar políticas que estimulen la generación de empleos particularmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes y las mujeres”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y  Vinícius Pinheiro, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, en el prólogo del documento. También ambos directivos destacaron la importancia de regular las nuevas formas de contratación a través de plataformas digitales.

Según el informe, la contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería (19,2%), construcción (11,7%), comercio (10,8%) y transporte (9,2%), que en conjunto concentran cerca del 40% del empleo regional. A su vez, la industria (8,6%) y otros servicios (7,5%) también registraron contracciones, mientras que en agricultura la pérdida de empleos fue comparativamente menor (2,4%).

Ambos organismos de las Naciones Unidas enfatizan que resulta primordial pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados, mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo.

En la presente edición de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT examinan además aspectos claves del trabajo decente para los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Durante la pandemia, estos trabajadores constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación.

El informe destaca la necesidad de diseñar marcos regulatorios adecuados para que se cumpla con el objetivo de establecer y proteger los derechos sociales y laborales para estas nuevas modalidades de trabajo en expansión.